Jun 082018
 

Desde el Sindicato Unitario de Almería, estamos asistiendo a varios trabajadores que han interpuesto, a través de nuestros servicios jurídicos, demandas de despido y de reclamación de cantidad contra la empresa Servicios Sociosanitarios Generales.

Más allá de las futuras sentencias, que esperamos condenen a la empresa por despidos improcedentes y a pagar las cantidades debidas, los comentarios que nos hacen los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo, aunque habituales en todos los servicios que la Junta de Andalucía tiene subcontratados con empresas privadas, no dejan de sorprendernos.

Esta empresa en cuestión, Servicios Sociosanitarios Generales, en la delegación de Almería al menos, se dedica al transporte de enfermos en ambulancias, cubriendo gran parte de la plantilla con contratos temporales en prácticas.

Estos trabajadores en concreto, además de haber cobrado un 40% menos de salario del establecido en el convenio de aplicación, han sido obligados a realizar servicios de urgencias con ambulancias colectivas, algunas sin un mínimo botiquín. Hay que tener en cuenta que las ambulancias colectivas son las usadas para quienes tengan problemas de movilidad, o vivan en zonas aisladas…

En dichas ambulancias colectivas se han llegado a transportar enfermos con roturas de cadera, tobillos, luxaciones de hombros o pelvis, ictus, infartos… y son conducidos por un sólo técnico de emergencias sanitarias, que no son ni auxiliares ni enfermeros. A veces han tenido que llamar al 061 para que las personas trasladadas en dichas ambulancias contaran con un servicio médico adecuado.

También podemos contar el caso de un trabajador que se está siendo investigado judicialmente por lo penal  ante la denuncia de los familiares de un enfermo que falleció en uno de esos transportes, sin que los servicios jurídicos de la empresa le hayan ofrecido hasta el momento algún tipo de cobertura jurídica.

No se nos puede olvidar otro comentario que nos hacen los trabajadores acerca de los desplazamientos que en ocasiones tienen que realizar a gran distancia, como por ejemplo de uno de Almería hasta Barcelona y vuelta, con un solo conductor, sin descanso reglamentario alguno en todo el recorrido, sin que haya recibido dietas o le hayan abonado hora extra alguna. Con el peligro que esto puede suponer para el propio trabajador, paciente, familiares y otros conductores, a lo que hay  que añadir el mal estado de algunos de los vehículos.

Y por ir terminando, destacar el trato que reciben estos trabajadores “en prácticas”, humillante e indigno para cualquier ser vivo, con cambios de horario permanentemente, realizando más de 3.000 horas de trabajo al año, como hemos dicho anteriormente, sin cobrar horas extras y con un 40% menos de salario de lo establecido en el convenio de aplicación. De tal forma que si bien al principio no denuncian por conservar sus puestos de trabajo, cuando los despiden, alegando fin de contrato, ninguno quiere recuperar su puesto de trabajo-esclavo.

Volveremos sobre este caso cuando vayamos teniendo las primeras sentencias de los juzgados de lo social de Almería, ante los que se ha demandado a la empresa por despido y en reclamación de cantidad de los salarios dejados de percibir.

No obstante, en un país que se autodefina como democrático y dirigido por sucesivos gobiernos socialistas durante cuarenta años como el Andaluz, debería estar prohibido constitucionalmente o estatutariamente, la externalización de los servicios públicos a empresas privadas.

Evidentemente, el objetivo de cualquier capital privado es el aumento de ese mismo capital: las ganancias, los beneficios. Y la Junta de Andalucía, sabiéndolo, no para de externalizar servicios públicos a empresas privadas. Vigilancia, limpieza, transportes, servicios sanitarios, sistema educativo, viviendas públicas… Grandes beneficios privados, puente hacia la corrupción, aumento de la explotación laboral, aumento de las desigualdades (a igual trabajo distintos salarios), de las enfermedades profesionales, accidentes y víctimas…

Nuestra Constitución, la andaluza de 1883, establece el derecho a la propiedad privada pero limitada por los derechos sociales. La Constitución impuesta en 1978 y el Estatuto de Autonomía para Andalucía dicen lo contrario, brindando al sol las libertades de empresa y mercado, a las que se les conceden las máximas protecciones políticas, jurídicas, policiales y militares llegados el caso. Y, por ello, el abandono de la prestación de los derechos sociales de toda la población en general y de la clase obrera en particular.

Leyes que protegen la avaricia del capital privado en cada concurso público para la realización de esos servicios externalizados a la actividad privada, y que ante la obligación de subrogación en los mismos derechos y salarios de los trabajadores y trabajadoras de las plantillas, o les amenazan con el despido si no se bajan los salarios, como por ejemplo la marinería de los Puertos Públicos Deportivos de Andalucía, donde acordaron bajárselos, o se les amenaza con el despido si no se bajan los salarios, como por ejemplo al personal administrativo de esos mismos Puertos Públicos, donde fueron despedidos y despedidas por no acordar bajarse los salarios, ya de por sí bastante insuficientes.

Blas Infante, en su programa electoral a Cortes Constituyentes de la II República en la candidatura Coalición Republicana Revolucionaria Federalista Andaluza, abogaba por la remunicipalización y reprovincialización de todos los servicios públicos, con la prohibición de dejarlos en manos del capital privado.

Desde el Sindicato Unitario de Andalucía soñamos porque en este periodo preelectoral, a un año de próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas, surjan candidaturas que defiendan programas de este tipo, para que podamos iniciar la construcción de una Andalucía verdaderamente democrática y con un gobierno verdaderamente socialista. O como establece  nuestra Constitución de 1883: una Andalucía autónoma y soberana,  organizada en una democracia republicana y representativa… que busca la igualdad social mediante la independencia económica del pueblo.

Por un Marco Andaluz y Democrático de relaciones laborales

Fuera explotadores y explotadoras de Andalucía.

Viva Andalucía Libre