Las propuestas que hizo Blas Infante a la clase obrera andaluza ¿son válidas para la lucha contra la explotación capitalista actual? ¿Son utópicas, idealistas o imposibles? ¿Fueron válidas para su tiempo pero erróneas para los momentos actuales? A la luz de los programas electorales y de la actuación política de las organizaciones de derecha y de las organizaciones socialdemócratas, incluso de las que se consideran revolucionarias o anticapitalistas españolas o andaluzas, parece ser que no son válidas. No las tienen en consideración.
A lo largo de la lucha por la constitución y organización del pueblo andaluz, Blas Infante va desgranando todo un programa económico repleto de remedios para nuestros dolores, a la vez que fija las tareas de la clase obrera andaluza, tanto a la hora de su participación en la lucha por la soberanía de nuestro pueblo como a la hora de ejercer el poder revolucionario del pueblo andaluz. Sus propuestas de liberación las va exponiendo en unos momentos muy convulsos: en el Ideal Andaluz durante los momentos iniciales de la I Guerra Mundial, momentos anteriores a la revolución bolchevique y en plena crisis del régimen de la Restauración de la monarquía borbónica; en Cuentos de Animales, Motamid, el último rey de Sevilla y La Dictadura Pedagógica durante la dictadura de Primo de Rivera; o en La Verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía en los momentos iniciales de la II República española... Y en todas los escritos siguientes (durante la república, gobierno del Frente Popular, golpe de Estado y guerra civil), hasta su fusilamiento por el fascismo español.
Nuestros momentos no dejan de ser también algo convulsos. El Occidente político y cultural sucumbe al tiempo que sucumbe el sistema capitalista e imperialista que lo sustenta. Los avances de la República Popular China, guiada por el Partido Comunista, ha llevado al país a los primeros puestos del ranking mundial en desarrollo científico, tecnológico y humano bajo el principio de servir al pueblo, al bien común y al desarrollo de la humanidad, desplazando a todo ese Occidente capitaneado por la clase dominante y terrorista de los EEUU de Norteamérica que, al estar gobernado por inútiles y/o delincuentes, no encuentra otra respuesta que la guerra global, en un último intento de interrumpir el crecimiento económico de los países competidores, principalmente China, y la sobre explotación de la clase obrera europea mediante la paulatina eliminación del Estado del Bienestar.
Antes de entrar en la breve relación de propuestas de Infante al movimiento obrero andaluz, en esta primera parte del artículo repasaremos el proceso seguido por el Estado español para la eliminación paulatina del Estado del Bienestar, las posiciones que se han defendido sobre este proceso desde la derecha, la socialdemocracia y el andalucismo. Y en la segunda parte expondremos una síntesis de las propuestas y objetivos que nos propone Blas Infante para la lucha económica, finalizanado con las conclusiones que de todo esto extraemos desde el Sindicato Unitario de Andalucía.
Análisis de la tendencia de relaciones laborales en el Estado español Dicen que la reforma laboral de Yolanda Díaz ha tenido como resultado la creación de más empleos y con más derechos ¿La damos por buena? ¿Os parecen bien las subidas del SMI de este gobierno de coalición progresista? ¿Qué os parece la propuesta de reducción de la jornada laboral con el mismo salario? ¿Son estas medidas favorables para la clase obrera andaluza? Para respondernos con fundamento a estas preguntas, antes deberíamos echar la mirada atrás y analizar las tendencias de las relaciones laborales entre el Estado español y el pueblo trabajador andaluz.
¿Cuál es la dirección de esa tendencia? ¿Trabajamos más horas o menos que hace cuarenta años? ¿Tenemos más tiempo de ocio, mayores salarios, poder de decisión sobre el producto de nuestro trabajo…? Proponemos echar la vista atrás para poder observar el curso de la referida tendencia de las relaciones laborales en el Estado español poniendo el punto de arranque en la derrota de la II República española y, con ella, la derrota de la lucha de la clase obrera de los pueblos que conforman el Estado español contra la explotación capitalista y la consiguiente victoria de la Oligarquía española con el apoyo de todas las clases dominantes de las principales potencias (de Italia, Alemania, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos). Y, a partir de ahí, repasar brevemente los momentos más significativos en los que esa tendencia se ha materializado en leyes, normas, acuerdos, salarios y nuestras condiciones de vida y trabajo.
Tras el baño de realidad que sufrió el franquismo de posguerra, pues aunque cierto que derrotó al movimiento obrero consciente, organizado y revolucionario de los pueblos de España con el apoyo de la comunidad internacional, no encontró ningún tipo de ayuda internacional para derrotar al liberalismo, el otro supuesto enemigo de la Oligarquía española. La autarquía no era posible en un mundo anticomunista, el mundo occidental.ñ N no era posible sin combatir a ese mismo mundo occidental para lo que el franquismo era totalmente incompetente. Así las cosas, a partir de los años 50 del siglo XX, la Oligarquía española, a través de Franco como su brazo ejecutor, desplaza a la Falange de las tareas de gobierno e incorpora a tecnócratas (del Opus Dei), reforma los fueros del Movimiento y del Trabajo, se dota de una Ley de Sucesión, se busca y se obtiene sucesor en la figura de Juan Carlos de Borbón, apadrinado por los EEUU, quien avala la posición que ocupará el Estado español en el mundo a partir de entonces, entregando suelo patrio para su uso como bases militares norteamericanas, máxima autoridad militar desde ese momento, y la apertura de puertas al capital norteamericano, máxima autoridad económica desde entonces de la tan defendida nación española por sus huestes patrioteras.
Esta traición a los intereses de la “patria española” por su sometimiento a los intereses del capital foráneo, es decir, el olvido de la resurrección del Imperio Español y el sometimiento a los intereses de otra patria, los EEUU, permitirá cierto desarrollo industrial y con él la reaparición de la organización de un movimiento obrero radical, organizado y dirigido por militantes comunistas, constituyendo un fuerte bastión de resistencia y de lucha por la democracia durante el régimen franquista hasta el final de sus días.
Para 1960 la dictadura elabora la Ley Orgánica del Estado, sometida a referéndum y todas las principales cabeceras norteamericanas, inglesas, francesas, etc. aplauden con titulares en los que se ensalza la figura de Franco afirmando ser el único general que ha derrotado a los comunistas en el campo de batalla y que se dispone a abrir las puertas a la democracia. Todo eran parabienes y alabanzas al dictador por parte de las democracias occidentales. Si bien, no era una constitución, sí se le asimilaba en la práctica pues, a los efectos, recogían y reformaban todos los antiguos fueros y leyes fundamentales del Movimiento y preparaban al Estado para que ese proceso reformista desembocara en la constitución de un Estado Social, Democrático y de Derecho, asimilable a su entorno liberal-occidental. Y así nació la constitución española del 78, una constitución que, salvando las distancias y contexto histórico, se asemejaba a la constitución republicana, aunque más avanzada en derechos y libertades burguesas, pero ya con un movimiento obrero y lucha revolucionaria, supuestamente, derrotado tras guerra civil y 40 años de dictadura.
Todos estos movimientos políticos de la dictadura de Franco en el plano económico, se corresponden con la política de apertura que da como resultado un cierto desarrollo del capitalismo español con la promoción, entre otros factores, de los polos industriales nuevos como los de Huelva, Algeciras y Badajoz que supondrán un importante aumento del número de la clase obrera ya existente en el norte industrializado. Lugares donde comienza a gestarse también un incipiente movimiento obrero en la industria que obligará finalmente a la dictadura a responder al mismo con la Ley del 77 de Relaciones Laborales que reconoce el derecho a Huelga, siendo hoy día la actual ley de Huelga que sigue vigente a pesar de ser preconstitucional. Sobre comienzo de la década de los 70 del siglo pasado estalla una crisis general en todo el sistema capitalista, crisis energética o crisis del petróleo, siendo su manifestación en el Estado español la crisis del Régimen de la dictadura de Franco, momentos que coinciden con este ascenso de las luchas del movimiento obrero por sus derechos y contra la dictadura. En esos momentos no se suscribía acuerdo alguno con el sindicato vertical si no era con la aprobación de las originarias comisiones obreras (no confundir con la posterior confederación sindical de las CCOO). Por todo ello, la oligarquía española necesitaba un modelo laboral que contuviera y encauzara al pujante movimiento obrero. La clase dominante española no podía resolver aquella crisis económica mundial del inicio de los 70, que les afectaba de lleno, sin hacerse europeos, sin aplicar el modelo europeo, es decir, sin contar con unos interlocutores válidos de los trabajadores que a su vez controlen y contengan al movimiento obrero. Ese modelo se materializó en los Pactos de la Moncloa y el Estatuto de los Trabajadores, que será asentado y desarrollado en todas las posteriores reformas laborales en las que se consolidaron CCOO y UGT como esos interlocutores válidos necesarios, regándolos de financiación estatal, liberaciones sindicales, etc. a cambio de hacer caer progresivamente todos y cada uno de los derechos conquistados por los trabajadores/as en su lucha durante el franquismo.
Eso sí, la interlocución no podía ser tan sólo con los comunistas, los más arrojados en la lucha vecinal, política, estudiantil y obrera. Tienen que ser contrarrestados en primer lugar, para más tarde intentar hacerlos desaparecer. Y se crean el PSOE y la UGT. El congreso del PSOE en Suresnes en 1974 cambia la dirección histórica del partido socialista por una nueva cuyos cuadros ya se formaban y formarían en los EEUU en sus más prestigiosas universidades, al tiempo que obtenía financiación desde los EEUU a través de la socialdemocracia alemana (el caso Flick). Así resultó que la transición no fue más que la solución que las clases dominantes españolas, las elites oligárquicas franquistas americanizadas y occidentalizadas, necesitaban para controlar y embridar al movimiento obrero para, posteriormente, dividir, enfrentar, debilitar, comprar, descabezar, etc. al que en aquellos momentos, finales de la dictadura, era uno de los más combativos de Europa. Para esta operación de estado fue necesario contar con el beneplácito de las élites políticas comunistas derrotadas, que no reclamarían la vuelta a la legalidad republicana sino la reconciliación nacional (en 1956 hubo un congreso del PCE donde ya no reclamaban la vuelta a la legalidad republicana sino a lo que denominaron reconciliación nacional. Algunos militantes que llamaban a la “reconciliación” antes de este congreso habían sido expulsados).
Ese proyecto político de la transición española también fue acompañado por la iglesia católica a partir de la doctrina social de la iglesia católica tras el Concilio Vaticano segundo, además de por los EEUU en su estrategia de reforzar del denominado “vientre blando de Europa” que lo formaban Portugal, España y Grecia. En esos momentos, finales de los 60 todos esos países tenían dictaduras desgastadas con fuerte conflicto social y contestación obrera y popular; con el riesgo que podía suponer que las mismas dictaduras pudieran caer sin “control” del poder y su orientación política desde los intereses imperialistas de los EEUU y del capital transnacional anglo-norteamericano y europeo, de manera que el proyecto imperialista de las “transiciones democráticas” pasaba por una reforma de las respectivas dictaduras mencionadas sin su derribo, por hacer las pasar de dictaduras debilitadas a “democracias plenas” con el movimiento obrero, popular y revolucionario bajo control.
Hoy día, pues, vivimos, “disfrutamos” la herencia de Franco y de su dictadura, aunque más bien la han disfrutado y disfrutan, además de la oligarquía, los cuadros y dirigentes del PP, PSOE y todos los que han salido después al escenario electoralista. Aunque al principio de la transición había un fuerte movimiento democrático que propugnaba la ruptura con la dictadura, frente a la reforma del franquismo, sin embargo fue finalmente derrotado, no hubo ruptura sino reforma de la dictadura. Los mismos jueces, los mismos militares de alta graduación, los mismos grandes empresarios enriquecidos con la dictadura, los mismos policías y catedráticos de las grandes universidades permanecieron en sus cargos pasando, de un día para otro, de oligarcas, cuadros, dirigentes y altos funcionarios franquistas a “demócratas de toda la vida”. Todo ese proyecto de reformas del franquismo frente al movimiento obrero llevó y culminó en que el gobierno preconstitucional de Suarez regulara las relaciones laborales reconociendo el derecho al trabajo y del derecho a la Huelga con la ley del 77, alimentando el espejismo que con democracia se conquistarían más derechos y mejores condiciones salariales y laborales. Ese primer gobierno Suarez, a los seis meses de gobierno, empezó ya a recortar derechos y poder de la clase obrera gracias a la incorporación de la socialdemocracia, la de los comunistas reconvertidos en defensores de la monarquía borbónica y los pilares sindicales de la recién (re)creada UGT y a la conversión de las antiguas Comisiones Obreras de fábrica en la confederación sindical actual de las CCOO.
El nuevo régimen resultante proclamará el pluralismo político pero en la práctica sólo dos opciones competirán realmente por acceder a la administración del Estado. Y con respecto al movimiento obrero también se proclamará la libertad sindical, aunque las subvenciones sólo permitirán dos principales opciones sindicales como interlocutores válidos de los trabajadores. Dos grandes centrales que de cara a la galería, aparentemente una se opone a las medidas laborales del gobierno y otra las apoya, para finalmente acabar cediendo y firmando los recortes y pérdidas de derechos. El sistema del bi-sindicalismo se concreta en que en algunos acuerdos que suponen retroceso y pérdida de derechos solo uno de los sindicatos oficiales los firma, en otros los firma el otro, en otros casos los firman los dos y en escasos momentos no los firma ninguno de ellos. Por ejemplo, el plan de empleo juvenil de Felipe González (que los jóvenes entraran en la empresa con condiciones a la baja de las del convenio de aplicación), se consiguió que el gobierno lo retirara tras una huelga general convocada por ambas centrales sindicales. Sin embargo, más tarde, un decretazo introduce todo el contenido del plan de empleo juvenil y ya CCOO y UGT miraron para otro lado, para el lado de sus cuentas corrientes rebosnates de dinero público.
Rápidamente con el nuevo modelo europeo de relaciones laborales de interlocutores válidos, desde esos inicios de la transición, se empezó a pasar, desde un mercado laboral en el que predominaba el empleo fijo y estable con amplios derechos al final de la dictadura franquista, a una situación de ampliación de la división en la clase obrera, donde a la ya existente diferenciación entre hombres y mujeres, se les añadió con los nuevos recortes en derechos nuevas divisiones: entre adultos y jóvenes, entre fijos y eventuales o temporales, entre ciudadanos y sin papeles, etc. divisiones que por supuesto se han consolidado y afianzado hasta hoy día, que además de fomentar diferencias e intereses entre los trabajadores implican una diferente retribución salarial y derechos por el mismo trabajo con lo que la patronal salía beneficiada en su proceso de acumulación. En definitiva, CCOO y UGT son y han sido y jugado el papel de correas de transmisión del estado burgués y de los intereses de la oligarquía, financiados generosamente desde el propio estado, siempre con el papel de representantes legales de los trabajadores para mantener al movimiento obrero contenido, controlado, domesticado, dividido, atomizado, enfrentado, desencantado, sin referentes de lucha, desmemoriado respecto a sus tradiciones de lucha y conquistas, inconsciente de la sangre y lucha obrera que hay detrás de cada derecho conquistado que vamos perdiendo, etc. Y 40 años después nos damos cuenta que sin lucha y movilización y organización no hay derechos, si nos conformamos con votar, tendremos los prestigiadores y charlatanes de turno, que nos hacen falsas promesas democráticas y de derechos mientras nos los van quitando vendiéndolos a la oligarquía.
Y sin estos sindicatos oficiales, del régimen, los nuevos “sindicatos verticales” y algunos otros amarillos y similares, no hubieran sido posibles todas las contra-reformas laborales y recortes de derechos a la clase obrera realizados por todos los gobiernos posteriores a los de la dictadura desde el preconstitucional de Suarez al actual gobierno de “coalición progresista” de PSOE y Sumar. Políticas anti-obreras a favor del capital que se realizan tanto a nivel del estado central como en los gobiernos autonómicos, con un partido u otro del bipartidismo (PSOE o PP), en el papel de columna vertebral o pata izquierda o derecha del régimen, tanto con gobiernos de izquierdas como de derechas, con mayoría absoluta o en coalición. Aquí en Andancia esas reformas las ha ejecutado tanto gobiernos del PSOE en solitario como en coalición, unas veces con IU, otras PA, otras con Ciudadanos y ahora lo hace el PP con ayuda parlamentaria de Vox, pero no cambia la tendencia. Lo único es que la oligarquía cuando las cosas van mal y tienen que atacarnos a la clase obrera prefieran a los progresistas que tienen controlado al movimiento obrero y cuando las cosas van bien prefieren a la derecha. En definitiva, como explicaba Eduardo Galeano con su magistral fábula del cocinero y los animales de granja, “está fuera de toda duda que ustedes van a ser cocinados. Lo único que ustedes pueden elegir es la salsa con la que van a ser cocinados”. Tomando un poco de perspectiva histórica la estrategia de aplicar la misma política anti-obrera con distinto partido o independientemente del partido que saliera es una vieja estrategia de las clases dominantes, ya lo hacía Alfonso XIII durante la restauración, su abuela exiliada por corrupta Isabel II o los dirigentes de la segunda república, cuya política económica tampoco variaron en lo fundamental de la que se había venido produciendo durante la restauración.
Con el mantra en el que se vinculaba el descenso del paro con el aumento de la tasa de ganancia, lo que se conoce como crecimiento económico, unido al mantra en el que se dice que en democracia se alcanzarán más derechos y mejores salarios, comienza el partido. Si la ley de huelga se conquistó en abril de 1976, en octubre de ese año Suárez suspende el artículo 35 de la Ley de Riesgos Laborales estableciendo el despido libre. A partir de ese momento es la empresa y no el trabajador quien decide la vuelta a su puesto o quedarse fuera de la empresa en caso de despido improcedente. Medida que provocó la convocatoria de una huelga general con una participación de más de dos millones y medio de trabajadores y trabajadoras. A pesar de esta contundente respuesta de la clase obrera, el camino de la reforma o contra-reformas continúa en la seguridad del triunfo al empezar a ser financiada la actividad sindical durante estos primeros años de Transición y de nuevo régimen. Financiación con la que los dirigentes obreros estaban siendo elegidos para conformar las nuevas direcciones sindicales, como los representantes legítimos que controlasen el movimiento obrero, para acabar siendo totalmente financiados con las ayudas del propio Estado.
La ofensiva patronal continúa de manos del gobierno de la UCD. Comienza en 1977 con los Pactos de la Moncloa, aprobado con el 100% de las Cortes y con campaña favorable de los grandes sindicatos y enarbolando la bandera de combatir la inflación mediante la moderación salarial, acordando, la contratación temporal y el ajuste de las plantillas en situación de crisis. En 1979 el Acuerdo Básico Inter-confederal, entre UGT y CEOE, que sienta las bases para el futuro estatuto de los trabajadores de 1980, que consagrara el despido libre de forma individual y colectiva. Reduce la cuantía por despido improcedente de un tope de 48 mensualidades a 42, y la opción de readmisión o aceptar la indemnización ya no opera en manos del trabajador sino del empresario. También en 1980 se produce el Acuerdo Marco Inter-confederal, de nuevo entre UGT y la CEOE, con el que se fijan los criterios para la negociación colectiva sobre salarios, productividad, derechos sindicales y el tiempo de trabajo. Concluyendo este periodo de contra-reformas laborales del gobierno de la UCD en 1981 con el Acuerdo Nacional de Empleo, donde Gobierno, CEOE, UGT y CCOO pactan moderación salarial, aceptándose incrementos salariales por debajo de la inflación. También trajo nuevas formas de contratación laboral destinadas a jóvenes sin primer empleo. Leyes, pactos y acuerdos entre gobierno, patronal y sindicatos interlocutores válidos que van cambiando, invirtiendo la tendencia de conquista de salarios y derechos conseguida por la clase obrera en su lucha contra la dictadura. A partir de ese momento se dispararán las exiguas, hasta el momento, subvenciones estatales a los sindicatos para convertirse en una financiación en toda regla y global. Y con esta regresión en derechos y salarios termina el primer gobierno de la democracia, el de la UCD.
Le siguieron varios gobiernos del PSOE. Los acuerdos más significativos en materia de relaciones laborales de los gobiernos socialistas fueron: en 1983 Acuerdo Inter-confederal (AI) entre PSOE, UGT, CEOE y CC.OO, que nuevamente refuerza la moderación salarial. Real Decreto 2317/1983 regula los contratos en prácticas, de aprendizaje y el contrato a tiempo parcial. Ya en 1984 el Acuerdo Económico y Social (AES) suscrito entre UGT, CEOE y CEPYME, donde se fijan las pautas de negociación colectiva. Con la Ley 32/84 de reforma del estatuto de trabajadores el empresario ya no tiene que justificar la contratación temporal. Además, se amplía el catálogo de la contratación temporal incluyendo 14 modalidades reforzando la división de la clase obrera. Todo ello justificado, amparado por tesis o dogma ampliamente difundido por los medios de la época: “más vale tener un empleo con pocos o ningún derecho que no tener empleo”. Esto lo afirmaba un presidente y un partido socialista que se habían presentado a las elecciones diciendo que iban a crear 1 millón de puestos de trabajo y que tenían 3 millones de parados y tasas de paro desbocadas.
En 1985 aprueban la Ley de Racionalización de los Sistemas Públicos de Pensiones que conlleva un endurecimiento de los requisitos exigidos para la percepción de las pensiones de jubilación; y una modificación del sistema de cálculo para establecer la base de las mismas con el fin de reducir su cuantía. Según estudios de la época con esta ley se hizo perder un 12,5% de poder adquisitivo a las pensiones.Todo ello provocó la convocatoria de la primera huelga general contra el gobierno del PSOE, convocado el 20 de junio de 1985 por CCOO junto a los sindicatos USO, CNT y ELA-STV, en la que participaron más de 4 millones de trabajadores.
El gobierno del PSOE siguió su línea tras una nueva vitoria electoral y en 1987 volvió a la carga contra la clase obrera aprobando la Ley de Fondo de Pensiones que regula los planes y fondos de pensiones y que supone el primer paso en el camino de la gestión mercantil de las mismas y su privatización.
En 1988 la temporalidad afectaba ya al 25% de los asalariados, siendo los jóvenes los más afectados (57%). Y la tasa del desempleo superaba todavía el 20% fruto de las reconversiones industriales. En esas condiciones y con la excusa de la alta tasa de temporalidad de los jóvenes el gobierno del PSOE decidió aprobar el Plan de Empleo Juvenil para la contratación de jóvenes con menos derechos y salarios que los pactados en convenios, en concreto por el SMI de aquel momento para cualquier empleo y con exención de cotizaciones por el empresario a la seguridad social. Sin embargo, la Huelga general del 14 de diciembre de 1988, convocada por CC.OO. y UGT y la mayoría de sindicatos, obtuvo un extraordinario respaldo y consiguió la retirada del proyecto.
También en 1998 aprueba el gobierno del PSOE el decreto-ley 1/1992 del 3 de abril de medidas urgentes de fomento de empleo y protección del desempleo encaminado a disminuir los parados con derecho a prestación, disminuir la cuantía y el periodo de percepción de las prestaciones, y disminuir la aportación del Estado. De esta manera, desde 1993 los Presupuestos Generales del Estado dejan de financiar la cobertura al desempleo. En 1994, ya con una tasa de paro del 25%, aprueban una contra-reforma laboral que incluye: contrato de aprendizaje, contrato-basura para los jóvenes (lo que suponía reincidir en el frustrado objetivo del Plan de Empleo Juvenil de 1988). Pero sin lugar a dudas, la “medida estrella” tomada en 1994 fue la Ley 14/1994 que legalizaba la cesión de mano de obra, el prestamismo laboral, en menoscabo de los servicios públicos de empleo, la legalización de las ETTs.
Y con ello más de nueve ocasiones en los que con decretos, leyes y acuerdos culmina el periodo socialdemócrata con un aumento magistral de los márgenes de poder empresarial en el despido. Se incorporó el llamado despido económico mediante el cual los empresarios tuvieron la potestad de despedir al 10% de la plantilla sin necesidad de recurrir al Expediente de Regulación de Empleo, las condiciones de trabajo se vieron alteradas a peor en aspectos como la movilidad funcional y geográfica, la polivalencia de los puestos de trabajo, la jornada laboral, vacaciones y descansos. Fueron derogadas paralelamente Ordenanzas Laborales, lo que contribuyó a acentuar la desprotección de sectores más vulnerables, los que por diferentes motivos de sobre explotación, persecución sindical... no pueden ejercer el derecho a la libertad sindical que incluye la negociación colectiva regulado en la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical. Esta reforma provocó la contestación sindical con importantes manifestaciones de protesta que culminarían el 27 de enero de 1994 con la convocatoria de huelga general por parte de CC.OO. y UGT. La participación superó a la del 14-D de 1988, pero sin suponer una paralización absoluta de la vida nacional que sí supuso el 14-D. El Gobierno rechazó la negociación e hizo cundir entre las centrales convocantes del paro, la idea de que la huelga había sido una “derrota sindical”. Ello condujo al abandono de la estrategia de confrontación sostenida hasta ese momento por los sindicatos.
Pero ni cesa la avaricia de la Oligarquía española ni disminuye la traición a los intereses de la clase obrera por parte de los interlocutores válidos. El siguiente gobierno, el que hablaba catalán en la intimidad y nos embarcó en una guerra ilegal e ilegítima contra Iraq, el gobierno del Partido Popular de Aznar, continuó la tendencia. Ahora el mantra, el dogma en el que ponen todavía más el acento será la moderación salarial para el crecimiento económico. O sea, menos salarios y más beneficios. Y así en más de cuatro ocasiones, con leyes, decretos y pactos se sigue abaratando el despido y precarizando nuestras condiciones laborales. En 1996 se aprueba la Reforma Laboral del Gobierno del PP en minoría, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT. Los sindicatos firman lo que no firmaron en 1994 y continúa la dinámica de subvencionar y bonificar las cotizaciones empresariales. Aprueban un nuevo contrato de fomento de la contratación indefinida (fijo barato), con una indemnización por despido recortada pasando de 45 días de salario por año de servicio con un tope de 42 mensualidades, a 33 días con un tope de 24 mensualidades. Sustituyen el contrato de aprendizaje por el contrato para la formación, nueva modalidad de contrato-basura, todavía más si cabe, destinado al colectivo joven. A pesar de que el argumento para justificar estos recortes era reducir la tasa de temporalidad y la tasa de rotación de empleo, ninguna se consiguió reducir. En el año 2000 el gobierno del PP aprueba la Ley Orgánica 8/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la llamada Ley de Extranjería, con la que a los trabajadores inmigrantes "sin papeles" se les excluye de cualquier derecho laboral o ciudadano (reunión, opinión, participación, desempleo, vivienda…). En 2002 Acuerdo de la Negociación Colectiva (ANC) CEOE-CEPYME. De nuevo para la moderación salarial y la subordinación completa de los trabajadores a la flexibilización continua y a la competitividad de las empresas.
En 2002 llegará el “decretazo” del gobierno del PP que modifica a la baja las prestaciones por desempleo y de abaratamiento del despido. Esta reforma estableció la posibilidad de eliminar los salarios de tramitación en el supuesto del despido disciplinario improcedente si el empresario reconocía la improcedencia y depositaba rápidamente la indemnización en 48 horas. La respuesta fue un llamamiento por parte de CC.OO. y UGT a una huelga general que se llevó a cabo el 20 de junio de 2002. Finalmente, el decretazo se impuso mediante un acuerdo entre CC.OO., UGT y patronal que, aunque suavizando algunos aspectos, lo fundamental continúa vigente: despidos más fáciles y baratos y recorte de las prestaciones por desempleo tocando de muerte el subsidio por desempleo a jornaleros andaluces y extremeños.
Eso sí, aunque todas las reformas las vendían como avances en bienestar para trabajadores y trabajadoras, no colaba y así volvemos a un nuevo gobierno socialdemócrata, el de Zapatero que prometía no defraudar a sus votantes. Claro que al finalizar su legislatura entendimos a qué votantes se refería. Y no eran los que lo habían convertido en presidente mediante sufragio universal, si no a los oligarcas que lo habían “votado” para que las elecciones lo legitimaran como presidente. Así volvió a abaratar el despido, reducir la cotización por desempleo, reducir las cantidades a abonar del FOGASA, reducir las cotizaciones empresariales, aumentar el periodo de cotización mínimo para acceder a una pensión, endurecer las condiciones para acceder a la jubilación parcial, reducir la indemnización por despido improcedente, la edad de la jubilación pasó de los 65 años a los 67, vincular los aumentos salariales a la productividad de las empresas, imponer el convenio de empresa como el de referencia y un largo etc. de reducciones de derechos a los trabajadores/as. En 2006 el gobierno de ZP aprueba su reforma del mercado de trabajo, firmada por CCOO y UGT y las organizaciones empresariales, que contiene el contrato “de fomento para la contratación indefinida”, fruto de la reforma laboral de 1997 cuya indemnización en caso de improcedencia del despido es más barata, y que va camino de normalizarse como el contrato indefinido que sustituirá al ordinario. A pesar de que este contrato se ha ampliado a más colectivos no ha invertido la temporalidad.
La cotización por desempleo en la contratación indefinida durante el gobierno de ZP pasará gradualmente hasta 2008 de un 6% a un 5%. El FOGASA se reduce del 0,40% al 0,20%. Las cotizaciones empresariales para los contratos temporales realizados por ETT's pasa a ser del 7,7% al 6,7%.
A la reforma laboral de este gobierno del PSOE de ZP hay que sumarle también la reforma de la Seguridad Social y las pensiones firmada por empresarios, Gobierno y sindicatos mayoritarios. Esta reforma ha elevado el periodo mínimo de cotización para acceder a una prestación por jubilación de 12,8 a 15 años y ha endurecido los requisitos necesarios para acceder a la jubilación parcial. En 2010 aprueban la Ley de medidas urgente para la reforma del mercado de trabajo, del 17 de septiembre que provocó la huelga general convocada por CC.OO. y UGT del 29 de septiembre. Ley que facilita y bonifica la contratación temporal; da más facilidades para el despido por causas objetivas (reducción de la indemnización a 20 días por año); generaliza el contrato de fomento de indefinidos (el de 33 días por año); aumento de las bonificaciones a los empresarios que pueden cubrir el pago del despido al año o año y medio; y da facilidad para la modificación de las condiciones laborales pactadas en el contrato. Todavía en 2011, antes de las elecciones anticipadas de final de año, el gobierno del PSOE de ZP aumentó de la edad de jubilación a los 67 años y en marzo del mismo año firma el Pacto del euro que establecía la reforma con el consiguiente recorte del sistema de pensiones y de prestaciones sociales, reduciendo los derechos de los trabajadores, sacrificando a los trabajadores por el crecimiento económico, es decir, el incremento de los beneficios empresariales. Antes del fin de la legislatura en Junio, el gobierno aprueba Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva que aleja a los trabajadores de la negociación; obstaculiza el derecho a huelga y vincula los aumentos salariales según productividad de las empresas.
El gobierno del PSOE de ZP concluye decepcionando a los suyos y a los principios o fundamentos ideológicos socialdemócratas más clásicos y así pierde las elecciones que él mismo adelantó, como dijo ZP, “me cueste lo que me cueste lo que me cueste” al referirse a su decisión de aplicar las políticas económicas de austeridad y recortes de las instituciones financieros y políticas internacionales, al aplicar las decisiones que demandaba el capital transnacional. Llega entonces al gobierno el PP de M. Rajoy a lomos de ese desencanto y de la promesa electoral de no realizar recortes sociales, que se encargaron de repetir hasta la saciedad los principales dirigentes del PP de la época, tanto cuando eran oposición a ZP durante la crisis como en la campaña electoral. Pero nada más llegar hicieron desde el gobierno todo lo contrario de lo que dijeron en campaña electoral. Estos mimbres nos llevan a la legislación laboral del PP de Rajoy, la reforma laboral la aprueban con el Real-Decreto Ley, 13 de febrero de 2012 que implanta un despido más barato. Se invierte la carga de la prueba en el derecho laboral: el despido es procedente a priori y demostrar que no lo es corre a cuenta del trabajador, que tendrá que acudir al juez. En el caso del despido objetivo, que permite a las empresas despedir por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción con una indemnización de 20 días por año trabajado, no será necesario ni siquiera que la empresa incurra en pérdidas reales, motivo que se mantiene. El despido se justifica por causas económicas cuando se prevean pérdidas en el futuro o cuando una empresa lleve nueve meses consecutivos con una caída de ingresos o de ventas.
La reforma laboral de Rajoy elimina la autorización laboral de los despidos colectivos. Es decir, que el ERE (Expediente de Regulación de Empleo), ya no tiene que mediar acuerdo entre empresa y trabajadores y no necesaita la aprobación de la Consejería de Empleo de la comunidad autónoma o del Ministerio de Empleo: ahora solo será necesaria la autorización judicial a posteriori. Además, facilita por primera vez el despido colectivo en todas las Administraciones Públicas y en todas las empresas, organismos y entidades que forman el sector público. Se libran (por ahora) los funcionarios de carrera, pero no el personal laboral. La causa, como en el sector privado: nueve meses de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente. Será con esta reforma la primera vez que la cuantía salarial figura entre los aspectos "a tocar" por la empresa por motivos técnicos, organizativos o de producción. Cabe incluso reducir sueldos a los empleados que rindan poco. El procedimiento, comunicar la decisión al trabajador con 15 días de anticipo.
Aprueba la reforma un nuevo contrato para impulsar las contrataciones indefinidas de jóvenes en las pymes con un periodo de prueba de un año, lo que de hecho supone el despido libre gratuito. Además, se da más facilidades a empresarios para cambiar jornadas, turnos, funciones y salarios; para ello solo es necesario que invoque motivos económicos, como pérdida de competitividad o de productividad. También puede hacerlo cuando la empresa registre dos trimestres de caídas de ventas o ingresos, aunque no tenga pérdidas. El empleador tiene una mayor flexibilidad en la distribución de las horas de trabajo ya que puede distribuir a su elección las horas extraordinarias y las complementarias. La ETT podrá actuar como una agencia de colocación privada. Antes, las ETT solo podían poner a disposición de una tercera empresa, con carácter temporal, a trabajadores contratados previamente por ella. Con la reforma, una empresa de trabajo temporal (ETT) puede convertirse en una agencia de colocación privada con ánimo de lucro.
El dogma o mantra justificativo de la reforma de Rajoy fue la creación de empleo con mayor estabilidad. El gobierno de Rajoy intentó conseguir su reforma laboral con la firma y acuerdo de los sindicatos mayoritarios y la patronal. El acuerdo estaba a punto, casi alcanzado por los agentes sociales, sin embargo no concluyeron a tiempo la negociación o no les dio el gobierno más tiempo y entonces introdujo su reforma mediante un decretazo, dejando algunos aspectos pendientes como nuevos cambios en la negociación colectiva y los modelos de contratos. Será el próximo gobierno quien tendría que afrontar estos flecos.
Analizar y valorar la reforma laboral de Yolanda Díaz, es casi tanto como analizar la de M. Rajoy, pues Díaz la conservó en lo fundamental y no hizo más que lo que no le dio tiempo a hacer Rajoy, traicionando su propia propuesta y promesa electoral que además reiteró ante fervorosos aplausos en un congreso de CCOO donde Díaz dijo que se derogaría la reforma de Rajoy “le pese a quien le pese”. Si Felipe González y el PSOE prometían sacarnos de la OTAN y acabaron metiéndonos todavía más, Yolanda Díaz y Sumar prometían la derogación de la reforma laboral de M. Rajoy y acabaron perfeccionándola en los flecos y reivindicaciones de la Oligarquía española pendientes, como negociación colectiva y contratos eventuales, llegando hasta tal punto que la reforma fue apoyada por grandes empresarios y por la FAES de Aznar.
Como resultado de todos estos procesos de contra-reformas laborales ininterrumpidos desde la transición, pasamos, de la lucha obrera durante el franquismo que era por salarios por encima de la inflación y por mejoras en los derechos laborales, a la democracia, donde, como bien sabemos y sufrimos, los salarios suben sólo por debajo de la inflación, con el consiguiente empobrecimiento paulatino y sistemático de trabajadores y trabajadoras, se eliminan los derechos laborales conquistados a la dictadura con lucha, sufrimiento y sangre y se malvenden a cambio de nada para la clase obrera. En cada reforma de la legislación laboral se ha retrocedido y entregado una parte de ellos. Son contra-reformas que tienen un efecto acumulativo, que van de más derechos a menos y sostenidas en el tiempo como tendencia, de manera que lo que pierdes en una reforma no lo ganas a la siguiente, y así desde entonces de reforma en reforma seguimos perdiendo y perdiendo, los ricos cada vez más ricos y la clase obrera, a pesar de generar la riqueza, cada vez más pobres. Esta tendencia histórica de reducción progresiva en derechos laborales es coherente con el objetivo fundacional de la Unión Europea de acabar con el estado de bienestar. Para las burguesías monopolistas europeas constituye un gran obstáculo a la competitividad y productividad, es decir, a la acumulación de capital frente al nuevo orden mundial multipolar que emerge como consecuencia de la alta competitividad y productividad de la economía china. Además, el reparto del gasto social mundial es a un 50% para los quinientos millones de europeos y el otro 50% para el resto de los siete mil quinientos millones de habitantes del planeta y que sólo tuvo sentido para las burguesías monopolistas europeas para la contención del movimiento obrero ante una posible adhesión a la alternativa soviética que ya no existe.
En definitiva, como resultado de todas esas contra-reformas y políticas económicas pro-acumulación de capital, que se ha manifestado en esa tendencia de nuestros derechos a la baja, forman un mecanismo que acaba enriqueciendo más a los ricos y empobreciendo más a los pobres, que somos quienes creamos la riqueza. Así, nos han llevado desde una situación de lucha y vanguardia del movimiento obrero a finales del franquismo a la situación actual de socavamiento y entrega sistemática de nuestros derechos a cambio de nada para la clase obrera y que tienen como consecuencia el empeoramiento progresivo y continuado de nuestras condiciones de vida y trabajo. Mientras que para nuestros interlocutores y gracias a las falsas promesas democráticas y de derechos del reformismo socialdemócrata político y sindical han obtenido subvenciones, cargos, liberaciones, etc. haciendo así de ese sindicalismo y modelo sindical, una forma de vida y una solución de la vida de sus sindicalistas. Por todo ello estamos en la situación en la que estamos, la legislación y la justicia al servicio del capital, los sindicatos que aún propugnan por la organización de la clase obrera y la organización de las luchas contra el capital, sin poder y en condiciones de semi-clandestinidad. Y las pocas instituciones que se presumirían herramientas de protección como la inspección de trabajo recortada en sus competencias y efectivos hasta dejar actualmente a los trabajadores de forma individual a pecho descubierto ante empresario y patronal.
Y por mucho que aparentemente se peleen izquierda y derecha, todo es teatro independientemente de quien gane en las elecciones políticas o sindicales, la tendencia en cuanto a nuestros derechos no varía, es de pérdidas, recortes, de más a menos. Pero no está todo perdido. Bajo las entrañas del sistema, en la clandestinidad en los países sin libertades democráticas y en la semiclandestinidad en el resto de países, democráticos en apariencia pero dictatoriales siempre para la clase obrera, los pobres, y los pueblos explotados y sometidos, quedan los rescoldos de aquel movimiento obrero consciente y organizado. Rescoldos que bajo las condiciones apropiadas se volverán a convertir en fuego devastador del sistema capitalista, porque... ¡Todo está por ganar!
Medidas en relaciones laborales socialdemócratas, ultraderechistas y andalucistas Veamos más en concreto algunas de las medidas y actuaciones políticas y legales estrellas de de los sucesivos gobiernos especialmente los de “izquierdas y obreros”. El modus operandi siempre es el mismo, una promesa esperanzadora en el programa electoral con buena pinta, aparentemente favorable a los trabajadores, después directamente incumplen su propuesta haciendo exactamente su contrario, traicionando a la clase obrera y a sus electores, un “donde dije digo, digo Diego”. También pueden optar por reconducir la propuesta para introducirle un “truco” una “letra pequeña” que acaba desvirtuándola y convirtiéndola en una propuesta al servicio e interés de la oligarquía, del empresariado y del estatus quo. Veamos algunos ejemplos.
La última reducción de la jornada laboral sin reducción de salario se realizó con el gobierno de Felipe González en 1983, aplicando la correspondiente promesa electoral del PSOE en la elecciones de 1982. No significó una reducción de la productividad, como vaticinaban los empresarios y la derecha, sino que conllevó a un aumento de los ritmos e intensidad del trabajo. La “letra pequeña” de aquella reforma estuvo en sus instrucciones o reglamento de aplicación. El propio Nicolás Redondo, líder por entonces de la UGT, el sindicato socialista, declaró que en esta medida el gobierno le había engañado. Así que si aquella reducción de la jornada laboral no fue en interés de los trabajadores ¿fue en interés de la oligarquía y su estado? En aquellos momentos estaba en marcha el proyecto de entrar en la Unión Europea por parte de la oligarquía española para continuar la revolución liberal que estaba llevando a cabo la oligarquía española. La exigencia europea, entre otras, era la reconversión industrial: cierres, privatizaciones y despidos masivos en la gran industria. Para ello venía muy bien reducir la jornada laboral ante tanto paro que se avecinaba manteniendo e incrementando la productividad y competitividad de la economía capitalista española en manos del capital foráneo.
Ahora, el gobierno de coalición progresista nos va “a vender la moto” de la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario ¿Es posible que haya un nuevo “truco” o interés de la oligarquía detrás de esta propuesta aparentemente de interés obrero? Pues, sí, callan que van a dar la facultad a los empresarios para tener más capacidad, todavía si cabe, para la desregularización de la jornada laboral. Es decir, más poder para que decidan sobre el horario laboral de las clases asalariadas, que se traducirá en más disponibilidad y flexibilidad horaria por nuestra parte. Por ejemplo, si tienes 1800 horas al año, actualmente te podrían desregularizar el 10 % de ese horario avisándote con 5 días de antelación (aunque en la realidad te avisan de un día para otro -o el mismo día- que trabajas menos horas o que no trabajas, con reducción la salarial correspondiente o que trabajas más horas de las establecidas para la jornada diaria sin que sean horas extras). Ahora la reducción de la jornada laboral es a cambio de que los empresarios puedan ampliar esos márgenes de poder sobre nuestros horarios laborales, para que nos tengan a su disposición, más a disposición de la empresa y sus intereses y menos disponibilidad sobre nuestro tiempo libre para conciliar vida familiar, educación, ocio, etc. Además la reducción de jornada lleva aparejada una exigencia del incremento de la productividad, lo que se traducirá en una exigencia empresarial extra a los trabajadores de reducción de los tiempos de trabajo para una misma tarea. Por ejemplo, ¿de dónde va a salir la reducción de jornada sin reducción de sueldo de las kellys? Pues de tener que limpiar el número de habitaciones que venían haciendo durante la jornada sin reducción ahora en el tiempo de la actual jornada reducida, ello es conseguible fundamentalmente con el incremento de la intensidad y ritmo de trabajo, luego a costa y empeorando la vida y la salud de las trabajadoras, es decir, aumentando la sobre explotación de nuestras vidas.
Recientemente, a comienzos del verano, el gobierno de coalición progresista nos sorprendía con otra propuesta de supuesta mejora laboral: la jubilación anticipada para trabajadores y trabajadoras en profesiones peligrosas y penosas. Suena bien ¿verdad? Esto ya sí que parece una medida efectiva a favor de los trabajadores para contribuir a paliar las enfermedades a consecuencia del trabajo y los altísimos índices de accidentes laborales buena parte con resultado de muerte durante la prestación del trabajo. Pues vaya, va a ser que también tiene “letra pequeña”, en referencia a la determinación mediante estudios previos de la peligrosidad y penosidad y en la fijación de unos coeficientes reductores que fijan la cuantía de la anticipación de la edad de jubilación, que se determinan según el grado de penosidad y peligrosidad del trabajo. Sin embargo, trece años más tarde del R.D. 1698/2011por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, aún no se han hecho los estudios necesarios sobre sectores que han solicitado jubilación anticipada prevista en la referida legislación. La propia OIT denuncia el caso del Estado español donde las enfermedades profesionales vienen sufriendo una escandalosa falta de diagnóstico, registro y compensación, además de un fraude preventivo. Por otra parte, también serán determinantes en los coeficientes reductores la duración de las bajas, de manera que a menos duración menos coeficiente reductor. Y si contamos con que el propio acuerdo prevé una privatización de los servicios sanitarios de ciertas enfermedades profesionales, las rehabilitaciones y pruebas correspondientes, aquí tienen otra llave con la que restringir esas jubilaciones vía reducción de los coeficientes por aceleración de los procesos de tratamiento y curación con altas prematuras. En definitiva, vemos con cierta perspectiva cómo es en los hechos la actuación sistemática e histórica de la socialdemocracia y el reformismo.
Como ya dijo Lenin, el reformismo hace falsas promesas democráticas de derechos al pueblo y la clase obrera que luego venden a la burguesía. Normalmente a cambio de poder, privilegios, prebendas, cargos para sus dirigentes y poder y recursos para sus organizaciones. Todas las propuestas “de mejora” van el mismo sentido.Otras veces el gobierno “progresista” aprueba medidas laborales sin ninguna apariencia de ser beneficiosas para los trabajadores, sino abiertamente medidas que aprobaría cualquier gobierno de derechas, con la ventaja para la oligarquía y el estado de que la respuesta obrera y la conflictividad social que provocarían esas medidas al ser adoptadas por “un gobierno de izquierdas”, “un gobierno de progresista”, etc. quedan amortiguadas o anuladas. De esta manera, este mes de agosto, para que así la respuesta obrera sea todavía más neutralizada (esto de aprobar medidas laborales en vacaciones de agosto también lo hacía el franquismo), pues como decimos, este mismo mes de agosto, entra en vigor una modificación sobre el Estatuto de los Trabajadores, realizada por el departamento de Yolanda Díaz, que afecta al despido. En concreto, facilita el despido cuando un trabajador solicita una adaptación de jornada por cuidado de hijos o familiares dependientes que hasta ahora conducía a una sentencia de despido nulo. A partir de finales de agosto de 2024 podrá ser considerado por los juzgados de lo social como despido procedente. Por tanto, más poder y facilidad empresarial para despedir, más debilidad para la clase obrera, más precariedad laboral e incertidumbre para los trabajadores, menos igualdad de oportunidades, mayor dificultad para la conciliación de la vida laboral y familiar, etc. Ahora dicen que ha sido un error, que lo rectificarán cuando vuelva a abrir el Congreso de los Diputados y Diputadas en septiembre. Veremos.
Mientras, la ultraderecha hace cantos de sirena a la clase obrera con su propuesta de “impulsar la subida generalizada de salarios, especialmente los más bajos”, aunque acto seguido “nos descubren”, según ellos, la causa de los bajos salarios y la precariedad: los sueldos de los políticos. Así que tienen una contradicción que resolver entre su práctica y su programa electoral ya que ellos mismos son políticos y cobran un sueldo por ello y como tales, según su razonamiento, contribuyen a la causa de bajos salarios de los trabajadores. Además, puesto que se declaran constitucionalistas, deberían proponer un salario constitucional, es decir, un salario que sea suficiente y necesario para satisfacer las necesidades vitales del trabajador y su familia como indica la constitución. La cara B de su propuesta, la letra pequeña, es cómo dicen que quieren hacer posible la subida de salarios: con la desregulación de las relaciones laborales. Es decir, eliminar los restos de los pocos derechos que vayan quedando, la ley de la jungla para los trabajadores, eso sí, a los empresarios, por ley, bajarles las cotizaciones. Y de propina medidas limitantes del derecho de huelga así como medidas xenófobas e inhumanas, bonificando cotizaciones a empresas que contraten a “españoles” con la sangre limpia de impurezas raciales.
Por otro lado, las propuestas electoraleras autodefinidas como andalucistas han dejado y dejan mucho que desear a la clase obrera andaluza. En primer lugar, ninguna pone en cuestión el régimen post franquista que mantiene, en lo esencial, el régimen de colonia de la economía andaluza. Este régimen colonial tienen muchas manifestaciones pero nos vamos a centrar ahora en una sola. El crecimiento económico de la Oligarquía española durante todo este tiempo de desregulación laboral, aunque exiguo ha sido el único posible por el papel que ocupa el Estado español en la economía mundial. Para evitar ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia no existe remedio más eficaz que aumentar la explotación de la clase obrera. Pues bien, mientras que el crecimiento económico de la Oligarquía significaba disminución del paro por regla general, en las colonias interiores del Estado español significaba lo contrario: aumento del paro.
Las organizaciones autodefinidas como andalucistas, al aceptar el régimen post franquista se convierten al mismo tiempo en candidatas a poder ejecutar las leyes del Estado, que es el papel fundamental que la Constitución de la Oligarquía española del 78 tiene previsto para las comunidades autónomas. Ya sea de izquierda o de derecha, más españolistas o menos españolistas, desde la clase obrera andaluza no vemos ni un resquicio de ruptura con el régimen, con las Instituciones centrales del Estado o con las políticas anti obreras que emanan de las Cortes españolas. Las más de izquierda, como mucho, se plantean la defensa del Estado del Bienestar, pero sin luchar contra la principal fuente del desmontaje del mismo, la Unión Europea.
Infante ya dejó dicho y escrito que los andaluces no somos ni queremos ser europeos, somos euro-mediterráneos, euroafricanos, y que España es el amo que nos impuso Europa. De manera que, las instituciones del estado español así como las de la UE no son más que herramientas de dominación de clase y de pueblos para los intereses de las burguesías monopolistas europeas al servicio de los grandes capitales euro –norteamericanos e internacionales. No son más que marcos y reglas para y al servicio de la acumulación de capital. Además, y para más inri, el gobierno autonómico andaluz no tiene competencias sobre las relaciones laborales. En definitiva, las herramientas del amo no pueden servir como herramientas de liberación ni nacional ni de clase. Esa liberación solo podrá venir de la lucha y auto-organización del pueblo y su clase obrera andaluces.
Las actuales propuestas del andalucismo cuando concretan medidas para defender los derechos laborales de la clase obrera, como mucho se quedan en la derogación de las contra-reformas laborales de Rajoy y Zapatero y en la recuperación de las pérdidas de poder adquisitivo hasta 2008. Como si las contra-reformas, legislaciones laborales y acuerdos de recorte de derechos y salariales aprobadas por los gobiernos de Aznar, González y Suárez no hubiesen sido anti-obreras y no hubiesen manteniendo esa tendencia desde la transición de recortes sistemáticos en los derechos conquistados con lucha y sangre por los trabajadores a la dictadura franquista. Por tanto, proponen una enmienda parcial, no a la totalidad, proponen una mejora al régimen postfranquista surgido en la Transición respecto a cuestiones de derechos de la clase obrera pero no un cambio en la tendencia que hemos analizado. En definitiva, propuestas, programas políticos y sindicales que dicen pretender mejorar la situación de la clase obrera y sus condiciones de vida, falsas promesas democráticas y de derechos. Pero lo que necesitamos es una propuesta de lucha para revertir esta tendencia histórica hacia empeoramiento de nuestros derechos y condiciones de vida.
El capitalismo es un sistema que se fundamenta en la acumulación de capital por la burguesía, constituida en clase dominante del mismo, una minoría enriquecida astronómicamente a costa del empobrecimiento de la mayoría a clase obrera. Esa es la esencia del sistema sin la cual no podría existir, de manera que si desde las instituciones del sistema capitalista hay un “regalo” o una entrega de derechos a los trabajadores sin que haya habido una previa lucha de éstos, eso es un “caramelo envenenado”. Si nos dicen que nos van a dar derechos, eso sí, siempre que “votamos bien”, si nos portamos bien, si no hacemos huelgas, ni sindicatos, ni reivindicaciones, en realidad lo que están diciendo que van a hacer son nuevos robos a la clase obrera, para compensar y evitar la caída de su tasa de ganancia, que pueden evitar así, aumentando la explotación de los trabajadores. La clase obrera solo conquistamos derechos y verdaderos avances cuando son fruto de un proceso de lucha como, por ejemplo, ocurrió en el Estado español durante el franquismo. Cuando conseguimos derechos los trabajadores/as ha sido y es cuando las direcciones sindicales nos convocan y han convocado a la lucha y movilización y no cuando convocan a votarles. Pero además de luchar contra todas las contra-reformas laborales y las consecuencias de las mismas, tenemos que luchar contra sus causas, que no son otras que el capitalismo y el marco de acumulación de capital que son, para la clase obrera andaluza, el Estado español y la Unión Europea.
Pero no está todo perdido. Bajo las entrañas del sistema, en la clandestinidad en los países sin libertades democráticas y en la semiclandestinidad en el resto de países, democráticos en apariencia pero dictatoriales siempre para la clase obrera, los pobres, y los pueblos explotados y sometidos, quedan los rescoldos de los pueblos conscientes y organizados. Rescoldos que bajo las condiciones apropiadas se volverán a convertir en fuego devastador del sistema capitalista, porque... ¡Todo está por ganar!