Constitución andaluza y Estado de Alarma (III)
El derecho a la educaci´ón

Con el estado de alarma decretado por el gobierno de España y el confinamiento en las casas a raíz de esta pandemia, muchos derechos y libertades constitucionales han sido afectados, cancelados o severamente restringidos, obviamente empezando por el derecho a la libre circulación, a la libertad personal, el derecho de reunión, la libertad sindical, pero también lo ha sido el derecho a la educación.

El viernes 13 de marzo la Junta de Andalucía ordenó que a partir del lunes 16 de marzo  fuese suspendida la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz en todas sus etapas, literalmente de un día para otro, sin más, cerrojazo a los centros sin ningún tipo de instrucciones, de coordinación, de planificación y preparación previa. Recordemos que la enfermedad se conoce desde mediados de diciembre de 2019, en enero el gobierno español puso a disposición de los investigadores  todos los medios necesarios y los primeros casos en España son de finales de febrero.

Según el artículo 27.6 de la constitución española del 78: “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos  a la educación, …con la participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.”

Los centros docentes son, por tanto, constitucionalmente el sustento material para la garantía del derecho a la educación, pero con el cierre de los centros y la suspensión de la docencia presencial  ordenada por la Junta de Andalucía,¿cómo ha quedado afectado ese derecho a la educación de todos?, pues dichos centros, de facto, mediante la mencionada orden de la Junta de desempeño de la actividad docente de manera telemática, han sido sustituidos por los domicilios particulares de los maestros y maestras, profesorado, familias y alumnado, por sus habitaciones o despachos, por sus mesas, sillas y ordenadores personales o sus tablets, por sus conexiones a internet, por sus teléfonos móviles y sus datos, en definitiva, por las propiedades personales y por la buena voluntad y formación del profesorado para buscar y utilizar software, plataformas, recursos digitales en las redes, y por su capacidad para adaptar programaciones y materiales didácticos a las peculiaridades de las enseñanzas on line, y todo esto literalmente, de un día para otro y sobre la marcha.

En resumen, el poder público, la comunidad Autónoma de Andalucía que tiene las competencias de educación, ha hecho dejación de sus obligaciones, ha dejado de disponer los medios materiales para garantizar el derecho a la educación de todos, para que pasemos a garantizarlo, profesorado, alumnado y familias, y esto sin ninguna participación efectiva de los sectores afectados en semejante decisión. Si, esos mismos que se declaran constitucionalistas, que han dicho hasta la saciedad que la ley hay que cumplirla, y que la constitución hay que cumplirla.

La ministra de educación declaraba tras la reunión con los consejeros de educación de las comunidades que: “El curso no se va a perder por esta suspensión de la docencia presencial,  y retornaremos a las aulas a mediados o finales de mayo antes de su finalización”.

Las autoridades educativas de la Junta de Andalucía, tras 20 días sin unas instrucciones u orientaciones de como implementar la actividad docente telemática, por fin las publican mediante una circular de 2 abril de 2020, y nos dicen: “El objetivo último debe ser que ningún estudiante se vea afectado en su rendimiento escolar por esta situación, no achacable a su voluntad sino a las circunstancias tan especiales que vivimos”. A parte del eufemismo, la situación es que estamos confinados en nuestras casas, y las circunstancias tan especiales es que hay una pandemia, con muchos infectados y muertos y un estado de alarma decretado por el gobierno y prorrogado por las cortes.

Pero…¿podremos profesorado, alumnado y familias con nuestros propios medios y recursos, garantizar el derecho a la educación de todos, conseguir el objetivo que nos marca la consejería de Educación y evitar que se pierda el curso, como quiere la ministra?, ¿y que van ha hacer o están haciendo esos poderes públicos?

Según el informe de La Sociedad Digital en España casi el 20 % de los hogares andaluces carece de acceso a Internet. Según el documento de estrategia de infraestructuras de telecomunicaciones de Andalucía 2020 de la Consejería de empleo, empresa y comercio,  esta estrategia  pretende lograr que el 50 % o más de los hogares andaluces estén abonados a conexiones de Internet de 100 Mpbs o superior. En el curso 2019/2020 según los propios datos de la consejería 1.813.000 es el alumnado entre la pública, la privada y la concertada en todos los niveles que hay en Andalucía.

Por tanto, sin hacer muchas más cuentas podemos decir que cientos de miles de alumnos/as en Andalucía no tienen acceso a Internet, y por tanto, mientras durante esta suspensión de la actividad docente presencial, con una docencia telemática,  no tendrán derecho a la educación.

A todo ese alumnado sin internet ni dispositivos para su acceso, que queda sin derecho a la educación, hay que añadir el alumnado que aunque  disponga de conexión a Internet, no pueda disponer de un ordenador propio o una tablet, porque en el hogar solo tengan uno o dos dispositivos y sean varios hermanos/as y/o que los padres tengan que usarlos para teletrabajar.

Y no digamos el alumnado más desfavorecido socio-económicamente, que no es solo que no disponga de conexión a Internet ni dispositivo, sino que ni si quiera tiene una habitación o sitio adecuado para estudiar, porque toda la familia vive en una vivienda pequeña de 50 o 60 m2.  Solo recordar que los datos de paro en Andalucía son de los mayores de todas las comunidades, o que la mayoría de los barrios más pobres y deprimidos de España están en las ciudades andaluzas.

Bueno, y que van ha hacer o están haciendo los poderes públicos competentes en este caso, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para al menos garantizar que esa delegación de sus obligaciones constitucionales pueda ser desempeñada correctamente por el profesorado, el alumnado y las familias.  Pues mediante la mencionada circular de 2 de abril, sobre procesos de enseñanza-aprendizaje en esta “situación” de docencia telemática, insisto, 20 días después de ordenar el cierre de los centros, nos dicen que; los órganos de los centros educativos; equipos y departamentos de orientación, de coordinación docente y pedagógica, órganos colegiados, tutores y tutoras, profesorado y equipos directivos “desarrollen las actuaciones que estimen pertinentes para garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje”, “…y la atención personal, educativa y emocional del alumnado”, que rehagan y modifiquen las programaciones educativas y todos sus elementos para adaptarlos a la enseñanza telemática, y aquí viene lo bueno, o lo mejor, para “aquel alumnado que, por distintas circunstancias de índole socio-económica, no pueda acceder a los medios telemáticos a través de los cuales se desarrollan en estos momentos los procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de evitar que la brecha digital incida de manera negativa en el rendimiento del alumnado”, “se establecerán mecanismos de  comunicación a través de contacto telefónico o correo postal. Tanto para la comunicación de las tareas y actividades como para la recogida de las mismas.”

Y eso es todo, amigos, para cientos de miles de alumnos y alumnas andaluces, en pleno confinamiento durante el estado de alarma la Consejería de Educación propone que tengan una educación consistente en llamadas telefónicas y cartas postales de sus maestros, profesores y tutores. Y para el resto, que el profesorado lo hagamos todo, que hagamos lo que estimemos pertinente y necesario, incluyendo el apoyo emocional.

Y en la circular piden al profesorado y los centros que tomen “las medidas de atención a la diversidad que se estimen necesarias para asegurar la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo”. Consejos vendo, que para mí no tengo, ¿y qué hace la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en estas condiciones de confinamiento y enseñanza telemática decretada por ellos mismos para que el alumnado que no tiene Internet pueda tener “igualdad efectiva, acceso y permanencia en el sistema educativo” de la misma manera que el alumnado que sí tiene acceso a Internet?.

Y para el alumnado que tiene Internet y ordenador, y va a tener el derecho a la educación telemático, los padres y madres tienen que hacer de maestros y maestras en sus casas, hacerles el horario escolar a sus hijos, explicarles, ayudarles y resolverles dudas de las tareas, y para los más pequeños descargarles las tareas, mandar las realizadas a los maestros/as, todo ello al tiempo que esos padres y madres en algunos casos tienen que teletrabajar. Y los maestros/as y profesores/as,  tienen varios grupos de alumnos/as y/o imparten varias asignaturas, tienen que realizar todo su trabajo adaptando todo sobre la marcha a la enseñanza on line. Todo ello padres, madres, maestros y maestras y profesorado en su conjunto debemos realizarlo, no lo olvidemos,  en situación de confinamiento severo, de encierro domiciliario, con incertidumbre sobre la duración del mismo, con incertidumbre ante el futuro en general y laboral en particular, con saturación informativa negativa sobre la pandemia, información del aumento diario de los datos de infectados, contagiados y muertos, con miedo al contagio o a multas cuando tengamos que salir a la calle por las necesidades y supuestos previstos legalmente, con un trabajo que tenemos que realizar en nuestra casa, el profesorado, sin que eso haya sido elegido voluntariamente, que se expande en las 24 horas del día e incluso se mezcla lo laboral con lo personal, en definitiva, unas condiciones laborales psicológicamente exigentes, que pueden provocar estres, sobrecarga de trabajo, ansiedad, depresión, síndrome de estar quemado, etc Vamos a tener que ir haciendo aplausos también para maestros, padres y madres que están haciendo de maestros con sus hijos e hijas, porque desde los poderes públicos, no podemos esperar, por lo que se ve mucho más que la mencionada circular de de la Consejería de Educación.
 
Ya es hora de valorar y reconocer a nuestros servicios públicos y a los profesionales que los prestan;  la sanidad, la educación, los cuidados en especial a personas vulnerables, mayores, dependientes, etc. y ya es hora de mejorar la inversión en los mismos y revertir los recortes y prohibir las privatizaciones, porque la salud, la educación y los cuidados de nuestros mayores no solo no se deben deteriorar o poner en riesgo, sino que no se debe hacer negocio con ellos, ahora estamos viendo más claramente las consecuencias.

Seamos positivos, que es lo que nos dicen en los medios estos días, y además de la anterior enseñanza que extraemos de esta crisis, imaginemos también una legislación y un estado más favorable a los servicios públicos, y en particular a la educación y a la cultura. Indagando un poco en nuestra historia.

Hace ya casi un siglo, Blas Infante planteaba su candidatura a las cortes constituyentes  de la II  república, y la explicaba en su libro “La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía”. En el mismo, sobre la educación planteaba, una critica al gobierno de la II república por “seguir considerando a las Universidades, institutos y escuelas como  centros burocráticos elaboradores de títulos de capacidad que engañan al pueblo.” Y defendía como criterio de su candidatura, que aquellas (universidades, institutos y escuelas) debían convertirse en “centros de preparación cultural e investigación científica con profesores contratados.” Reivindicaba: “ejercicio libre de la enseñanza y de profesiones y el discernimiento por el pueblo con su reconocimiento práctico de las verdaderas capacidades.” Terminaba reivindicaba una: “enseñanza en todos sus grados absolutamente gratuita, con la obligación para las empresas industriales y comerciales de compensar con horas de trabajo extraordinarias, las ordinarias que necesitaran los estudiantes obreros para las asistencia a las clases.” Juzguen cada uno si estas críticas y alternativas pueden tener actualidad y necesidad de consideración hoy en día.

En el Manifiesto Andalucista de Córdoba de 1919, Blas Infante y el andalucismo histórico proponían hacer efectiva la constitución Andaluza aprobada por la asamblea federalista de Antequera en 1883, la cual proponía en su artículo 9 la educación como derecho para la autonomía individual: “El derecho a la instrucción gratuita hasta en sus más altos desarrollos”. Infante y los propios andalucistas en el Manifiesto de Córdoba lo desarrollaban: “Queremos dotar de absoluta autonomía a los Centros de Enseñanza, instrucción gratuita en todos sus grados y la enseñanza obligatoria…”, “Queremos que el Estado Regional mantenga un ejército de maestros y profesores, con pensiones periódicas en el extranjero, los cuales sirvan las escuelas y Centros docentes de la Región, aportando a ellos los alientos civilizadores de Europa”. “Queremos que el Estado Regional mantenga un ejército de médicos e higienistas, que cuiden de la salud...y velen por la salubridad de municipios y región”.

Mas atrás en nuestra historia el propio Infante busca también ejemplos positivos e inspiradores, dice en el libro “La verdad sobre el complot de Tablada…”: “En Andalucía (ya en el s. VIII) todo el mundo sabía leer y escribir. Europa germánica, es un anfictionado, bárbaro, inspirado por el Pontífice de Roma. Nadie, ni aún los nobles, exceptuando al clero, sabía leer y escribir.” “Pequeños reinos, (Taifas) eran academias presididas por los príncipes. Europa, viene a aprender a nuestras universidades. Traduce nuestros libros y prepara con ciencia andaluza su renacimiento. Todos sus grandes hombres, teólogos, filósofos, médicos, poetas, son discípulos de Andalucía”

David Juliá Díaz

Por secretaría federal colegiada 29 de abril de 2025
A petición de la Federación General de Sindicatos de Gaza, el Sindicato Unitario de Andalucía se suma al llamamiento Internacional para que el día 1 de Mayo, los sindicatos de clase expresen su solidaridad y apoyo al pueblo palestino y presionen a sus gobiernos para que el fin del genocidio sionista, europeo y estadoudinense sobre la población palestina se produzca lo antes posible. Desde el Sindicato Unitario de Andalucía, siempre hemos apoyado al pueblo palestino y a todos los pueblos del mundo que luchan por su liberación del imperialismo y el capitalismo occidental, y no solo desde que empezó el actual genocidio israelí el 7 de octubre, sino desde que se fundó este sindicato sobre la base de la defensa de la clase obrera y sobre la solidaridad internacionalista con todos los pueblos del mundo y sus organizaciones de resistencia. Los trabajadores andaluces no somos ajenos a lo que está pasando en Palestina: somos parte del conflicto aunque no nos llegue aún la destrucción que está padeciendo Palestina: la situación de precariedad de la clase trabajadora andaluza, tanto la autóctona como la inmigrante es motivada por la falta de soberanía económica y política, y por la imposibilidad de conseguirla sin la derrota del colonialismo occidental en Palestina, Líbano, Siria, Ucrania, y en todos los puntos de conflicto presente y futuros. La utilización de nuestro territorio para suministrar armamento a la entidad sionista de Israel y a las bases norteamericanas en todo Oriente Medio, así como las bases norteamericanas y españolas en territorio andaluz, nos meten en una guerra que de producirse una escalada puede tener consecuencias de gravedad para toda la clase trabajadora andaluza, con la destrucción del tejido productivo, del medio ambiente y la pérdida de innumerables vidas. Por estos motivos, la lucha del pueblo palestino es nuestra lucha, somos parte del conflicto y como tal debemos actuar: expresando nuestra solidaridad, apoyando la causa palestina y a sus organizaciones de resistencia y luchando contra el imperialismo y capitalismo hegemónico, causa de todas las guerras y agresiones a los pueblos que no aceptan la imposiciones. Si estás de acuerdo con nuestros argumentos, te esperamos el próximo 1 de mayo en la manifestación que el SINDICATO UNITARIO DE ANDALUCÍA convoca en la ciudad de Huelva,en la plaza del antiguo estadio Colombino, en la Avenida Alcalde Federico Molina Orta, a las 12 h. Llamamiento de la Federación General de Sindicatos de Gaza a los sindicatos de los Estados Unidos y del mundo en vísperas del Día Internacional de los Trabajadore s A los sindicatos libres de los Estados Unidos de América y del mundo, y a todos los trabajadores y sindicalistas libres que luchan por la justicia, la libertad y la dignidad humana, Les saludamos en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, un día que encarna la unidad y la solidaridad de los trabajadores para hacer frente a la opresión y la explotación. Elevamos la voz de los trabajadores de Gaza, que hoy están a la vanguardia de la lucha contra las formas más atroces de genocidio, asedio y hambruna, impuestas a nuestro pueblo durante décadas y que continúan hasta el día de hoy con el apoyo directo de la administración estadounidense bajo Donald Trump, y las administraciones anteriores, en flagrante violación de todas las leyes humanitarias e internacionales. Estimados miembros de los sindicatos estadounidenses y mundiales: Durante más de 16 meses, Gaza ha sido objeto de un ataque brutal que ha resultado en el martirio de decenas de miles de civiles inocentes, incluidos miles de trabajadores, junto con la destrucción sistemática de infraestructura, hogares, hospitales, escuelas y fábricas. La ocupación ha despojado a Gaza de todos los medios de vida, sin librar a ningún sector productivo o de servicios de la devastación sistemática, lo que ha llevado al colapso de la atención médica, los servicios públicos, la educación y la economía. Millones de palestinos se encuentran ahora desplazados, sin alimentos, agua, refugio, electricidad ni medicinas. El genocidio se encuentra en una peligrosa escalada. La ocupación continúa su política de hambruna colectiva cerrando los cruces e impidiendo la entrada de ayuda humanitaria, poniendo a nuestro pueblo en riesgo de hambruna masiva mientras la comunidad internacional sigue impotente, silenciosa o incluso cómplice de este crimen de lesa humanidad. Estas políticas no tienen como único objetivo subyugar a nuestro pueblo, sino que forman parte de un régimen colonial de asentamientos destinado a borrar por completo la existencia palestina. Queridos camaradas: Los trabajadores de Gaza se encuentran entre los más afectados por esta catástrofe. La vida económica se ha detenido por completo, los lugares de trabajo han sido destruidos y decenas de miles de personas se han visto obligadas a permanecer en el desempleo, sin que existan redes de seguridad social. Hoy en día, los trabajadores y sus familias viven en condiciones inhumanas, privados de sus derechos más básicos, luchando por sobrevivir, ya sea por hambre o bajo bombardeos. Esta guerra no habría sido posible sin el apoyo ilimitado de Estados Unidos a la ocupación, ya sea a través de fondos militares, respaldo político y diplomático o acuerdos de armas que matan a nuestros niños, mujeres y ancianos todos los días. El gobierno de Estados Unidos bajo Trump ha continuado lo que el gobierno anterior comenzó, convirtiéndose en cómplice directo del genocidio, ignorando las voces de millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos, y de una abrumadora mayoría de la nación, que rechazan esta brutal agresión. Por lo tanto, hacemos un llamado a ustedes, los sindicatos estadounidenses, para que traduzcan su solidaridad en acciones efectivas que vayan más allá de las declaraciones y discursos y creen una presión real para detener esta guerra sucia. Basheer Al-Sisi, Secretaría General de la Federación General de Sindicatos Palestinos-Ciudad de Gaza
Por Secretaría Geeral Colegiada 2 de febrero de 2025
Reducción de la jornada laboral, sin reducción de salario. De entrada suena bien y parece una propuesta del interés de los trabajadores y trabajadoras, un avance en la conquista de nuestros derechos. ¿Es realmente así? Hay que tener en cuenta los antecedentes inmediatos del gobierno “progresista” que prometía en campaña electoral y, luego firmaban en su acuerdo de gobierno, la derogación de la reforma laboral y la derogación de la ley mordaza. Ambas promesas incumplidas, en particular, la derogación de la reforma laboral, que quedó en una reforma de la reforma laboral de Rajoy, presentada por este gobierno “progresista” y aprobada por el parlamento gracias al “error” en la votación de uno de los diputados de la oposición del PP. Reforma laboral del gobierno “progresista” que ha acabado mejorando la anterior del gobierno del PP todavía más a favor de los intereses empresariales. como ya explicamos en un artículo de análisis en su momento (https://www.sindicatounitario.net/prometieron-dorogar-la-reforma-laboral-del-pp-pero-la-han-mejorado). Tengamos también en cuenta también los antecedentes históricos de reducciones de jornada laboral, conseguidas por la clase obrera gracias a su lucha. A principios del siglo XX, la jornada de trabajo era de 12 horas al día y 6 días a la semana, sólo se descansaba los domingos. Esto culminó con la promulgación de la Ley de Jornada de Trabajo el 3 de abril 1919, que estableció la reducción a 8 horas diarias de la jornada laboral, conquista que se consiguió tras una larga lucha obrera con una huelga que comenzó el 5 de febrero de 1919, con una duración de 40 días en la empresa la Canadiense y que consiguió una casi paralización de la industria catalana. La huelga concluyó con éxito consiguiendo además otras reivindicaciones. La letra pequeña de aquella conquista contenía mejoras salariales, readmisión de obreros despedidos y la liberación de miles de detenidos. Con la dictadura franquista la duración del trabajo llegaba a alcanzar las 60 horas semanales, aunque esta cifra se redujo posteriormente a 48 horas. Aquella conquista obrera contrasta hoy con lo que parece un derecho “regalado” por el gobierno. Por ello, nos podemos planear si los derechos laborales se conquistan con la lucha obrera o también pueden ser cedidos sin una lucha previa por gobiernos “progresistas” de turno. Y si los derechos se conquistan con lucha obrera ¿dónde está el truco de este aparente regalo de un nuevo derecho? No sería la primera vez que se reduce la jornada laboral sin lucha ni victimas obreras previas. El primer gobierno del PSOE en democracia, con Felipe González de presidente, redujo la jornada laboral desde las vigentes 42 en jornada completa y 43 en jornada partida, a 40 horas semanales. Sin embargo, “la letra pequeña” del decreto del gobierno permitió a la Patronal ganar en los tribunales la distribución irregular del horario, dentro de la jornada laboral anual, hasta un 10 % del total. Lo que daba al empresariado el poder de ampliar o reducir unilateralmente, según sus necesidades productivas, la jornada laboral de 40 horas semanales. La gota que colmaba el vaso para los sindicatos fueron las instrucciones del gobierno sobre la aplicación del decreto de reducción de la jornada laboral que además la retrasaban en el tiempo y que supusieron enfrentamientos entre PSOE y UGT. Algo similar ocurre ahora, el actual PSOE que ha pretendido que la implantación de la medida acordada de reducción de la jornada laboral no sea inmediata sino que abre un proceso en el que se alarga el plazo en su aplicación.En la época anterior del gobierno González, en el PSOE estaban, los denominados por la prensa, guerristas y los renovadoresl Las alas izquierda y derecha respectivamente Ahora tenemos el PSOE por una parte y Sumar por otra, pero el guión de la obra sigue siendo similar. Cada uno atendiendo a un “nicho de mercado” electoral. Uno hace el papel de izquierda responsable que concilia intereses del sector empresarial y de los trabajadores y otro se presenta como garante de los intereses de los trabajadores y que para ello obliga a girar hacia la izquierda al gobierno, siendo este el marco de la pelea en esta materia entre el ministerio de trabajo de Sumar y el de economía del PSOE. El reciente acuerdo firmado por la ministra de trabajo Yolanda Díaz, en nombre del gobierno, y los sindicatos (CCOO y UGT) para reducción de jornada laboral, dice que: La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual . Es decir, lo que se reduce es el tiempo de trabajo computado anualmente a una jornada laboral promedio anual de 37,5 horas. Que no es lo mismo que reducir, sin más, la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El propio cartel de propaganda de CCOO y UGT sobre el tema, y con la que convocan manifestaciones en contra de la oposición parlamentaria de la derecha contra la reducción de jornala pactada por el gobierno, emplea el lema “Por la reducción del tiempo de trabajo”. No reivindican la reducción de la jornada de trabajo ¿Por qué no emplean el término correcto? ¿se equivocan sin más o lo hacen intencionadamente? El tiempo de trabajo es simplemente todo el tiempo que el empleado está a disposición del empleador y ejerce su actividad laboral. Es independiente de cómo se distribuya. El tiempo total de trabajo se divide en jornadas de trabajo semanal o diaria y esta última se divide en horas. La jurisprudencia en el Estado español establece que es legal trabajar un máximo de unas 1800 o 1826 horas al año, lo que se traduce en una jornada laboral promedio en cómputo anual de 40 horas semanales. Así, que en realidad, CCOO y UGT sólo han pedido y firmado la reducción del número total de horas anuales, no han pedido ni firmado reducir la jornada laboral semanal o diaria. Tan sólo que al reducir las horas trabajadas anualmente resulta una jornada laboral semanal promedio reducida de 40 a 37,5 horas. Pero la jornada laboral semanal y diaria de todas y cada una de las semanas y días del año no se van a reducir. Esta reducción del tiempo de trabajo anual puede ser el fundamento para una nuevas exigencias de la Patronal como pueden ser el aumento de los ritmos de trabajo, del poder de control sobre los trabajadores o de una ampliación de la distribución irregular de la jornada de trabajo a realizar por parte del empresariado, gracias a que se amplíe el límite legal vigente actualmente en el Estatuto de los Tabajadores del 10 % de la jornada laboral anual. Se trataría de hacer legal y general lo que ya en la práctica ocurre en muchas empresas, donde tienen distribución irregular de una buena parte o la totalidad de su jornada laboral anual como las trabajadoras de las cooperativas agrícolas andaluzas o las de ayuda a domicilio, por ejemplo. Así el empresariado podrá ampliar más todavía su poder sobre nuestra vida, decidiendo unilateralmente y sin acuerdo previo sobre mayor cantidad de tiempo de la jornada laboral, convocándonos a trabajar cuando le interesa según las necesidades de la producción y organización empresarial. Incluso avisando el mismo día o cuando estas de vacaciones o al contrario mandándonos a casa en jornada laboral prevista, cuando hubiese menos trabajo, quedando el trabajador a deber las horas no trabajadas ese día, para hacerlas otro rebasando así la jornada límite de 40 horas semanales y además sin computar ni pagarlas como horas extras. Ahorrando de esta manera costes y haciendo más rentable su empresa a costa de nuestra calidad de vida, de nuestra vida familiar, ocio, necesidades y de nuestra libertad en la organización de nuestro tiempo, tratándonos todavía más como piezas del engranaje de su maquinaria productiva. Por otra parte, el promedio siempre implica la necesidad de un control exhaustivo de las horas anuales trabajadas para calcular efectivamente si se ha respetado el límite promedio máximo de jornada laboral. Con lo cual la práctica de rebasar ampliamente el límite tanto antes con las 40 horas semanales como ahora con las 37,5 horas semanales de jornada laboral es legal, y no se puede determinar si hay ilegalidad hasta posteriori, pasado un año y hechas las cuentas, con lo cual está servida la base para que las empresas ni siquiera respeten y cumplan la legalidad del promedio de jornada laboral en computo anual. De manera que si tu empresa no respetaba las 40 horas, seguirá teniendo condiciones para no respetar las 37,5 horas. Sin embargo, si lo reivindicado, pactado y firmado hubiera sido una jornada laboral de 37,5 horas semanales, cualquier trabajador o trabajadora podría comprobar de manera sencilla, objetiva e inmediata al finalizar su jornada laboral diaria o semanal, si está habiendo una ilegalidad por parte de la empresa o no. Tampoco en el acuerdo actual sobre reducción de la jornada de trabajo hay ninguna referencia a la Inspección de Trabajo y respecto a las sanciones a las empresas por incumplimiento de la legislación laboral, en particular lo relativo al tiempo de trabajo, abuso de horas extraordinarias ilegales y no pagadas, superación de la jornada máxima legal de trabajo, etc. Las cantidades de las sanciones son relativamente exiguas y van de los 1.000 a 10.000 euros como máximo, totalmente asumibles para los márgenes de beneficios de las medianas y grandes empresas. Por comparar la cuantía de sanciones, en el Código de Tráfico y Seguridad Vial, por un aparcamiento ilegal o pisar una línea continua la multa son 200 euros, que para un trabajador o trabajadora que cobre el salario medio en España que es de unos 1320 euros mensuales, representa el 15 % de su salario mensual. Sin embargo, a una empresa por incumplir la legislación laboral, en el improbable caso de una Inspección de Trabajo y que esta concluya con sanción, las sanciones contempladas en el acuerdo no son un porcentaje sobre beneficios de la empresa del orden del 15 % como si es para cualquier trabajador una sanción mínima por incumplir el código de circulación. También merece especial mención el registro de jornada por medios digitales para el control del tiempo de trabajo, incluido también en el acuerdo y justificado para “impedir la proliferación de horas extraordinarias ilegales e impagadas”. Así, es el propio empresariado el que gestionará y controlara el registro de jornada digital ¿Lo va a emplear para impedir el abuso de horas extraordinarias y otros abusos sobre el tiempo de trabajo que él mismo lleva a cabo? ¿O más bien lo empleará como una especie de manijero o capataz digital para reforzar su poder y control sobre sus trabajadores y trabajadoras y controlarles al segundo el tiempo que trabajan? Ya tenemos ejemplos de prácticas en empresas que descuentan como tiempo de trabajo incluso tiempo de ir al servicio o de descanso para bocadillo. Y ya tenemos a la Patronal desbocada pidiendo, ante la inminente aprobación de la medida en el parlamento, que se apruebe en la tramitación de la medida un nuevo motivo de despido disciplinario, a saber, no rellenar el registro de jornada por un o una trabajador/a. Aumentando así la presión, estrés de los trabajadores/as que simplemente por un olvido puntual de un día en hacer el registro de jornada se ven verían abocados a la pérdida de su puesto de trabajo. Finalmente una reflexión. Subyace en la propuesta de la reducción de la jornada laboral, la idea que con el avance científico y tecnológico de los medios productivos y el consecuente incremento de la productividad derivada de los mismos se abre un horizonte de reducción progresiva de la jornada laboral. Claro, por negociación y acuerdos de gobiernos “progresistas” y sindicatos “responsables” para, con todo ello, conquistar derechos laborales y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, sin necesidad de organización y lucha obrera. Sin embargo, una de las formas en que la casta empresarial en el sistema capitalista tiene de acumular capital, de aumentar sus beneficios, ante las crisis y la caída de la tasa de ganancia, es extender el tiempo de trabajo, prolongar y no reducir la jornada laboral. Así como también intensificar los ritmos de trabajo para aumentar la explotación de la clase obrera, aumentar la extracción de plusvalía y con ello aumentar los beneficios. De manera que es una quimera, pensar que bajo el capitalismo, aunque el desarrollo científico y tecnológico lo permitiera, se podrá reducir el tiempo de trabajo de manera significativa para tener una vida en libertad y con tiempo y capacidad para desarrollar todas las potencialidades de cada trabajador trabajadora como ser humano. Además, cuando la clase empresarial acepta una reducción hasta cierto punto del tiempo de trabajo, suele incluir un aumento de los ritmos de trabajo, una distribución más irregular de la jornada y otras ventajas más para acabar ganando productividad y beneficios, como vemos en la evolución histórica de estas reducciones. Marx, en el manifiesto inaugural de la I Asociación Internacional de los trabajadores en 1864 hablaba de la lucha por la limitación de la jornada de trabajo, haciendo referencia a la conquista de las 10 horas diarias por ley tras 30 años de lucha por la clase obrera inglesa como una victoria. Decía que dicha conquista “decidía sobre la gran disputa entre la dominación ciega ejercida por las leyes de la oferta y la demanda, contenido de la economía política burguesa y la producción social controlada por la previsión social, contenido de la economía política de la clase obrera”. Marx, también decía en su obra Salario, precio y ganancia , que la clase obrera debemos inscribir en nuestras banderas la consigna de la abolición del trabajo asalariado. De esta manera, sólo cuando superemos el trabajo asalariado, podremos reducir significativamente la jornada de trabajo al tiempo que producir y distribuir los bienes y servicios necesarios para la Vida nuestras sociedades. En el referido manifiesto, Marx reflexionaba sobre el trabajo cooperativo como alternativa al trabajo asalariado: nos referimos al movimiento cooperativo y, sobre todo, a las fábricas cooperativas creadas, sin apoyo alguno, por la iniciativa de algunos audaces... han mostrado con hechos, no con simples argumentos, que la producción en gran escala y al nivel de las exigencias de la ciencia moderna, puede prescindir de la clase de los patronos... y han mostrado, por fin, que lo mismo que el trabajo esclavo, lo mismo que el trabajo siervo, el trabajo asalariado no es sino una forma transitoria inferior, destinada a desaparecer ante el trabajo asociado. Pero también afirmaba los requisitos del trabajo cooperativo para que realmente fuera liberador para la clase obrera, debía ser impulsado y promovido a nivel nacional por los poderes de la nación: para emancipar a las masas trabajadoras, la cooperación debe alcanzar un desarrollo nacional y, por consecuencia, ser fomentada por medios nacionales”. Marx concluía sus reflexiones sobre la lucha por la limitación de la jornada laboral y el trabajo asociado cooperativo diciendo que: la conquista del poder político ha venido a ser, por lo tanto, el gran deber de la clase obrera” En definitiva, sólo cuando desde el Poder acabemos con el trabajo asalariado, y las relaciones que fundamenta de explotación y caracterizado por la alienación, ajenidad, dependencia y subordinación, y cuando lo sustituyamos por otras relaciones de producción, por un trabajo asociado, cooperativo donde, los trabajadores y trabajadoras tengamos el control democrático de la organización y gestión del trabajo, la decisión sobre la producción y sobre los excedentes, la planificación de la economía, etc. tanto a nivel de empresa, sector y nación, mediante el Poder del Estado en manos de la clase obrera para establecer este trabajo cooperativo nacional, entonces podremos reducir el tiempo de trabajo significativamente para poder desarrollarnos como seres humanos plenos y libres al tiempo que compatibilizarlo con satisfacer globalmente las necesidades de toda la sociedad, de toda la comunidad donde está inmersa esa clase obrera. Un poder político de esa naturaleza, necesario para establecer un nuevo tipo de trabajo, el trabajo asociado cooperativo, necesitará de una constitución social que tenga precisamente ese objetivo de acabar con el trabajo asalariado.Tal propuesta constitucional ya existe en nuestra historia, la constitución Andaluza de 1883, cuyo objetivo declarado es la independencia económica de todos, conseguir la verdadera justicia social. La Constitución Andaluza fue redactada por los republicanos federales andaluces en 1883 con un fuerte componente obrero y liberador. Así, establece como miembros del poder legislativo nacional a representantes obreros, “diputados profesionales o de clase” con iguales derechos que los diputados representantes de la población, y todos elegidos por sufragio universal, libre, directo… Y plantea que el trabajo asociado, con disposiciones como la del cultivo y colonización de los bienes raíces de la región y su explotación industrial por parte de las referidas sociedades obreras, como arrendatarias preferidas del Estado. Que una constitución y un poder político de tal naturaleza lleguen a establecerse, depende de la organización y lucha de la clase obrera. Una pequeña parte de la clase obrera andaluza y del pueblo trabajador andaluz organizados en el Sindicato Unitario de Andalucía seguimos reivindicando y luchando por una constitución como la Andaluza de 1883 como herramienta liberadora acertada y justa para nuestro pueblo y nuestra clase.
Por Joan Batle 7 de enero de 2025
El año 2023 después de una larga batalla judicial el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que condenaba a Hacienda a devolver las cantidades cotizadas de más a las antiguas mutualidades entre los años 1967 y 1978. No afecta a todos los pensionistas sino a ramas de actividad como comercio, banca, siderurgia , construcción, etc. que trabajaban en esos años. Se calcula que hayamos de unos 4 millones de PENSIONISTAS en el estado y algo más de 500.000 en Andalucía. Pero, como siempre, en los estados capitalistas cuando hablamos de la clase trabajadora tiene truco. Se decidió un criterio que fue el siguiente: rebajar cada año a partir de 2023 una cantidad que corresponde a un porcentaje del bruto de la pensión, según el número de años que cada pensionista cotizo en ese intervalo de años. La sentencia dictaminó que afectaría solamente a los pensionistas que estuvieran cobrando una pensión de jubilación o de incapacidad. No tienen derecho a devolución alguna los que perciben una pensión de viudedad u orfandad de un antiguo mutualista. Por otra parte, las personas pensionistas de jubilación fallecidas antes de 2019, sus herederos no tienen derecho a nada. Sólo tienen derecho a reclamar los años no prescritos, los herederos de los pensionistas de jubilación e invalidez fallecidos entre los años 2019 y 2023, años no prescritos cuando se dictó sentencia. A partir de 2023 de forma automática y de manera vitalicia se restará directamente a los impuestos que corresponde pagar lo que a cada pensionista le corresponde en la declaración de renta. Y ahí surge una primera cuestión y es que los miles de pensionistas que no están obligados a hacer la declaración de renta se ven obligados a hacerla para recuperar el dinero pagado, sería un mal menor pero que es un problema para los cada vez mas pensionistas que viven solos y para los cuales cualquier trámite administrativo es un mundo. Pero donde hay un problema grave es en la recuperación para los pensionistas de jubilación e incapacidad. Cuando se produjo la sentencia hubo peticiones individuales. Y, para facilitar las cosas, Hacienda habilitó un formulario en marzo de 2024 para recuperar los 4 años no prescritos. Se comprometía a abonarlo 6 meses después de tramitar el formulario. Pues bien, en pleno mes de Diciembre saca una ley en el Parlamento el actual gobierno en la que por ley determina que lo de 2019 se recuperará en 2025, lo de 2020 en el 26, lo del 21 en el 27 y lo del 22 en el 28. Se anula el anterior formulario y cada año, coincidiendo con el período de la renta, se cumplimentara un nuevo formulario. Ante esta arbitrariedad y para evitar a nuestros mayores dolores de cabeza, como sindicato exigimos y luchamos para: Que se produzca la devolución en este año 2025 a los que han tramitado el formulario Volver a colgar el formulario para que aquellas personas que no lo hayan cumplimentado lo hagan antes de 31 de diciembre de 2025. Que todo ello se informe mediante una campaña de anuncios en medios de comunicación. Y finalmente que se haga una campaña para que todas las pensionistas de las antiguas mutualidades hagan la declaración de renta para recuperar lo pagado de mas . Joan Batle
Por Secertaría Federal Colegiada 10 de diciembre de 2024
Para el Sindicato Unitario de Andalucía, la caída de la república árabe siria y la implantación de un califato al frente del nuevo estado sirio, nos provoca la siguiente reflexión. 1. Terroristas al frente del nuevo Estado sirio como una más de las consecuencias de la guerra global que Estados Unidos mantiene contra China. Sin saber aún a cambio de qué, Rusia e Irán han entregado el Estado sirio a los EEUU. Y éstos, a su vez, han subcontratado para la gestión del mismo a las mismas fuerzas terroristas que venían financiando, convertidas y reconvertidas en fuerzas rebeldes de liberación. El repliegue de la hegemonía norteamericana en el mundo está dejando un sangriento reguero de muerte y destrucción en todo el planeta. En nuestro Mediterráneo: Yugoslavia, Iraq, Libia, Palestina. Desde la derrota norteamericana en Vietnam, los EEUU no ha podido ganar una guerra salvo en Granada y Panamá, dos Estados sin ejército. De Somalia salieron con el rabo entre las piernas y desde entonces han tenido que pactar alianzas militares con otras potencias para ejecutar sus crímenes de guerra contra la humanidad. La crisis generalizada que atraviesa nuestro occidente obliga a este repliegue norteamericano que se manifiesta en Siria con el uso el método afgano: se van como gendarmes absolutos, entregando la gestión del Estado resultante a los terroristas de los que se valían hasta hora como fuerzas mercenarias fuera de la ley. Al ponerlos al frente de esos nuevos Estados se ahorran el gasto de su mantenimiento y los cubre de un halo de legitimidad, aunque quedan obligados a compartir estos botines de guerra con quienes dejan como guardianes subcontratados en el Mediterráneo: Marruecos, Egipto, Israel y Turquía. La victoria electoral de Trump representa el cansancio y el agotamiento de la clase dominante norteamericana de ejercer de gendarme mundial y se prepara para la nueva correlación de fuerzas en el mundo, reforzando la lucha comercial y productiva contra China en detrimento de un cada vez más insostenible gasto militar. Incluso podría darse la circunstancia de abandonar la Otan en caso de que sus socios no compartan los gastos en mayor medida. 2. Recentralización y Estados policiales. La ultraderecha cristiana en Occidente y la ulraderecha musulmana en Oriente son las fuerzas políticas que se imponen en esta última (y ¿final?) crisis del liberalismo. Un régimen capitalista, el liberal, que fue sustituyendo al Absolutismo Monárquico e impuesto como referente político, económico e ideológico por las principales potencias euro norteamericanas y encarnado por partidos socialdemócratas en Europa y por los partidos que resultaron victoriosos en la "descolonización" de los años 60 del pasado siglo con el apoyo en uno y otro caso de los partidos comunistas. El ataque despiadado, la persecución y encarcelamiento de militantes comunistas rebeldes al colaboracionismo con el capitalismo, han dejado el campo despejado para, una vez fracasados los experimentos socialdemócratas, la protesta social abrazce a las alternativas ultras derechistas y fundamentalistas que aparecen como los hongos tras una planificada artimaña de las élites en el poder. Protesta alimentada por cada retroceso en las condiciones de vida y trabajo de la inmensa mayoría de los pueblos, artificialmente desmemoriados. Experimentos socialdemócratas tras los cuales los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. El que estas fuerzas consigan el máximo de apoyo popular es condición indispensable para que los Estados renueven y mejoren las normas para una mayor concentración de capital y, por lo tanto, una mayor explotación laboral contra la clase obrera y una mayor explotación de los recursos de los pueblos colonizados. Proceso aparentemente imparable sin la oposición de fuerzas revolucionarias proletarias organizadas y conscientes en la lucha de clases. 3. La lucha EEUU-China no es la lucha entre explotadores y explotados. Muchos veían la acción anti imperialista de Rusia y China como sustituta de la organización y lucha revolucionaria de nuestros pueblos, sometidos por el imperialismo euro-norteamericano. Pero el fin del mundo unipolar, del eurocentrismo, del dólar como referente para el comercio global, del papel de Gendarme Mundial de los EEUU... no significa la victoria frente al capitalismo. Esta sólo vendrá de la mano de la revolución que venga a imponer como interés general los intereses históricos y actuales de la clase obrera y los de los pueblos sometidos y colonizados por el imperialismo. Salud Andalucía10 de diciembre de 2024 Secretaria Federal Colegiada
Por Secretaría Federal Colegiada 4 de diciembre de 2024
Tras unos largos años en los que la celebración del 4 de diciembre quedó en el olvido, tan sólo reivindicado insistentemente por Nación Andaluza, ha ido tomando fuerza como día reivindicativo por casi la totalidad de personas y fuerzas políticas, algunos sindicatos, tanto españolas como andaluzas, tanto de derechas como de izquierdas. Posiblemente como uno de los efectos de la crisis sistémica en la que cada vez más gente deja de creer en que las Instituciones públicas puedan resolver o mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo. Así, tras el intento (fallido) de dejar caer en el olvido la fecha del 4 de diciembre de 1977, fecha pre-constitucional, declarando festivo el 28 de febrero en conmemoración de la celebración del referéndum de iniciativa para la vía del proceso autonómico del año 1980, fecha plenamente integrada en el orden constitucional de la oligarquía española, y tras la crisis iniciada y no concluida en 2008, el 15M (2011), la supuesta ruptura del tradicional bipartidismo, el referéndum por la autodeterminación en Cataluña, el ascenso y caída sucesivas de nuevos partidos y la actual política de guerra en la que el propio Estado español y la inmensa totalidad de las fuerzas parlamentarias y de los interlocutores válidos sociales y sindicales se definen y actúan como cómplices del nazismo en Ucrania o del genocidio Palestino por parte del Ente sionista israelí, han ido alimentando y nutriendo la reivindicación del 4D como acto rebelde del pueblo andaluz contra el régimen establecido por el vigente orden constitucional del Estado español. Pero cuando el pueblo comienza a replantearse el cómo son gobernados, el sistema responde de inmediato para reconducir la rebeldía hacia el orden constitucional. Así, en 2016, el coordinador general por entonces de Izquierda Unida Andalucía Antonio Maíllo planteaba que las reivindicaciones del 4D, Día Nacional de Andalucía “son la base programática para construir una alternativa para gobernar Andalucía”, pues según señaló “hay germen para construir una opción alternativa porque el pueblo andaluz no puede resignarse a que la alternancia del PSOE sea el Partido Popular”. Una alternativa electoralera que el propio Maillo consideraba que debían encabezar IU y Podemos. Aunque tras la caída en desgracia electoral de Podemos y de arrastrar con ellos a IU, estas mismas fuerzas y otras nuevas que crecen para sustituirlas, comienzan a proclamar la soberanía para Andalucía en un nuevo intento de reconducir el descontento del pueblo por la senda de la constitución de la oligarquía española, del Régimen monárquico español del 78. Pero claro, por una cara reivindican soberanía para Andalucía y por la otra se ofrecen como interlocutores del poder, pues lo que reclaman en realidad es una soberanía amputada, una falsa soberanía, mostrándose por ello ante las élites del poder como candidatos a ser interlocutores válidos, legales, constitucionales, del pueblo. Pues cuando se plantea, como lo hace el portavoz del grupo mixto en el parlamento andaluz de Adelante Andalucía José Ignacio García Sánchez, que soberanía es “capacidad para decidir sobre nuestros servicios públicos, sobre nuestros derechos laborales y sobre nuestro futuro” para terminar apostillando “sin nostalgia”, se está prostituyendo el concepto real de soberanía que no es otro que todo el poder . Y en nuestro caso, tal como plantea nuestra sagrada constitución andaluza de 1883, todo el poder para el pueblo andaluz. Nuestra constitución andaluza, la gran olvidada en la celebración del día nacional de Andalucía salvo para la aún minoría que persistimos en el camino revolucionario como única alternativa para remediar los dolores de nuestro pueblo. Claro que dejar en el olvido a nuestra constitución lleva aparejado dejar en el olvido el andalucismo revolucionario de Blas Infante para quien en 1931 no hacía falta hacer ningún Estatuto de Autonomía para Andalucía porque Andalucía ya tenía una constitución, la constitución andaluza de 1883, que para quienes persistimos en que la liberación de Andalucía no puede tramitarse dentro de las reglas de juego de los poderes del Estado español y constituye la piedra angular que une las luchas de liberación andaluza desde la conquista euro-castellana con las luchas de liberación nacional y de clase obrera actuales. Y no podía ser de otra forma. Las formaciones electoraleras tiene que borrar de la memoria histórica de nuestro pueblo a quien pensaba que estas formaciones no son más que “histriones de la política” cuyo fin no es otro que el de ofrecer a sus respectivos públicos “el espectáculo de sus farsas miserables y ridículas” Y para quien “los nuevos partidos que pretenden surgir elevándose un grado sobre el nivel de los que mueren, pero alentando, esencialmente, un mismo espíritu, son partidos que fracasan”. Borrar de la memoria a quien entregó su vida por la causa de una Andalucía libre en la seguridad que su legado revolucionario fuera encontrado y enarbolado en las siguientes generaciones. Y por supuesto, borrar de la memoria histórica sus propuestas de tareas revolucionarias, del camino andaluz de liberación que no podría ser otro que la aspiración a ser regido por el alma comunista del pueblo trabajador andaluz. Todas estas contradicciones han estado presentes y en lucha este 4 de diciembre de 2024. Este año coincidían, el pasado 1 de diciembre, el lugar y hora de finalización de dos manifestaciones en Málaga en conmemoración del 4 de Diciembre de 1977. Por regla general, las subdelegaciones del gobierno del Estado español cuando coinciden actos reivindicativos en las calles como concentraciones, manifestaciones… obliga a los convocantes a modificar horarios y/o itinerarios para, según justifican, garantizar el orden y la seguridad de las personas y para proteger la realización de los derechos garantizados por las leyes españolas y andaluzas. En esta ocasión no cumplió con sus funciones. No mandó rectificar ni horarios ni itinerarios y las fuerzas convocantes de ambos actos coincidimos en el tiempo y en el espacio. Dos mensajes, dos objetivos, dos caminos de lucha distintos, antagónicos, compartiendo el momento final de ambos actos reivindicativos. Con respecto a la Plataforma 4D, alguna que otra fuerza de las más de la treintena de organizaciones que la forman se separaron de dicha convocatoria. Seguro que por no manchar la celebración del día nacional de Andalucía con un enfrentamiento buscado por el representante del Estado español en Málaga en la figura de su Subdelegado de gobierno entre fuerzas andalucistas. Pero su inmensa mayoría, que por sus banderas pudimos visualizar a Adelante Andalucía (AA), Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), entre otras fuerzas aún más minoritarias, entraron en el juego. Al llegar al final de recorrido las organizaciones que forman la Plataforma 4D se encontraron con el final del acto de las fuerzas soberanistas, independentistas y comunistas. La furgoneta que portaba altavoces tipo coches de choque de las ferias, la aparcaron encima de nuestras cabezas y continuaron su acto sin más. Intentado ahogar los gritos revolucionarios con cánticos socialdemócratas y españolistas. El que suscribe el presente escrito, yo mismamente, Miguel Cano, representante del Sindicato Unitario de Andalucía, me dirigí al secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, al volante de la furgoneta de feria, Oscar Reina, para solicitarle que esperaran los cinco o diez minutos que nos faltaban para terminar nuestro acto. Pero su respuesta fue que él no era el responsable y que no podía hacer nada. Quienes reclaman unidad del andalucismo mediante coordinadoras, plataformas, juntas... o como se quieran llamar, a engendros electoraleros viejos o nuevos, dentro del régimen del 78 y el sistema capitalista, nunca podrán exterminar el Ideal Andaluz que la clase obrera andaluza, organizada y consciente, mantiene en sus espíritus como ideal de lucha por la Andalucía soberana y comunista que proclamó Blas Infante en su momento y que nosotros continuamos defendiendo en el presente como alternativa a la Andalucía colonia del imperialismo, como alternativa a la Andalucía como botín de guerra, de la que adueñarse de nuestros jugos vitales y como alternativa a la Andalucía como plataforma de sus guerras imperialistas. Por una Andalucía libre y liberada por sí misma, hermana de todos los pueblos que luchan por su libertad y de toda la humanidad misma: Viva el 4D. Viva la constitución andaluza. Viva Blas Infante. Y viva la independencia del pueblo trabajador andaluz. Salud Andalucía, 4 de dicembre de 2024
Por Secretaría Federal Colegiada 14 de noviembre de 2024
El 4 de diciembre de 1977 más de 2 millones de andaluzas y andaluces salieron a las calles de Andalucía tiñéndolas de blanquiverde, enarbolando arbonaidas reclamando libertad y autogobierno para Andalucía, como medios para resolver nuestros graves y seculares problemas en todos los órdenes. Un año después, el 4 de diciembre de 1978, se firmaba el Pacto de Antequera en la localidad de su nombre por todas las fuerzas políticas desde la derecha reformista españolista hasta la extrema izquierda revolucionaria. En él todas se comprometían a contener las reivindicaciones del pueblo andaluz expresadas en las manifestaciones del 4 D de 1977 con el dique de la Constitución española, reformando las instituciones del Estado español franquista. 47 años después de las manifestaciones del 4 D y 97 años después de la publicación por Blas Infante de La verdad sobre el Complot de Tablada… -donde analizaba y denunciaba nuestros “dolores”: de esclavitud económica, de servidumbre caciquil, de esclavitud de pensamiento, de servidumbre cultural, etc.- los problemas de Andalucía, siguen en lo fundamental sin resolver. Más bien se han agudizado y ello a pesar del desarrollo científico, tecnológico y de los medios productivos. La socialdemocracia y el reformismo se han fundamentado en la idea fuerza de que mediante y desde las instituciones vigentes del actual Estado, con el régimen político de la democracia liberal burguesa, se pueden ir haciendo progresivamente reformas desde los gobiernos y poderes políticos que vayan resolviendo los graves problemas de injusticia, desigualdad, falta de libertad, opresión y explotación sobre los pueblos y la clase obrera, en particular sobre el pueblo trabajador andaluz, pero siempre sin cuestionar en sus fundamentos al sistema capitalista. Hoy, más de un siglo después, podemos comprobar en la práctica por sus resultados el fracaso y la bancarrota del reformismo, de la socialdemocracia, la vieja y la nueva, la teñida de rojo, de verde, de violeta o de verdiblanco. No sólo no han solucionadao ninguno de los problemas que pretendían sino que han sido y son los mejores gestores de los intereses del capital, de las oligarquías en el poder y del imperialismo. Como venía a decir Lenin, la socialdemocracia promete falsos derechos y democracia al pueblo para venderlos a la burguesía a cambio de privilegios y prebendas para ellos. Y además, como consecuencia del engaño sistemático al pueblo después de haber sido elegidos en democracia, eso sí, liberal burguesa, van sembrando la conciencia de que esta democracia, pero por extensión cualquier forma democrática, no sirve para nada al pueblo, y hacen germinar en las conciencias, el autoritarismo y del neofascismo. En definitiva, además la socialdemocracia es la antesala del fascismo, como dijo Stalin. El estado del bienestar, la propuesta estrella de la socialdemocracia, está en proceso de desmantelamiento. Baste referir un sistema educativo que en cuarenta años ha producido mano de obra escasamente cualificada, alienada y sumisa al empresario y el poder y un incremento de potenciales votantes de la ultraderecha entre la juventud. Un sistema sanitario en el que hay que esperar meses para una cita médica e incluso años para una intervención médica. Un sistema de protección social en que hay que esperar años a recibir prestaciones o derechos. Unas pensiones recortadas, amenazadas en riesgo sistémico mientras los políticos sistémicos son incapaces de ponerse de acuerdo para blindarlas constitucionalmente. Y en general todos los servicios públicos en una deriva de privatización justificada en su progresiva degradación. Y esta tendencia al desmantelamiento no es reversible en la actual situación económica y política internacional. Las burguesías monopolistas europeas no se pueden permitir ya el gasto social del estado del bienestar, que en Europa representa ya la mitad del gasto social mundial. Ello lastra su competitividad en los mercados mundiales con otras potencias económicas en auge y disputa por la hegemonía mundial como la China, o los E.E.U.U. que no tienen gasto social por estado del bienestar. A nivel político el estado del bienestar era la propuesta de las burguesías europeas y el imperialismo yanqui tras la segunda guerra mundial para la clase obrera y los pueblos de europeos como alternativa ideológica, política y dique de contención frente al comunismo concretado en la URSS, para garantizar su propia existencia como clase dominante ante los fuertes movimientos obreros y partidos comunistas en los países europeos y la tendencia revolucionarias a nivel internacional en la época de postguerra. Pero la crisis y bancarrota de la socialdemocracia y por ende de la democracia liberal burguesa de la cual son los principales actores y gestores, no es solo política y económica sino también ideológica, de valores y principios, de humanidad. Se le ha caído la careta definitivamente ante los pueblos y aparece en su verdadera naturaleza ante el apoyo, colaboración y complicidad en el genocidio – exterminio del pueblo palestino o ante la doble moral o vara de medir con la guerra contra Rusia en Ucrania. Los estados modernos, y el estado español entre ellos, son una herramienta al servicio e intereses de la acumulación de capital por sus burguesías monopolistas y las imperialistas. Los estados modernos garantizan un marco general de acumulación al capital. Por todo ello, entendemos que la contradicción principal en el campo del pensamiento de liberación ha pasado desde reforma o revolución a principios del siglo XX a involución o revolución a principios del siglo XXI. Por eso estamos en un fin de época, en el fin del orden mundial de hegemonía capitalista del imperialismo yanqui, de su oligarquía y sus vasallos anglosajones y europeos, al que se resisten mediante la guerra. Estamos en unas condiciones objetivas que abren una vía más favorable para la construcción de un proyecto revolucionario de transformación radical y profunda en todos los órdenes del actual sistema capitalista mediante la lucha de clases en sentido más amplio más allá de la mera lucha política o parlamentaria, hacia un orden y sistema relativamente democrático e igualitario que se fundamente en la libertad, la vida y “la independencia económica de todos” tal y como aspiraba la Constitución Andaluza. Esto es, un ideal, en palabras de Infante, un Ideal Andaluz, una utopía que nos sirve como referencia, como norte hacia donde caminar. Un ideal andaluz para elevar la vista, la conciencia desde nuestras luchas y reivindicaciones inmediatas del momento, para imbuirlas de una perspectiva hacia un horizonte de esperanza y liberación para el pueblo trabajador andaluz. Pero en esta lucha como pueblo no empezamos ni tenemos que pensar su orientación y fundamentos desde el principio. Contamos en nuestra historia de luchas por la liberación del pueblo andaluz con el legado ancestral de los que nos precedieron materializado en la Constitución andaluza de 1883. Una constitución que es a la vez una guía y representa un proyecto de liberación nacional y de clase para Andalucía y la humanidad, un proyecto de República Andaluza de Trabajadoras que establece la soberanía para Andalucía y el socialismo. Una constitución que viene a ser la piedra angular que conecta las luchas por la liberación andaluza desde las rebeliones medievales, pasando por la revolución democrática de septiembre de 1868 y la revolución cantonal frente a la traición a la revolución de la primera república española con la declaración de independencia Andalucía por los federales andaluces en Despeñaperros, con el andalucismo revolucionario de Blas Infante y sus propuestas para Andalucía hasta nuestros días, donde un pequeño grupo de organizaciones y colectivos seguimos empeñados en continuar, concretar y desarrollar esa propuesta de liberación que representa el andalucismo revolucionario de Blas Infante y la constitución andaluza de 1883. El pueblo y la clase obrera andaluza colonizados, oprimidos y explotados necesitamos seguir levantando, fortaleciendo y ampliando este proyecto revolucionario y liberador en cada lucha que participemos social, política, sindical, antiimperialista contra el genocidio, etc. en calles, centros de trabajo, estudio, etc. mediante propuestas y actividades que debiliten y denuncien a los gobiernos y clases enemigos del pueblo trabajador andaluz, que rompan y denuncien sus instituciones y constituciones vigentes, sus valores y visión del mundo y se orienten en este camino liberador. Y así participar en la construcción de instituciones, órganos de revolucionarios de poder popular de una verdadera democracia socialista. Es por todo ello, por lo que frente a quienes sostienen nuestro sometimiento y opresión como pueblo trabajador, nos manifestaremos el próximo 4 de diciembre por las calles de Málaga. En recuerdo de Manuel José García Caparrós y de todas aquellas y aquellos que lucharon por romper las cadenas de la explotación capitalista en nuestro país, de quienes dieron su vida por la independencia del Pueblo Trabajador Andaluz. ¡4 de diciembre, día nacional de Andalucía! ¡Por la independencia del Pueblo Trabajador Andaluz! Secretariado Permanente de la C.N. de Nación Andaluza Secretaría Federal Colegiada del Sindicato Unitario de Andalucía. Andalucía, 9 de noviembre de 2024.
Por Antonio Olivares 30 de octubre de 2024
Los llamados sindicatos mayoritarios llevan desde hace ya demasiado tiempo haciendo dejación de sus funciones, que no deberían ser otras que ser herramientas en manos de la clase obrera en la defensa de sus derechos. Como dejación de funciones podemos poner de ejemplo la aceptación sin más de incrementar la edad de jubilación, dando por buena que esta pasase de los 65 a los 67 años. ¿A quién preguntasteis si estaban de acuerdo? Porque a la clase obrera no le preguntasteis nada, ni siquiera una consulta entre vuestra afiliación, solo obedecisteis el mandato de con quién os reunís en hoteles de cinco estrellas y menús de cien euros. O cuando se aprobó la última reforma laboral. En lugar de defender los intereses de la clase obrera exigiendo su derogación, aceptasteis sin rechistar la propuesta de reforma de la ministra de trabajo del “gobierno más progresista de la democracia” con la que se mantienen las reformas anteriores de Zapatero y Rajoy que fueron y son un atentado en su línea de flotación del Estado del Bienestar. Ya, ni vergüenza os da que ahora a los eventuales a quien la reforma de la actual ministra han convertido en fijos discontinuos, ahora se convierten en propiedad exclusiva del empresario para estar a la espera de su llamada, camuflando la precariedad bajo el título de contratos indefinidos.Cosas de mejorar las estadísticas y echar tierrecita encima de la mierda para que no huela. Otro ejemplo lo encontramos con la subida del Salario Mínimo Interprofesional por parte de la ministra de izquierda. En lugar de exigir que la cantidad resultante debe ser la de un salario que permita, al menos a quienes trabajan, no ser pobres, acatáis la cantidad que le cuadre a la ministra tras consultar con la de economía y las organizaciones empresariales. Podríamos seguir hasta el infinito y más allá como dijo el gran filósofo Buzz LightYear, pero, como recoge el enunciado, CCOO y UGT se reúnen con todos menos con los trabajadores. El pasado día 7 de octubre estos sindicatos convocan una huelga en el sector de transportes por carretera, tanto de viajeros como de mercancías. Unos días antes de este anuncio, desde la Coordinadora de Sindicatos del Transporte (CST) a la que pertenece el Sindicato Unitario de Huelva, se le solicitó una reunión para que se nos informara sobre lo que se solicitaba y si podíamos intervenir si no en la mesa de negociación propiamente dicha, si al menos que nos mantuvieran al tanto y permitiesen nuestras aportaciones, ya que la CST tenemos implantación en todo el Estado español, representando a miles de conductores y conductoras y llevamos en solitario desde el 2010 esa misma lucha a la que se incorporan recentemente CCOO y UGT.Nos citan para el lunes día 7 a las 18.30 horas y ese mismo día a las 12.00 anuncian las jornadas de paro, con lo que la reunión prevista con nosotros se queda en un estos es lo que hay. A pesar de todo, nos adherimos a la huelga, por no ser un lastre en una lucha que, aunque la llevábamos haciendo desde hace años, éramos conscientes que CCOO y UGT eran los que iban a ponerle la guinda, de hecho estuvimos en la concentración que convocaron en el mes de junio frente al ministerio de la seguridad social. En esas dejaciones de funciones, en lugar de hablar con los y las trabajadoras, deciden llevar al sector a una huelga de la que la mayoría de trabajadores estaban ajenos. No se han dignado a explicar qué son los coeficientes reductores y por qué tenemos condiciones para poder solicitarlo; no explican porque se tienen que poner primero de acuerdo con las patronales para después solicitarlo entre ambas partes al gobierno; y no explican por qué convocan una huelga para que patronal y sindicatos lo soliciten al gobierno cuando ¡ya esta solicitado! Es más, en ese intercambio de favores y de charlas entre CCOO, UGT y las patronales, entre medias y según vamos leyendo en la prensa, las patronales aprovechan para rascar asuntos a su favor como “solicitar a los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas de transporte de mercancías por carretera que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, o cuyos conductores profesionales no hayan resultado responsables de ningún accidente grave en el último año” o “la facultad de las empresas de transporte de mercancías por carretera de realizar controles aleatorios de consumo de alcohol y drogas a sus conductores”, sabiendo el uso que hacen de este tipo de cuestiones las empresas y poniendo en cuestión a miles de profesionales a los que autorizan a que se nos persiga como presuntos delincuentes. Podíamos exigir lo mismo a empresarios y políticos y sindicalistas, ya que algunas decisiones si que parece que las toman bajos los efectos de dichas sustancias. Para eso están los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y elementos electrónicos que impiden arrancar el vehículo en caso de haber consumido. En esa cualidad que tienen para hablar con todos menos con los trabajadores también están abiertos a solicitar, conjuntamente con las patronales, la categoría de profesión de difícil cobertura para que se pueda importar mano de obra de forma temporal. Aquí en Huelva tenemos la experiencia de la contratación en origen para los frutos rojos o como debería llamarse: venir aquí a currar cuando me haga falta porque no nos da la gana de hacer un convenio digno en condiciones laborales y de salario, porque los andaluces son muy flojos y no quieren trabajar. Lo mismo que os pasa con los convenios que firmáis sin hablar con los profesionales de la hostelería, de la limpieza, de la ayuda a domicilio… No es que no haya profesionales, es que ya solo cubren esos puestos los que no tienen otra cosa, porque se habéis encargado de quitarle la dignidad a las profesiones y eso pretendéis ahora también, que como los profesionales del volante no estamos dispuestos a salir de casa y no volver hasta pasado quince días por 1600 euros al mes en el mejor de los casos ¡pues importemos necesitados de otras latitudes que veras como lo hacen! Ante este panorama y por ir terminando, que sería interminable porque hay mucho más, desde el Sindicato Unitario de Huelva, en la Empresa Municipal de Transportes Urbanos S.A. (EMTUSA), no vamos a participar de la convocatoria de huelga del día 28 que han hecho CCOO y UGT, por hartazgo y por los siguientes motivos: Nadie de los convocantes nos han comunicado nada de manera oficial, a pesar de tener la mayoría en el comité de Empresa.Pensamos que el dejar fuera a los compañeros de tranvía y de metro es traicionarlos, cuando sus condiciones son similares. El tener que volver a solicitar la aplicación de los coeficientes reductores, cuando están más que solicitados según llevaban diciendo desde hace años y haber llevado una lucha que podía haber sido efectiva con una sola voz para todos conductores profesionales, en lugar de debilitarla negociando por separado mercancías, viajeros, trasporte sanitario y grúas automotrices. Dejar al transporte de viajeros como única convocatoria, nos hace pensar que ha influido más no dejar desabastecido al Corte Ingles o al Mercadona que preocuparse por los problemas de movilidad de las clases populares y su necesidad del uso del transporte colectivo. Si es el gobierno quien tiene que aprobar los coeficientes reductores, es con quien teníamos que haber centrado la lucha, no de la mano de la patronal y encima cediéndoles derechos. La huelga del día 28 en Huelva se concretará en una concentración en las puertas de la estación de autobuses desde las 10 a las 11 horas, lo que bien siendo el tiempo de hacerse la foto y atender a los medios y encima por separado ya que UGT se concentró en la FOE, algo que nos parece tomar el pelo a quienes hagan huelga y pierdan el salario de ese día, con el único fin de servir de attrezzo para la foto. Motivos para la lucha hay muchos y ahí estaremos el Sindicato Unitario de Huelva, convoque quien convoque.Motivos para hacer de figurantes de quienes hablan con todos menos con los trabajadores, nos parece que no hay. Huelva a 25 de octubre de 2024. Antonio M. Olivares Espinosa Secretario de representación del Sindicato Unitario de Huelva
Por Secretaría Federal Colegiada 25 de septiembre de 2024
3.Alternativas de Infante La tendencia de las relaciones laborales y la situación de la clase obrera que venimos analizando, expresada en incremento permanente de precariedad, flexibilidad, pérdida de derechos, bajos salarios, etc. se agudiza especialmente en Andalucía. Fundamentalmente por su economía dependiente y extractiva basada en la explotación y colonización de nuestras riquezas naturales y de nuestro trabajo por los grandes capitales internacionales, junto a su subordinación política al marco de acumulación de capital que representan el Estado español y la Unión Europea. En cada escalón del proceso desregulador de nuestras condiciones laborales hemos ofrecido el máximo de resistencia posible desde los sindicatos de clase y desde los propios trabajadores de forma independiente de los sindicatos. Pero con la mayoría de compañeros y compañeras conducidos por los interlocutores válidos hacia la claudicación, ya sea por engaño o por amenazas, chantajes, extorsión, sanciones e incluso despidos. Blas Infante viene a aportar a la lucha obrera renovadas esperanzas de victoria en nuestras luchas y es por eso que, a lucha constante y diaria en defensa de los intereses de la clase obrera en cada despido, ERE, negociación colectiva... desde el Sindicato Unitario de Andalucía aspiramos a guiarnos por el espíritu de las propuestas de Infante para la clase obrera andaluza y para los sindicatos andaluces por su carácter humano, andaluz, anti capitalistas, revolucionarias y comunistas. Y luchamos por incorporarlas en la dirección de las luchas obreras en las que participamos con el objetivo de aportar nuestra lucha para revertir la tendencia de entrega de nuestros derechos que venimos sufriendo y abrir un camino de liberación para el pueblo trabajador andaluz. Humano pues, para Infante, el ser humano es la Vida cuando en su desarrollo evolutivo alcanza la conciencia. La Vida es la base sobre la que se asienta la existencia de todos los seres vivos y, por lo tanto, la de la propia Humanidad, única patria común de todos los seres humanos. Desde este punto de vista cualquier tipo de propuesta política, económica, social... debe estar basada en la protección, defensa y expansión de la Vida. Por lo que cualquier propuesta política, económica, social... que no defienda este Fin común a todo ser viviente no podemos considerarla apta para la convivencia humana. Y por eso, toda propuesta política, económica, social... que no busque la satisfacción de todas las necesidades vitales de la humanidad son contrarias a la Vida y a la propia humanidad. Por otro lado, que unos organismos alcancen en su desarrollo conciencia de su existencia supone la base para su libertad con respecto a los otros seres vivientes y al tiempo supone la base de la responsabilidad que tiene la humanidad de usar sus conocimientos para la mejora y el desarrollo vital de todos los seres. Cuantos más conocimientos acerca del funcionamiento de la naturaleza, más libertad para superar sus obstáculos para la vida. Así nos hemos convertido en los únicos seres vivos capaces de vivir en todos los climas, en todas las latitudes del planeta. Y la única especie que puede llegar a protegerse y sobrevivir de forma consciente de todo tipo de inclemencias o desastres naturales. La defensa y protección de la Vida es el primer criterio político y el primer criterio económico para determinar lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos hace avanzar a toda la humanidad y lo que hace que una pequeña parte de la humanidad avance a costa de la vida de la mayoría y de la Vida misma. Algo que nunca tuvieron en cuenta los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía en relación al trato dispensado a la atención sanitaria con su paulatina privatización de la Sanidad Pública, tanto gobernando en solitario como con el apoyo de PA o el de IU. Todo un camino allanado para que ahora el PP y VOX liquiden el proceso, ejecutando la política sanitaria del Estado español en Andalucía acorde con las instrucciones europeas. Ni la tienen en cuenta ni la tuvieron con la atención a los seres humanos que huyen de la pobreza, del hambre o de la guerra que Occidente provoca en sus pueblos. Ni la tienen ni la han tenido para luchar contra la lacra de las muertes en accidentes laborales con los que Andalucía contribuye con el sacrificio de dos seres humanos a la semana para el crecimiento económico de la Oligarquía española... Legislar por la Vida es lo contrario a legislar para el crecimiento económico de la Oligarquía, o lo que es lo mismo, legislar para el crecimiento económico de la Oligarquía es legislar para la muerte del pueblo andaluz, de todos los pueblos sometidos por los psicópatas oligarcas españoles. Andaluz pues, para Infante, es la manera que tenemos andaluces y andaluzas de expresar nuestra humanidad. No existe humanidad si esta no se constituye en sociedades en la que se organiza la Vida, es decir, se organiza la producción de los medios de existencia y la continuación de la especie. Comunidades diversas, con sus diversas formas de existir, produciendo gran variedad de culturas, evitando la endogamia en el pensamiento y, de esta forma, asegurar la continuación de la evolución de la conciencia humana, en un camino infinito hacia la Libertad. Sociedades libres y relacionadas entre sí en lucha constante por la Vida y por su evolución a los mayores estados de felicidad y bienestar posibles en cada época. Los pueblos, al igual que los individuos, para darse a los demás, para ofrecer el producto de sus esfuerzos y avances en la larga marcha de la Vida, han de estar formados, han de adquirir la cualidad de ser pueblo por sí mismo, con sus propias fuerzas, han de hacerse adultos y responsables de sus actos. Pero los productos de los esfuerzos de la clase obrera andaluza no tienen como destinatario al pueblo trabajador andaluz, sino que nos son robados por capitales ajenos. La realidad de los pueblos conquistados y dominados por la fuerza bélica de otros es la incapacidad para obrar por sí mismos, sin el permiso de las autoridades externas dominadoras, el capital europeo. Infante compara la situación del pueblo andaluz en su tiempo con los tiempos en que fuimos libres, capacitados para vivir por nosotros mismos y para contribuir a la Humanidad. Desde la producción y distribución del modelo del vaso campaniforme pasando por la civilización tartésica o la de Al Ándalus con la que el pueblo, que más tarde será reconocido como andaluz, no sólo gobernó en casi la totalidad de la península Ibérica, sino que fue espacio creador y difusor de ciencia, tecnología, filosofía... y bienestar de la población en tiempos de paz. El pueblo andaluz estaba en letargo en el tiempo de Infante y continúa ese letargo en nuestros tiempos, sin poder volver a contribuir al desarrollo humano, impregnando nuestra peculiar forma de vida y de existencia a la evolución. Ahora, la comunidad política andaluza sufre de amnesia, provocada tras siglos de ocupación y dominación política, económica y espiritual de nuestro pueblo, desde la conquista de los capitales europeos y vaticanos que financiaron a su brazo armado contra nuestro pueblo, saqueadores de nuestras riquezas, la corona de Castilla en manos de la dinastía bastarda de los Trastámara, quienes terminarán entregando todo el reino a dinastías europeas. Tiempo de derrotas y de resistencias, desde las rebeliones moriscas hasta la revolución cantonalista, desde el andalucismo revolucionario de Infante hasta nuestros días en los que también, desde las entrañas del sistema, sigue trabajando por su liberación la aún pequeña parte de la comunidad hecha pueblo. Infante nos propone estudiar todos los sustratos humanos que nos han precedido en nuestro suelo y que han ido configurando los rasgos peculiares de nuestro pueblo. Conocer que los motivos de nuestro atraso actual no dependen de nuestro clima o geografía, sino que son motivos impuestos por la fuerza y que, por lo tanto, con fuerza también se pueden superar. Nos transmitió la necesidad de configurar en nuestras mentes la Andalucía que soñamos, un ideal de una Andalucía libre y señala los impedimentos que habremos de resolver para alcanzar ese Ideal: “una dirección espiritual, una orientación política, un remedio económico, un plan de cultura y una fuerza que apostolice y salve”. Anti-capitalista pues, para Infante, no puede producirse la liberación de Andalucía sin la liberación de la explotación de su clase obrera que constituye la base del pueblo andaluz. La liberación de Andalucía está ligada o depende del proceso de conversión del jornalero en agricultor, es decir, de explotado a propietario del fruto de su trabajo. La única propiedad privada legítima, la que es producto del propio trabajo. Aunque Infante se refiera específicamente a la clase obrera agrícola, todas las propuestas económicas que irá desgranando en todos sus escritos las hace extensibles al sector industrial y de servicios. Pues bien, la Tierra no puede estar en manos privadas, su único propietario legítimo es el pueblo. Y en tanto que la Tierra constituye el medio principal con el que una sociedad agrícola como la andaluza, a principios del siglo XX, se procura sus medios de subsistencia, esta no puede estar en manos del capital privado. La explotación de mares, tierras y subsuelo andaluz deberá estar realizada siempre por capital público, nunca por capitales privados. Y por los propios trabajadores que con sus sindicatos y organizados en cooperativas dirijan y gestionen la producción. El proceso que propone Infante para la abolición del trabajo asalariado y la propiedad privada sobre los medios de producción, encabeza sus propuestas de remedios económicos para Andalucía. Tenemos que advertir que este proceso no puede desarrollarse sin que a la vez se vayan desarrollando las soluciones para las otras necesidades andaluzas (espiritual, política, cultural y apostolado y salvación). En el presente trabajo intentamos por todos los medios no salirnos del campo económico de las propuestas de Infante. Toda la economía no relacionada con la explotación de los bienes sociales puede desarrollarse por el capital privado. Pero desde las Instituciones se ha de legislar para que Capital y Trabajo tengan la misma consideración en tanto que, para Infante, el Capital no es más que Trabajo acumulado. Por lo tanto, siguiendo a Infante, trabajadores y accionistas han de estar representados en los consejos de administración de las empresas privadas al 50% Revolucionario porque, para Infante, el gobierno de nuestras vidas está en manos de incapacitados y/o delincuentes, usurpando la voluntad popular que entregan a los grandes capitales a cambio de suculentas prebendas, puertas giratorias... El pueblo consciente debe dotarse de un mando revolucionario que, construyendo bases de poder revolucionario en multitud de municipios andaluces, pueda legislar en el sentido descrito en los puntos anteriores y poder decretar la expropiación de la propiedad privada de los medios de producción relacionados con las riquezas sociales y de las infraestructuras que les son necesarias. Proteger la actividad sindical pero sin intervención en sus asuntos internos, en la consideración del papel protagónico que ha de adquirir el movimiento obrero para el que la lucha por la liberación del pueblo andaluz y la lucha por la liberación de la clase obrera de la explotación capitalista son dos caras de la misma moneda. Sin la concurrencia de pueblo y proletariado no existe revolución posible para el pensamiento de Infante. Una dirección revolucionaria formada por quienes se someten al sufrimiento y a la disciplina que provoca la lucha por la conquista del Ideal Andaluz antes que a cualquier otra disciplina ya esta sea política, sindical, social... organizadas según el código militar y para la que hace un llamamiento a la clase obrera para que participe y someta todo su potencial revolucionario en la conquista de ese Ideal de Libertad. Comunista porque, para Infante, el Ideal Andaluz sólo puede mostrar todo su esplendor en una sociedad comunista. Tras la conquista o la construcción de los órganos de poder por el pueblo, procede un poder revolucionario que transite hacia la sociedad comunista imponiendo una constitución que contenga los principios antes mencionados sobre medios de producción y fuerza de trabajo, convertidos en preceptos constitucionales. Legislar y ejecutar las leyes encaminadas a este proyecto de liberación del trabajo asalariado y a lo mencionado también anteriormente en relación a los capitales privados. Al tiempo que ejerce la más severa dictadura que conduzca la mentalidad, espíritu lo llama Infante, de esclavitud de toda la comunidad política colonizada de aceptación de su condición indigna para cualquier ser humano, a una mentalidad de mujeres y hombres libres de un pueblo libre o comunista. Una obra que sólo puede estar en manos de quienes aspiren a ser comunistas pero despejando el campo, denunciando a los que se autoproclaman comunistas pero no actúan como tales. Para Infante hay dos tipos de comunistas, los que aportan sus esfuerzos y sacrificios personales para la conquista de la felicidad de todos y los que se aprovechan de los esfuerzos y sacrificios de otros para obtener los beneficios de la sociedad comunista. Infante se proclama a aspirante a ser comunista del primer tipo ya que piensa que es tanto el honor de ser comunista de este tipo que le viene grande a él mismo que ofreció su propio cuerpo como trinchera de los explotados y oprimidos, como trinchera del pueblo andaluz consciente y organizado que, aún siendo insignificante en número, trabaja incesablemente en las entrañas del sistema capitalista royendo sus cimientos, poco a poco pero sin descanso. Todo este pensamiento humano, andaluz, anticapitalista, revolucionario y comunista del pensamiento de Infante, él mismo lo concreta en cada momento que pretende usar el mecanismo electoralero del Estado para avanzar y afianzar la lucha de liberación. Así, por ejemplo, en las elecciones a Cortes Constituyentes de la II República, Infante organiza una candidatura andaluza, republicana, federal, democrática y revolucionaria que contiene las siguientes propuestas concretas: España como unidad política: federación o desintegración. Ley electoral en la que los candidatos no sean elegidos en los entornos cerrados de los partidos. Libertad de expresión y manifestación del pensamiento individual y colectivo. Que ninguna manifestación pública encuentre a su paso a las fuerzas del orden. Intervención exclusiva en los casos en los que se atente contra el derecho ajeno. En economía elaboración de un plan que reestructure la economía del nuevo régimen en la industria y el comercio, opuesto al ocio y al privilegio. Por parte del Gobierno que revele la voluntad del Estado de abolir la consideración del trabajo como mercancía y fundir su consideración con la del capital, considerando a este como trabajo acumulado. Y, por ello, ocupar el 50% en los consejos de administración. Considerar a los sindicatos como las instituciones con las que el Estado cumpla sus fines en estas nuevas consideraciones económicas. En el terreno agrícola, expropiación de los latifundios y sindicatos erigidos en cooperativas para la explotación agrícola. En Justicia, gratuita y arbitral. Enseñanza gratuita en todos los grados. En religión, respeto a todos los credos y prohibición del uso político de estos credos religiosos. Blas Infante fue declarado el 14 de abril de 1983 padre de la patria andaluza, declaración recogida en el preámbulo de la Ley Orgánica del Estado español donde se regula la constitución de Andalucía como comunidad autónoma del Estado. Y año tras año, en diferentes momentos como el presente, en el aniversario de su asesinato el 11 de agosto de 1936, se organizan homenajes a su figura en diferentes rincones de Andalucía. En muchos de ellos con la presencia de los herederos de sus asesinos que aún siguen sin condenar los crímenes del franquismo y, en todos ellos, resaltando su figura, sus hechos, su vida y muchos aspectos no tan hirientes para los poderes centrales dada la dificultad de comprensión de sus escritos al no ser abordada su obra en los centros de estudios andaluces. En el homenaje que participamos el Sindicato Unitario de Andalucía, homenaje minoritario, aislado y excluido del debate social, lo que ponemos de relieve es su mensaje revolucionario y libertador, en la consideración de continuar la lucha por la que su mensaje revolucionario cale en los corazones de cada vez más andaluces y andaluzas. Y para clarificar el campo entre los que aspiran a ser comunistas del primer tipo y los oportunistas que usan nuestra bandera de lucha por la liberación para sus fines electoraleros de secuestrar la voluntad popular para medrar en las instituciones y ocupar un puesto de diputado o de asesor de diputados para gestionar las políticas de un Estado explotador y opresor y, por lo tanto, ajenos a la lucha por la liberación de nuestro pueblo y de la esclavitud capitalista y enemigos de quienes pretenden gestionar los intereses históricos y actuales del pueblo trabajador andaluz. 4.Conclusiones. Que hacemos y vamos a seguir haciendo. El marco de la democracia liberal burguesa y del estado del bienestar está totalmente desbordado como alternativa de mejora de las condiciones de vida y libertad de la clase obrera y el pueblo . Caída la careta, ha demostrado su inutilidad para ese objetivo por las condiciones actuales de la economía y la lucha de clases y las posiciones de las clases dominantes del imperialismo y el occidente colectivo. El estado de bienestar no se puede seguir manteniendo desde el punto de vista del capital y de las clases dominantes capitalistas porque lastra la competitividad de las economías europeas y occidentales frente a la pujanza de la economía socialista de China. El estado de bienestar europeo no se puede mantener porque surgió como dique de contención ideológico en la Europa de postguerra para que sus oligarquías capitalistas “convencieran” y “sobornaran” a la clase obrera europea de que podían tener una mejora continua en sus condiciones de vida superior a la que tenían los trabajadores en los países socialistas y así evitar que esa clase obrera dirigida por los partidos comunistas europeos virara hacia la revolución y el comunismo con el apoyo de la URSS. Pero actualmente no existe esa amenaza socialista-comunista para las oligarquías capitalistas occidentales y, por tanto, van prescindiendo de ese gasto para ellas ahora superfluo e injustificado. Además esos estados del bienestar son sólo para una minoría de la humanidad de países europeos y se sostienen gracias a siglos de colonialismo, imperialismo, saqueo y expolio de los países del sur global, que actualmente en buena parte ya no están dispuestos a que siga esa dinámica colonial-imperial de explotación de sus países y pueblos porque tienen otros socios distintos a los países imperialistas que les ofrecen unas relaciones de colaboración y beneficio mutuo con posibilidades de salir de su situación actual neocolonial de postración y subdesarrollo provocada y al servicio del imperialismo occidental. Las actuales luchas políticas, sindicales, sociales… en ese marco de la democracia liberal burguesa por mantener derechos y en definitiva por mantener y reclamar el estado del bienestar y por la paz a nivel internacional, previsiblemente conducirán a la frustración, la impotencia, el desencanto, la desmovilización y el fracaso cuando no directamente sirven para la legitimación de las instituciones de poder nacionales de los estados capitalistas e internacionales del imperialismo vigentes a las cuales se les pide, desde fuerzas de izquierdas supuestamente transformadoras, que cambien sus políticas a favor del capital y del imperio en favor del pueblo, la paz y la clase obrera, como si eso fuera posible, como si esas instituciones representaran al pueblo y la clase obrera, sin partir de que son instituciones al servicio de las oligarquías capitalistas del occidente colectivo, sin partir por ello de un análisis de clase y de una orientación y objetivos verdaderamente revolucionarios y anticapitalistas en esas luchas. Tras más de 40 años en que cambió la tendencia de la lucha de clases en España y la oligarquía capitalista y la patronal pasaron y siguen a la ofensiva y la clase obrera pasó y sigue a la defensiva con los resultados obtenidos y analizados de desorganización y pérdida progresiva de derechos y condiciones de vida de la clase obrera y el pueblo. Ya es hora de que si queremos obtener resultados distintos, hagamos cosas distintas. La ultraderecha radicaliza sus posiciones, se organiza internacionalmente y da la batalla cultural creciendo y recabando especialmente más apoyo entre sectores populares, presentándose engañosamente como anti-sistema, cuando en realidad son pro-sistema, pro-capitalistas y pro-imperialistas. Su definición de anti-sistema es, en realidad, contra el sistema que supone la democracia liberal burguesa, cuya crisis pretenden resolver transformándolo en un régimen autoritario cuando no dictatorial sobre la clase obrera y los pueblos para seguir manteniendo la dominación del capital con el redoblamiento su explotación y expolio. Pero lo más peligroso son las posiciones socialdemócratas y andalucistas que pretenden hacernos cómplices de las políticas que favorecen la acumulación de capital, la sobre explotación de la clase obrera, el control de las luchas populares y la aceptación del un único camino para solucionar nuestros problemas, el camino que induce a pensar que mientras al amo le vaya bien le irá bien a sus vasallos en lugar de reconducir las luchas y los discursos en favor de la construcción del poder popular y democrático con los que se antepongan la defensa de la Vida y la Humanidad a la acumulación privada de capital. Vivimos momentos convulsos, con analogías a las del primer cuarto del siglo XX en la época en que Infante empezó a desarrollar su obra y su pensamiento. En aquellos momentos se desencadenaba la I guerra mundial. Hoy estamos al borde de la III guerra mundial, en un proceso que tiende hacia ella. Guerra mundial que es la alternativa y respuesta del imperialismo anglo-euro-norteamericano a la pérdida de su hegemonía y poder global frente al socialismo de China y el mundo multipolar en ascenso. Las propuestas de Infante comentadas y presentadas son una extracción de su pensamiento en los remedios económicos para Andalucía. Sin embargo, para entenderlas y que cobren todo su sentido hay que adentrarse y considerar integralmente toda la obra y todo el pensamiento de Infante, del Infante filosofo, historiador, dramaturgo, teólogo, sociólogo… El legado de Infante es la materialización del Ideal Andaluz consistente en dotar a Andalucía de un alma, de un espíritu comunista tal y como desarrolla en su obra especialmente en “La Dictadura Pedagógica”. Y tal y como dice en el comienzo de su obra “Ideal Andaluz” que Andalucía necesita una dirección espiritual, (y lo pone en primer lugar) además de una orientación política, un remedio económico, un plan cultural y una fuerza que apostolice y salve. Sin embargo, desde el actual andalucismo sus propuestas para el pueblo andaluz y la clase obrera se alejan de sus necesidades históricas y del pensamiento y legado de Infante. Se presentan envueltos en la bandera andalucista pero ignoran, ocultan la posición anticapitalista y comunista de Infante a favor de la clase obrera y la revolución, amputan su pensamiento, que no deja de ser una manera de “fusilarlo” nuevamente en el pensamiento, en las ideas. Infante ya dejó dicho en la dictadura pedagógica que cuando el profeta se pone por delante del mensaje, este mensaje se oscurece y no es asumido por el pueblo. Desde el Sindicato Unitario de Andalucía estamos por la unidad en la lucha contra todas las reformas laborales pero también y además contra sus causas, el sistema capitalista, un estado y su régimen que mantiene y se mantienen de la explotación de la clase obrera y de las naciones y pueblos oprimidos y sometidos. Así, estamos por participar en toda batalla política, social, económica que persiga esos objetivos. Y así nos va, solos, aislados del debate social, estigmatizados como innecesarios, como Infante en su momento pero creciendo con la incorporación de cada vez más afiliados y afiliadas, con nuestra participación en nuevos sectores, en nuevas luchas, en nuevos territorios, poco a poco, aspirando a alcanzar el corazón de toda la clase obrera andaluza. Luchando por continuar el legado de Infante. De esta manera, como primer objetivo cercano nos planteamos revertir el analizado proceso de desregulación laboral que venimos sufriendo por más de 40 años. Frente al cambio de la tendencia ocurrido con la llamada Transición en que la clase y el movimiento obrero pasaron de estar a la ofensiva a la defensiva en la que continuamos en la actualidad, mientras la oligarquía pasó de la defensiva en el tardofranquismo a la ofensiva que igualmente se mantiene en la actualidad, proponemos y nos proponemos en nuestra práctica, como objetivo, tomar la iniciativa en centros de trabajo donde estamos con el objetivo de invertir la mencionada tendencia y hacer pasar a los trabajadores y clase obrera a la ofensiva en la lucha por sus derechos respecto a sus patrones. Ofensiva, que además de fundamentarse en ofrecer propuestas viables, que favorezcan la vida y la felicidad de la clase obrera, sigan el legado de Infante y supongan un fortalecimiento del alma de la sociedad comunista. La clase obrera andaluza, como parte fundamental del pueblo andaluz, no puede liberarse de la explotación capitalista si al mismo tiempo no se libera todo nuestro pueblo de la conquista, la colonización y la explotación de los grandes capitales internacionales con el Estado español actuando como su proxeneta. Para ello consideramos necesario construir nuestro propio marco democrático de relaciones laborales que fundamente una sociedad verdaderamente democrática, de libertad e igualdad, donde la clase obrera a través de los sindicatos participe en la organización y dirección de la economía, de la producción y del estado, decidiendo a dónde va el fruto de su trabajo. No nos vale el el marco de relaciones laborales impuesto por la Constitución española y el Régimen del 78 que venimos analizando, pues no ha hecho más que empobrecernos y debilitarnos mientras que esos grandes capitales sorben nuestros jugos vitales, los de nuestros cuerpos y los de nuestro pueblo. Un marco andaluz y democrático de relaciones laborales caracterizado por la mencionada propuesta de Infante de que capital y trabajo tengan la misma consideración, necesita de una Andalucía libre y soberana. Una Andalucía donde esta acumulación de vida vaya destinada a toda la comunidad trabajadora, al pueblo trabajador andaluz. Salud
Por Secretaría Federal Colegiada 22 de agosto de 2024
Las propuestas que hizo Blas Infante a la clase obrera andaluza ¿son válidas para la lucha contra la explotación capitalista actual? ¿Son utópicas, idealistas o imposibles? ¿Fueron válidas para su tiempo pero erróneas para los momentos actuales? A la luz de los programas electorales y de la actuación política de las organizaciones de derecha y de las organizaciones socialdemócratas, incluso de las que se consideran revolucionarias o anticapitalistas españolas o andaluzas, parece ser que no son válidas. No las tienen en consideración. A lo largo de la lucha por la constitución y organización del pueblo andaluz, Blas Infante va desgranando todo un programa económico repleto de remedios para nuestros dolores, a la vez que fija las tareas de la clase obrera andaluza, tanto a la hora de su participación en la lucha por la soberanía de nuestro pueblo como a la hora de ejercer el poder revolucionario del pueblo andaluz. Sus propuestas de liberación las va exponiendo en unos momentos muy convulsos: en el Ideal Andaluz durante los momentos iniciales de la I Guerra Mundial, momentos anteriores a la revolución bolchevique y en plena crisis del régimen de la Restauración de la monarquía borbónica; en Cuentos de Animales, Motamid, el último rey de Sevilla y La Dictadura Pedagógica durante la dictadura de Primo de Rivera; o en La Verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía en los momentos iniciales de la II República española... Y en todas los escritos siguientes (durante la república, gobierno del Frente Popular, golpe de Estado y guerra civil), hasta su fusilamiento por el fascismo español. Nuestros momentos no dejan de ser también algo convulsos. El Occidente político y cultural sucumbe al tiempo que sucumbe el sistema capitalista e imperialista que lo sustenta. Los avances de la República Popular China, guiada por el Partido Comunista, ha llevado al país a los primeros puestos del ranking mundial en desarrollo científico, tecnológico y humano bajo el principio de servir al pueblo, al bien común y al desarrollo de la humanidad, desplazando a todo ese Occidente capitaneado por la clase dominante y terrorista de los EEUU de Norteamérica que, al estar gobernado por inútiles y/o delincuentes, no encuentra otra respuesta que la guerra global, en un último intento de interrumpir el crecimiento económico de los países competidores, principalmente China, y la sobre explotación de la clase obrera europea mediante la paulatina eliminación del Estado del Bienestar. Antes de entrar en la breve relación de propuestas de Infante al movimiento obrero andaluz, en esta primera parte del artículo repasaremos el proceso seguido por el Estado español para la eliminación paulatina del Estado del Bienestar, las posiciones que se han defendido sobre este proceso desde la derecha, la socialdemocracia y el andalucismo. Y en la segunda parte expondremos una síntesis de las propuestas y objetivos que nos propone Blas Infante para la lucha económica, finalizanado con las conclusiones que de todo esto extraemos desde el Sindicato Unitario de Andalucía. Análisis de la tendencia de relaciones laborales en el Estado español Dicen que la reforma laboral de Yolanda Díaz ha tenido como resultado la creación de más empleos y con más derechos ¿La damos por buena? ¿Os parecen bien las subidas del SMI de este gobierno de coalición progresista? ¿Qué os parece la propuesta de reducción de la jornada laboral con el mismo salario? ¿Son estas medidas favorables para la clase obrera andaluza? Para respondernos con fundamento a estas preguntas, antes deberíamos echar la mirada atrás y analizar las tendencias de las relaciones laborales entre el Estado español y el pueblo trabajador andaluz. ¿Cuál es la dirección de esa tendencia? ¿Trabajamos más horas o menos que hace cuarenta años? ¿Tenemos más tiempo de ocio, mayores salarios, poder de decisión sobre el producto de nuestro trabajo…? Proponemos echar la vista atrás para poder observar el curso de la referida tendencia de las relaciones laborales en el Estado español poniendo el punto de arranque en la derrota de la II República española y, con ella, la derrota de la lucha de la clase obrera de los pueblos que conforman el Estado español contra la explotación capitalista y la consiguiente victoria de la Oligarquía española con el apoyo de todas las clases dominantes de las principales potencias (de Italia, Alemania, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos). Y, a partir de ahí, repasar brevemente los momentos más significativos en los que esa tendencia se ha materializado en leyes, normas, acuerdos, salarios y nuestras condiciones de vida y trabajo. Tras el baño de realidad que sufrió el franquismo de posguerra, pues aunque cierto que derrotó al movimiento obrero consciente, organizado y revolucionario de los pueblos de España con el apoyo de la comunidad internacional, no encontró ningún tipo de ayuda internacional para derrotar al liberalismo, el otro supuesto enemigo de la Oligarquía española. La autarquía no era posible en un mundo anticomunista, el mundo occidental.ñ N no era posible sin combatir a ese mismo mundo occidental para lo que el franquismo era totalmente incompetente. Así las cosas, a partir de los años 50 del siglo XX, la Oligarquía española, a través de Franco como su brazo ejecutor, desplaza a la Falange de las tareas de gobierno e incorpora a tecnócratas (del Opus Dei), reforma los fueros del Movimiento y del Trabajo, se dota de una Ley de Sucesión, se busca y se obtiene sucesor en la figura de Juan Carlos de Borbón, apadrinado por los EEUU, quien avala la posición que ocupará el Estado español en el mundo a partir de entonces, entregando suelo patrio para su uso como bases militares norteamericanas, máxima autoridad militar desde ese momento, y la apertura de puertas al capital norteamericano, máxima autoridad económica desde entonces de la tan defendida nación española por sus huestes patrioteras. Esta traición a los intereses de la “patria española” por su sometimiento a los intereses del capital foráneo, es decir, el olvido de la resurrección del Imperio Español y el sometimiento a los intereses de otra patria, los EEUU, permitirá cierto desarrollo industrial y con él la reaparición de la organización de un movimiento obrero radical, organizado y dirigido por militantes comunistas, constituyendo un fuerte bastión de resistencia y de lucha por la democracia durante el régimen franquista hasta el final de sus días. Para 1960 la dictadura elabora la Ley Orgánica del Estado, sometida a referéndum y todas las principales cabeceras norteamericanas, inglesas, francesas, etc. aplauden con titulares en los que se ensalza la figura de Franco afirmando ser el único general que ha derrotado a los comunistas en el campo de batalla y que se dispone a abrir las puertas a la democracia. Todo eran parabienes y alabanzas al dictador por parte de las democracias occidentales. Si bien, no era una constitución, sí se le asimilaba en la práctica pues, a los efectos, recogían y reformaban todos los antiguos fueros y leyes fundamentales del Movimiento y preparaban al Estado para que ese proceso reformista desembocara en la constitución de un Estado Social, Democrático y de Derecho, asimilable a su entorno liberal-occidental. Y así nació la constitución española del 78, una constitución que, salvando las distancias y contexto histórico, se asemejaba a la constitución republicana, aunque más avanzada en derechos y libertades burguesas, pero ya con un movimiento obrero y lucha revolucionaria, supuestamente, derrotado tras guerra civil y 40 años de dictadura. Todos estos movimientos políticos de la dictadura de Franco en el plano económico, se corresponden con la política de apertura que da como resultado un cierto desarrollo del capitalismo español con la promoción, entre otros factores, de los polos industriales nuevos como los de Huelva, Algeciras y Badajoz que supondrán un importante aumento del número de la clase obrera ya existente en el norte industrializado. Lugares donde comienza a gestarse también un incipiente movimiento obrero en la industria que obligará finalmente a la dictadura a responder al mismo con la Ley del 77 de Relaciones Laborales que reconoce el derecho a Huelga, siendo hoy día la actual ley de Huelga que sigue vigente a pesar de ser preconstitucional. Sobre comienzo de la década de los 70 del siglo pasado estalla una crisis general en todo el sistema capitalista, crisis energética o crisis del petróleo, siendo su manifestación en el Estado español la crisis del Régimen de la dictadura de Franco, momentos que coinciden con este ascenso de las luchas del movimiento obrero por sus derechos y contra la dictadura. En esos momentos no se suscribía acuerdo alguno con el sindicato vertical si no era con la aprobación de las originarias comisiones obreras (no confundir con la posterior confederación sindical de las CCOO). Por todo ello, la oligarquía española necesitaba un modelo laboral que contuviera y encauzara al pujante movimiento obrero. La clase dominante española no podía resolver aquella crisis económica mundial del inicio de los 70, que les afectaba de lleno, sin hacerse europeos, sin aplicar el modelo europeo, es decir, sin contar con unos interlocutores válidos de los trabajadores que a su vez controlen y contengan al movimiento obrero. Ese modelo se materializó en los Pactos de la Moncloa y el Estatuto de los Trabajadores, que será asentado y desarrollado en todas las posteriores reformas laborales en las que se consolidaron CCOO y UGT como esos interlocutores válidos necesarios, regándolos de financiación estatal, liberaciones sindicales, etc. a cambio de hacer caer progresivamente todos y cada uno de los derechos conquistados por los trabajadores/as en su lucha durante el franquismo. Eso sí, la interlocución no podía ser tan sólo con los comunistas, los más arrojados en la lucha vecinal, política, estudiantil y obrera. Tienen que ser contrarrestados en primer lugar, para más tarde intentar hacerlos desaparecer. Y se crean el PSOE y la UGT. El congreso del PSOE en Suresnes en 1974 cambia la dirección histórica del partido socialista por una nueva cuyos cuadros ya se formaban y formarían en los EEUU en sus más prestigiosas universidades, al tiempo que obtenía financiación desde los EEUU a través de la socialdemocracia alemana (el caso Flick). Así resultó que la transición no fue más que la solución que las clases dominantes españolas, las elites oligárquicas franquistas americanizadas y occidentalizadas, necesitaban para controlar y embridar al movimiento obrero para, posteriormente, dividir, enfrentar, debilitar, comprar, descabezar, etc. al que en aquellos momentos, finales de la dictadura, era uno de los más combativos de Europa. Para esta operación de estado fue necesario contar con el beneplácito de las élites políticas comunistas derrotadas, que no reclamarían la vuelta a la legalidad republicana sino la reconciliación nacional (en 1956 hubo un congreso del PCE donde ya no reclamaban la vuelta a la legalidad republicana sino a lo que denominaron reconciliación nacional. Algunos militantes que llamaban a la “reconciliación” antes de este congreso habían sido expulsados). Ese proyecto político de la transición española también fue acompañado por la iglesia católica a partir de la doctrina social de la iglesia católica tras el Concilio Vaticano segundo, además de por los EEUU en su estrategia de reforzar del denominado “vientre blando de Europa” que lo formaban Portugal, España y Grecia. En esos momentos, finales de los 60 todos esos países tenían dictaduras desgastadas con fuerte conflicto social y contestación obrera y popular; con el riesgo que podía suponer que las mismas dictaduras pudieran caer sin “control” del poder y su orientación política desde los intereses imperialistas de los EEUU y del capital transnacional anglo-norteamericano y europeo, de manera que el proyecto imperialista de las “transiciones democráticas” pasaba por una reforma de las respectivas dictaduras mencionadas sin su derribo, por hacer las pasar de dictaduras debilitadas a “democracias plenas” con el movimiento obrero, popular y revolucionario bajo control. Hoy día, pues, vivimos, “disfrutamos” la herencia de Franco y de su dictadura, aunque más bien la han disfrutado y disfrutan, además de la oligarquía, los cuadros y dirigentes del PP, PSOE y todos los que han salido después al escenario electoralista. Aunque al principio de la transición había un fuerte movimiento democrático que propugnaba la ruptura con la dictadura, frente a la reforma del franquismo, sin embargo fue finalmente derrotado, no hubo ruptura sino reforma de la dictadura. Los mismos jueces, los mismos militares de alta graduación, los mismos grandes empresarios enriquecidos con la dictadura, los mismos policías y catedráticos de las grandes universidades permanecieron en sus cargos pasando, de un día para otro, de oligarcas, cuadros, dirigentes y altos funcionarios franquistas a “demócratas de toda la vida”. Todo ese proyecto de reformas del franquismo frente al movimiento obrero llevó y culminó en que el gobierno preconstitucional de Suarez regulara las relaciones laborales reconociendo el derecho al trabajo y del derecho a la Huelga con la ley del 77, alimentando el espejismo que con democracia se conquistarían más derechos y mejores condiciones salariales y laborales. Ese primer gobierno Suarez, a los seis meses de gobierno, empezó ya a recortar derechos y poder de la clase obrera gracias a la incorporación de la socialdemocracia, la de los comunistas reconvertidos en defensores de la monarquía borbónica y los pilares sindicales de la recién (re)creada UGT y a la conversión de las antiguas Comisiones Obreras de fábrica en la confederación sindical actual de las CCOO. El nuevo régimen resultante proclamará el pluralismo político pero en la práctica sólo dos opciones competirán realmente por acceder a la administración del Estado. Y con respecto al movimiento obrero también se proclamará la libertad sindical, aunque las subvenciones sólo permitirán dos principales opciones sindicales como interlocutores válidos de los trabajadores. Dos grandes centrales que de cara a la galería, aparentemente una se opone a las medidas laborales del gobierno y otra las apoya, para finalmente acabar cediendo y firmando los recortes y pérdidas de derechos. El sistema del bi-sindicalismo se concreta en que en algunos acuerdos que suponen retroceso y pérdida de derechos solo uno de los sindicatos oficiales los firma, en otros los firma el otro, en otros casos los firman los dos y en escasos momentos no los firma ninguno de ellos. Por ejemplo, el plan de empleo juvenil de Felipe González (que los jóvenes entraran en la empresa con condiciones a la baja de las del convenio de aplicación), se consiguió que el gobierno lo retirara tras una huelga general convocada por ambas centrales sindicales. Sin embargo, más tarde, un decretazo introduce todo el contenido del plan de empleo juvenil y ya CCOO y UGT miraron para otro lado, para el lado de sus cuentas corrientes rebosnates de dinero público. Rápidamente con el nuevo modelo europeo de relaciones laborales de interlocutores válidos, desde esos inicios de la transición, se empezó a pasar, desde un mercado laboral en el que predominaba el empleo fijo y estable con amplios derechos al final de la dictadura franquista, a una situación de ampliación de la división en la clase obrera, donde a la ya existente diferenciación entre hombres y mujeres, se les añadió con los nuevos recortes en derechos nuevas divisiones: entre adultos y jóvenes, entre fijos y eventuales o temporales, entre ciudadanos y sin papeles, etc. divisiones que por supuesto se han consolidado y afianzado hasta hoy día, que además de fomentar diferencias e intereses entre los trabajadores implican una diferente retribución salarial y derechos por el mismo trabajo con lo que la patronal salía beneficiada en su proceso de acumulación. En definitiva, CCOO y UGT son y han sido y jugado el papel de correas de transmisión del estado burgués y de los intereses de la oligarquía, financiados generosamente desde el propio estado, siempre con el papel de representantes legales de los trabajadores para mantener al movimiento obrero contenido, controlado, domesticado, dividido, atomizado, enfrentado, desencantado, sin referentes de lucha, desmemoriado respecto a sus tradiciones de lucha y conquistas, inconsciente de la sangre y lucha obrera que hay detrás de cada derecho conquistado que vamos perdiendo, etc. Y 40 años después nos damos cuenta que sin lucha y movilización y organización no hay derechos, si nos conformamos con votar, tendremos los prestigiadores y charlatanes de turno, que nos hacen falsas promesas democráticas y de derechos mientras nos los van quitando vendiéndolos a la oligarquía. Y sin estos sindicatos oficiales, del régimen, los nuevos “sindicatos verticales” y algunos otros amarillos y similares, no hubieran sido posibles todas las contra-reformas laborales y recortes de derechos a la clase obrera realizados por todos los gobiernos posteriores a los de la dictadura desde el preconstitucional de Suarez al actual gobierno de “coalición progresista” de PSOE y Sumar. Políticas anti-obreras a favor del capital que se realizan tanto a nivel del estado central como en los gobiernos autonómicos, con un partido u otro del bipartidismo (PSOE o PP), en el papel de columna vertebral o pata izquierda o derecha del régimen, tanto con gobiernos de izquierdas como de derechas, con mayoría absoluta o en coalición. Aquí en Andancia esas reformas las ha ejecutado tanto gobiernos del PSOE en solitario como en coalición, unas veces con IU, otras PA, otras con Ciudadanos y ahora lo hace el PP con ayuda parlamentaria de Vox, pero no cambia la tendencia. Lo único es que la oligarquía cuando las cosas van mal y tienen que atacarnos a la clase obrera prefieran a los progresistas que tienen controlado al movimiento obrero y cuando las cosas van bien prefieren a la derecha. En definitiva, como explicaba Eduardo Galeano con su magistral fábula del cocinero y los animales de granja, “está fuera de toda duda que ustedes van a ser cocinados. Lo único que ustedes pueden elegir es la salsa con la que van a ser cocinados”. Tomando un poco de perspectiva histórica la estrategia de aplicar la misma política anti-obrera con distinto partido o independientemente del partido que saliera es una vieja estrategia de las clases dominantes, ya lo hacía Alfonso XIII durante la restauración, su abuela exiliada por corrupta Isabel II o los dirigentes de la segunda república, cuya política económica tampoco variaron en lo fundamental de la que se había venido produciendo durante la restauración. Con el mantra en el que se vinculaba el descenso del paro con el aumento de la tasa de ganancia, lo que se conoce como crecimiento económico, unido al mantra en el que se dice que en democracia se alcanzarán más derechos y mejores salarios, comienza el partido. Si la ley de huelga se conquistó en abril de 1976, en octubre de ese año Suárez suspende el artículo 35 de la Ley de Riesgos Laborales estableciendo el despido libre. A partir de ese momento es la empresa y no el trabajador quien decide la vuelta a su puesto o quedarse fuera de la empresa en caso de despido improcedente. Medida que provocó la convocatoria de una huelga general con una participación de más de dos millones y medio de trabajadores y trabajadoras. A pesar de esta contundente respuesta de la clase obrera, el camino de la reforma o contra-reformas continúa en la seguridad del triunfo al empezar a ser financiada la actividad sindical durante estos primeros años de Transición y de nuevo régimen. Financiación con la que los dirigentes obreros estaban siendo elegidos para conformar las nuevas direcciones sindicales, como los representantes legítimos que controlasen el movimiento obrero, para acabar siendo totalmente financiados con las ayudas del propio Estado. La ofensiva patronal continúa de manos del gobierno de la UCD. Comienza en 1977 con los Pactos de la Moncloa, aprobado con el 100% de las Cortes y con campaña favorable de los grandes sindicatos y enarbolando la bandera de combatir la inflación mediante la moderación salarial, acordando, la contratación temporal y el ajuste de las plantillas en situación de crisis. En 1979 el Acuerdo Básico Inter-confederal, entre UGT y CEOE, que sienta las bases para el futuro estatuto de los trabajadores de 1980, que consagrara el despido libre de forma individual y colectiva. Reduce la cuantía por despido improcedente de un tope de 48 mensualidades a 42, y la opción de readmisión o aceptar la indemnización ya no opera en manos del trabajador sino del empresario. También en 1980 se produce el Acuerdo Marco Inter-confederal, de nuevo entre UGT y la CEOE, con el que se fijan los criterios para la negociación colectiva sobre salarios, productividad, derechos sindicales y el tiempo de trabajo. Concluyendo este periodo de contra-reformas laborales del gobierno de la UCD en 1981 con el Acuerdo Nacional de Empleo, donde Gobierno, CEOE, UGT y CCOO pactan moderación salarial, aceptándose incrementos salariales por debajo de la inflación. También trajo nuevas formas de contratación laboral destinadas a jóvenes sin primer empleo. Leyes, pactos y acuerdos entre gobierno, patronal y sindicatos interlocutores válidos que van cambiando, invirtiendo la tendencia de conquista de salarios y derechos conseguida por la clase obrera en su lucha contra la dictadura. A partir de ese momento se dispararán las exiguas, hasta el momento, subvenciones estatales a los sindicatos para convertirse en una financiación en toda regla y global. Y con esta regresión en derechos y salarios termina el primer gobierno de la democracia, el de la UCD. Le siguieron varios gobiernos del PSOE. Los acuerdos más significativos en materia de relaciones laborales de los gobiernos socialistas fueron: en 1983 Acuerdo Inter-confederal (AI) entre PSOE, UGT, CEOE y CC.OO, que nuevamente refuerza la moderación salarial. Real Decreto 2317/1983 regula los contratos en prácticas, de aprendizaje y el contrato a tiempo parcial. Ya en 1984 el Acuerdo Económico y Social (AES) suscrito entre UGT, CEOE y CEPYME, donde se fijan las pautas de negociación colectiva. Con la Ley 32/84 de reforma del estatuto de trabajadores el empresario ya no tiene que justificar la contratación temporal. Además, se amplía el catálogo de la contratación temporal incluyendo 14 modalidades reforzando la división de la clase obrera. Todo ello justificado, amparado por tesis o dogma ampliamente difundido por los medios de la época: “más vale tener un empleo con pocos o ningún derecho que no tener empleo”. Esto lo afirmaba un presidente y un partido socialista que se habían presentado a las elecciones diciendo que iban a crear 1 millón de puestos de trabajo y que tenían 3 millones de parados y tasas de paro desbocadas. En 1985 aprueban la Ley de Racionalización de los Sistemas Públicos de Pensiones que conlleva un endurecimiento de los requisitos exigidos para la percepción de las pensiones de jubilación; y una modificación del sistema de cálculo para establecer la base de las mismas con el fin de reducir su cuantía. Según estudios de la época con esta ley se hizo perder un 12,5% de poder adquisitivo a las pensiones.Todo ello provocó la convocatoria de la primera huelga general contra el gobierno del PSOE, convocado el 20 de junio de 1985 por CCOO junto a los sindicatos USO, CNT y ELA-STV, en la que participaron más de 4 millones de trabajadores. El gobierno del PSOE siguió su línea tras una nueva vitoria electoral y en 1987 volvió a la carga contra la clase obrera aprobando la Ley de Fondo de Pensiones que regula los planes y fondos de pensiones y que supone el primer paso en el camino de la gestión mercantil de las mismas y su privatización. En 1988 la temporalidad afectaba ya al 25% de los asalariados, siendo los jóvenes los más afectados (57%). Y la tasa del desempleo superaba todavía el 20% fruto de las reconversiones industriales. En esas condiciones y con la excusa de la alta tasa de temporalidad de los jóvenes el gobierno del PSOE decidió aprobar el Plan de Empleo Juvenil para la contratación de jóvenes con menos derechos y salarios que los pactados en convenios, en concreto por el SMI de aquel momento para cualquier empleo y con exención de cotizaciones por el empresario a la seguridad social. Sin embargo, la Huelga general del 14 de diciembre de 1988, convocada por CC.OO. y UGT y la mayoría de sindicatos, obtuvo un extraordinario respaldo y consiguió la retirada del proyecto. También en 1998 aprueba el gobierno del PSOE el decreto-ley 1/1992 del 3 de abril de medidas urgentes de fomento de empleo y protección del desempleo encaminado a disminuir los parados con derecho a prestación, disminuir la cuantía y el periodo de percepción de las prestaciones, y disminuir la aportación del Estado. De esta manera, desde 1993 los Presupuestos Generales del Estado dejan de financiar la cobertura al desempleo. En 1994, ya con una tasa de paro del 25%, aprueban una contra-reforma laboral que incluye: contrato de aprendizaje, contrato-basura para los jóvenes (lo que suponía reincidir en el frustrado objetivo del Plan de Empleo Juvenil de 1988). Pero sin lugar a dudas, la “medida estrella” tomada en 1994 fue la Ley 14/1994 que legalizaba la cesión de mano de obra, el prestamismo laboral, en menoscabo de los servicios públicos de empleo, la legalización de las ETTs. Y con ello más de nueve ocasiones en los que con decretos, leyes y acuerdos culmina el periodo socialdemócrata con un aumento magistral de los márgenes de poder empresarial en el despido. Se incorporó el llamado despido económico mediante el cual los empresarios tuvieron la potestad de despedir al 10% de la plantilla sin necesidad de recurrir al Expediente de Regulación de Empleo, las condiciones de trabajo se vieron alteradas a peor en aspectos como la movilidad funcional y geográfica, la polivalencia de los puestos de trabajo, la jornada laboral, vacaciones y descansos. Fueron derogadas paralelamente Ordenanzas Laborales, lo que contribuyó a acentuar la desprotección de sectores más vulnerables, los que por diferentes motivos de sobre explotación, persecución sindical... no pueden ejercer el derecho a la libertad sindical que incluye la negociación colectiva regulado en la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical. Esta reforma provocó la contestación sindical con importantes manifestaciones de protesta que culminarían el 27 de enero de 1994 con la convocatoria de huelga general por parte de CC.OO. y UGT. La participación superó a la del 14-D de 1988, pero sin suponer una paralización absoluta de la vida nacional que sí supuso el 14-D. El Gobierno rechazó la negociación e hizo cundir entre las centrales convocantes del paro, la idea de que la huelga había sido una “derrota sindical”. Ello condujo al abandono de la estrategia de confrontación sostenida hasta ese momento por los sindicatos. Pero ni cesa la avaricia de la Oligarquía española ni disminuye la traición a los intereses de la clase obrera por parte de los interlocutores válidos. El siguiente gobierno, el que hablaba catalán en la intimidad y nos embarcó en una guerra ilegal e ilegítima contra Iraq, el gobierno del Partido Popular de Aznar, continuó la tendencia. Ahora el mantra, el dogma en el que ponen todavía más el acento será la moderación salarial para el crecimiento económico. O sea, menos salarios y más beneficios. Y así en más de cuatro ocasiones, con leyes, decretos y pactos se sigue abaratando el despido y precarizando nuestras condiciones laborales. En 1996 se aprueba la Reforma Laboral del Gobierno del PP en minoría, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT. Los sindicatos firman lo que no firmaron en 1994 y continúa la dinámica de subvencionar y bonificar las cotizaciones empresariales. Aprueban un nuevo contrato de fomento de la contratación indefinida (fijo barato), con una indemnización por despido recortada pasando de 45 días de salario por año de servicio con un tope de 42 mensualidades, a 33 días con un tope de 24 mensualidades. Sustituyen el contrato de aprendizaje por el contrato para la formación, nueva modalidad de contrato-basura, todavía más si cabe, destinado al colectivo joven. A pesar de que el argumento para justificar estos recortes era reducir la tasa de temporalidad y la tasa de rotación de empleo, ninguna se consiguió reducir. En el año 2000 el gobierno del PP aprueba la Ley Orgánica 8/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la llamada Ley de Extranjería, con la que a los trabajadores inmigrantes "sin papeles" se les excluye de cualquier derecho laboral o ciudadano (reunión, opinión, participación, desempleo, vivienda…). En 2002 Acuerdo de la Negociación Colectiva (ANC) CEOE-CEPYME. De nuevo para la moderación salarial y la subordinación completa de los trabajadores a la flexibilización continua y a la competitividad de las empresas. En 2002 llegará el “decretazo” del gobierno del PP que modifica a la baja las prestaciones por desempleo y de abaratamiento del despido. Esta reforma estableció la posibilidad de eliminar los salarios de tramitación en el supuesto del despido disciplinario improcedente si el empresario reconocía la improcedencia y depositaba rápidamente la indemnización en 48 horas. La respuesta fue un llamamiento por parte de CC.OO. y UGT a una huelga general que se llevó a cabo el 20 de junio de 2002. Finalmente, el decretazo se impuso mediante un acuerdo entre CC.OO., UGT y patronal que, aunque suavizando algunos aspectos, lo fundamental continúa vigente: despidos más fáciles y baratos y recorte de las prestaciones por desempleo tocando de muerte el subsidio por desempleo a jornaleros andaluces y extremeños. Eso sí, aunque todas las reformas las vendían como avances en bienestar para trabajadores y trabajadoras, no colaba y así volvemos a un nuevo gobierno socialdemócrata, el de Zapatero que prometía no defraudar a sus votantes. Claro que al finalizar su legislatura entendimos a qué votantes se refería. Y no eran los que lo habían convertido en presidente mediante sufragio universal, si no a los oligarcas que lo habían “votado” para que las elecciones lo legitimaran como presidente. Así volvió a abaratar el despido, reducir la cotización por desempleo, reducir las cantidades a abonar del FOGASA, reducir las cotizaciones empresariales, aumentar el periodo de cotización mínimo para acceder a una pensión, endurecer las condiciones para acceder a la jubilación parcial, reducir la indemnización por despido improcedente, la edad de la jubilación pasó de los 65 años a los 67, vincular los aumentos salariales a la productividad de las empresas, imponer el convenio de empresa como el de referencia y un largo etc. de reducciones de derechos a los trabajadores/as. En 2006 el gobierno de ZP aprueba su reforma del mercado de trabajo, firmada por CCOO y UGT y las organizaciones empresariales, que contiene el contrato “de fomento para la contratación indefinida”, fruto de la reforma laboral de 1997 cuya indemnización en caso de improcedencia del despido es más barata, y que va camino de normalizarse como el contrato indefinido que sustituirá al ordinario. A pesar de que este contrato se ha ampliado a más colectivos no ha invertido la temporalidad. La cotización por desempleo en la contratación indefinida durante el gobierno de ZP pasará gradualmente hasta 2008 de un 6% a un 5%. El FOGASA se reduce del 0,40% al 0,20%. Las cotizaciones empresariales para los contratos temporales realizados por ETT's pasa a ser del 7,7% al 6,7%. A la reforma laboral de este gobierno del PSOE de ZP hay que sumarle también la reforma de la Seguridad Social y las pensiones firmada por empresarios, Gobierno y sindicatos mayoritarios. Esta reforma ha elevado el periodo mínimo de cotización para acceder a una prestación por jubilación de 12,8 a 15 años y ha endurecido los requisitos necesarios para acceder a la jubilación parcial. En 2010 aprueban la Ley de medidas urgente para la reforma del mercado de trabajo, del 17 de septiembre que provocó la huelga general convocada por CC.OO. y UGT del 29 de septiembre. Ley que facilita y bonifica la contratación temporal; da más facilidades para el despido por causas objetivas (reducción de la indemnización a 20 días por año); generaliza el contrato de fomento de indefinidos (el de 33 días por año); aumento de las bonificaciones a los empresarios que pueden cubrir el pago del despido al año o año y medio; y da facilidad para la modificación de las condiciones laborales pactadas en el contrato. Todavía en 2011, antes de las elecciones anticipadas de final de año, el gobierno del PSOE de ZP aumentó de la edad de jubilación a los 67 años y en marzo del mismo año firma el Pacto del euro que establecía la reforma con el consiguiente recorte del sistema de pensiones y de prestaciones sociales, reduciendo los derechos de los trabajadores, sacrificando a los trabajadores por el crecimiento económico, es decir, el incremento de los beneficios empresariales. Antes del fin de la legislatura en Junio, el gobierno aprueba Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva que aleja a los trabajadores de la negociación; obstaculiza el derecho a huelga y vincula los aumentos salariales según productividad de las empresas. El gobierno del PSOE de ZP concluye decepcionando a los suyos y a los principios o fundamentos ideológicos socialdemócratas más clásicos y así pierde las elecciones que él mismo adelantó, como dijo ZP, “me cueste lo que me cueste lo que me cueste” al referirse a su decisión de aplicar las políticas económicas de austeridad y recortes de las instituciones financieros y políticas internacionales, al aplicar las decisiones que demandaba el capital transnacional. Llega entonces al gobierno el PP de M. Rajoy a lomos de ese desencanto y de la promesa electoral de no realizar recortes sociales, que se encargaron de repetir hasta la saciedad los principales dirigentes del PP de la época, tanto cuando eran oposición a ZP durante la crisis como en la campaña electoral. Pero nada más llegar hicieron desde el gobierno todo lo contrario de lo que dijeron en campaña electoral. Estos mimbres nos llevan a la legislación laboral del PP de Rajoy, la reforma laboral la aprueban con el Real-Decreto Ley, 13 de febrero de 2012 que implanta un despido más barato. Se invierte la carga de la prueba en el derecho laboral: el despido es procedente a priori y demostrar que no lo es corre a cuenta del trabajador, que tendrá que acudir al juez. En el caso del despido objetivo, que permite a las empresas despedir por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción con una indemnización de 20 días por año trabajado, no será necesario ni siquiera que la empresa incurra en pérdidas reales, motivo que se mantiene. El despido se justifica por causas económicas cuando se prevean pérdidas en el futuro o cuando una empresa lleve nueve meses consecutivos con una caída de ingresos o de ventas. La reforma laboral de Rajoy elimina la autorización laboral de los despidos colectivos. Es decir, que el ERE (Expediente de Regulación de Empleo), ya no tiene que mediar acuerdo entre empresa y trabajadores y no necesaita la aprobación de la Consejería de Empleo de la comunidad autónoma o del Ministerio de Empleo: ahora solo será necesaria la autorización judicial a posteriori. Además, facilita por primera vez el despido colectivo en todas las Administraciones Públicas y en todas las empresas, organismos y entidades que forman el sector público. Se libran (por ahora) los funcionarios de carrera, pero no el personal laboral. La causa, como en el sector privado: nueve meses de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente. Será con esta reforma la primera vez que la cuantía salarial figura entre los aspectos "a tocar" por la empresa por motivos técnicos, organizativos o de producción. Cabe incluso reducir sueldos a los empleados que rindan poco. El procedimiento, comunicar la decisión al trabajador con 15 días de anticipo. Aprueba la reforma un nuevo contrato para impulsar las contrataciones indefinidas de jóvenes en las pymes con un periodo de prueba de un año, lo que de hecho supone el despido libre gratuito. Además, se da más facilidades a empresarios para cambiar jornadas, turnos, funciones y salarios; para ello solo es necesario que invoque motivos económicos, como pérdida de competitividad o de productividad. También puede hacerlo cuando la empresa registre dos trimestres de caídas de ventas o ingresos, aunque no tenga pérdidas. El empleador tiene una mayor flexibilidad en la distribución de las horas de trabajo ya que puede distribuir a su elección las horas extraordinarias y las complementarias. La ETT podrá actuar como una agencia de colocación privada. Antes, las ETT solo podían poner a disposición de una tercera empresa, con carácter temporal, a trabajadores contratados previamente por ella. Con la reforma, una empresa de trabajo temporal (ETT) puede convertirse en una agencia de colocación privada con ánimo de lucro. El dogma o mantra justificativo de la reforma de Rajoy fue la creación de empleo con mayor estabilidad. El gobierno de Rajoy intentó conseguir su reforma laboral con la firma y acuerdo de los sindicatos mayoritarios y la patronal. El acuerdo estaba a punto, casi alcanzado por los agentes sociales, sin embargo no concluyeron a tiempo la negociación o no les dio el gobierno más tiempo y entonces introdujo su reforma mediante un decretazo, dejando algunos aspectos pendientes como nuevos cambios en la negociación colectiva y los modelos de contratos. Será el próximo gobierno quien tendría que afrontar estos flecos. Analizar y valorar la reforma laboral de Yolanda Díaz, es casi tanto como analizar la de M. Rajoy, pues Díaz la conservó en lo fundamental y no hizo más que lo que no le dio tiempo a hacer Rajoy, traicionando su propia propuesta y promesa electoral que además reiteró ante fervorosos aplausos en un congreso de CCOO donde Díaz dijo que se derogaría la reforma de Rajoy “le pese a quien le pese”. Si Felipe González y el PSOE prometían sacarnos de la OTAN y acabaron metiéndonos todavía más, Yolanda Díaz y Sumar prometían la derogación de la reforma laboral de M. Rajoy y acabaron perfeccionándola en los flecos y reivindicaciones de la Oligarquía española pendientes, como negociación colectiva y contratos eventuales, llegando hasta tal punto que la reforma fue apoyada por grandes empresarios y por la FAES de Aznar. Como resultado de todos estos procesos de contra-reformas laborales ininterrumpidos desde la transición, pasamos, de la lucha obrera durante el franquismo que era por salarios por encima de la inflación y por mejoras en los derechos laborales, a la democracia, donde, como bien sabemos y sufrimos, los salarios suben sólo por debajo de la inflación, con el consiguiente empobrecimiento paulatino y sistemático de trabajadores y trabajadoras, se eliminan los derechos laborales conquistados a la dictadura con lucha, sufrimiento y sangre y se malvenden a cambio de nada para la clase obrera. En cada reforma de la legislación laboral se ha retrocedido y entregado una parte de ellos. Son contra-reformas que tienen un efecto acumulativo, que van de más derechos a menos y sostenidas en el tiempo como tendencia, de manera que lo que pierdes en una reforma no lo ganas a la siguiente, y así desde entonces de reforma en reforma seguimos perdiendo y perdiendo, los ricos cada vez más ricos y la clase obrera, a pesar de generar la riqueza, cada vez más pobres. Esta tendencia histórica de reducción progresiva en derechos laborales es coherente con el objetivo fundacional de la Unión Europea de acabar con el estado de bienestar. Para las burguesías monopolistas europeas constituye un gran obstáculo a la competitividad y productividad, es decir, a la acumulación de capital frente al nuevo orden mundial multipolar que emerge como consecuencia de la alta competitividad y productividad de la economía china. Además, el reparto del gasto social mundial es a un 50% para los quinientos millones de europeos y el otro 50% para el resto de los siete mil quinientos millones de habitantes del planeta y que sólo tuvo sentido para las burguesías monopolistas europeas para la contención del movimiento obrero ante una posible adhesión a la alternativa soviética que ya no existe. En definitiva, como resultado de todas esas contra-reformas y políticas económicas pro-acumulación de capital, que se ha manifestado en esa tendencia de nuestros derechos a la baja, forman un mecanismo que acaba enriqueciendo más a los ricos y empobreciendo más a los pobres, que somos quienes creamos la riqueza. Así, nos han llevado desde una situación de lucha y vanguardia del movimiento obrero a finales del franquismo a la situación actual de socavamiento y entrega sistemática de nuestros derechos a cambio de nada para la clase obrera y que tienen como consecuencia el empeoramiento progresivo y continuado de nuestras condiciones de vida y trabajo. Mientras que para nuestros interlocutores y gracias a las falsas promesas democráticas y de derechos del reformismo socialdemócrata político y sindical han obtenido subvenciones, cargos, liberaciones, etc. haciendo así de ese sindicalismo y modelo sindical, una forma de vida y una solución de la vida de sus sindicalistas. Por todo ello estamos en la situación en la que estamos, la legislación y la justicia al servicio del capital, los sindicatos que aún propugnan por la organización de la clase obrera y la organización de las luchas contra el capital, sin poder y en condiciones de semi-clandestinidad. Y las pocas instituciones que se presumirían herramientas de protección como la inspección de trabajo recortada en sus competencias y efectivos hasta dejar actualmente a los trabajadores de forma individual a pecho descubierto ante empresario y patronal. Y por mucho que aparentemente se peleen izquierda y derecha, todo es teatro independientemente de quien gane en las elecciones políticas o sindicales, la tendencia en cuanto a nuestros derechos no varía, es de pérdidas, recortes, de más a menos. Pero no está todo perdido. Bajo las entrañas del sistema, en la clandestinidad en los países sin libertades democráticas y en la semiclandestinidad en el resto de países, democráticos en apariencia pero dictatoriales siempre para la clase obrera, los pobres, y los pueblos explotados y sometidos, quedan los rescoldos de aquel movimiento obrero consciente y organizado. Rescoldos que bajo las condiciones apropiadas se volverán a convertir en fuego devastador del sistema capitalista, porque... ¡Todo está por ganar! Medidas en relaciones laborales socialdemócratas, ultraderechistas y andalucistas Veamos más en concreto algunas de las medidas y actuaciones políticas y legales estrellas de de los sucesivos gobiernos especialmente los de “izquierdas y obreros”. El modus operandi siempre es el mismo, una promesa esperanzadora en el programa electoral con buena pinta, aparentemente favorable a los trabajadores, después directamente incumplen su propuesta haciendo exactamente su contrario, traicionando a la clase obrera y a sus electores, un “donde dije digo, digo Diego”. También pueden optar por reconducir la propuesta para introducirle un “truco” una “letra pequeña” que acaba desvirtuándola y convirtiéndola en una propuesta al servicio e interés de la oligarquía, del empresariado y del estatus quo. Veamos algunos ejemplos. La última reducción de la jornada laboral sin reducción de salario se realizó con el gobierno de Felipe González en 1983, aplicando la correspondiente promesa electoral del PSOE en la elecciones de 1982. No significó una reducción de la productividad, como vaticinaban los empresarios y la derecha, sino que conllevó a un aumento de los ritmos e intensidad del trabajo. La “letra pequeña” de aquella reforma estuvo en sus instrucciones o reglamento de aplicación. El propio Nicolás Redondo, líder por entonces de la UGT, el sindicato socialista, declaró que en esta medida el gobierno le había engañado. Así que si aquella reducción de la jornada laboral no fue en interés de los trabajadores ¿fue en interés de la oligarquía y su estado? En aquellos momentos estaba en marcha el proyecto de entrar en la Unión Europea por parte de la oligarquía española para continuar la revolución liberal que estaba llevando a cabo la oligarquía española. La exigencia europea, entre otras, era la reconversión industrial: cierres, privatizaciones y despidos masivos en la gran industria. Para ello venía muy bien reducir la jornada laboral ante tanto paro que se avecinaba manteniendo e incrementando la productividad y competitividad de la economía capitalista española en manos del capital foráneo. Ahora, el gobierno de coalición progresista nos va “a vender la moto” de la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario ¿Es posible que haya un nuevo “truco” o interés de la oligarquía detrás de esta propuesta aparentemente de interés obrero? Pues, sí, callan que van a dar la facultad a los empresarios para tener más capacidad, todavía si cabe, para la desregularización de la jornada laboral. Es decir, más poder para que decidan sobre el horario laboral de las clases asalariadas, que se traducirá en más disponibilidad y flexibilidad horaria por nuestra parte. Por ejemplo, si tienes 1800 horas al año, actualmente te podrían desregularizar el 10 % de ese horario avisándote con 5 días de antelación (aunque en la realidad te avisan de un día para otro -o el mismo día- que trabajas menos horas o que no trabajas, con reducción la salarial correspondiente o que trabajas más horas de las establecidas para la jornada diaria sin que sean horas extras). Ahora la reducción de la jornada laboral es a cambio de que los empresarios puedan ampliar esos márgenes de poder sobre nuestros horarios laborales, para que nos tengan a su disposición, más a disposición de la empresa y sus intereses y menos disponibilidad sobre nuestro tiempo libre para conciliar vida familiar, educación, ocio, etc. Además la reducción de jornada lleva aparejada una exigencia del incremento de la productividad, lo que se traducirá en una exigencia empresarial extra a los trabajadores de reducción de los tiempos de trabajo para una misma tarea. Por ejemplo, ¿de dónde va a salir la reducción de jornada sin reducción de sueldo de las kellys? Pues de tener que limpiar el número de habitaciones que venían haciendo durante la jornada sin reducción ahora en el tiempo de la actual jornada reducida, ello es conseguible fundamentalmente con el incremento de la intensidad y ritmo de trabajo, luego a costa y empeorando la vida y la salud de las trabajadoras, es decir, aumentando la sobre explotación de nuestras vidas. Recientemente, a comienzos del verano, el gobierno de coalición progresista nos sorprendía con otra propuesta de supuesta mejora laboral: la jubilación anticipada para trabajadores y trabajadoras en profesiones peligrosas y penosas. Suena bien ¿verdad? Esto ya sí que parece una medida efectiva a favor de los trabajadores para contribuir a paliar las enfermedades a consecuencia del trabajo y los altísimos índices de accidentes laborales buena parte con resultado de muerte durante la prestación del trabajo. Pues vaya, va a ser que también tiene “letra pequeña”, en referencia a la determinación mediante estudios previos de la peligrosidad y penosidad y en la fijación de unos coeficientes reductores que fijan la cuantía de la anticipación de la edad de jubilación, que se determinan según el grado de penosidad y peligrosidad del trabajo. Sin embargo, trece años más tarde del R.D. 1698/2011por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, aún no se han hecho los estudios necesarios sobre sectores que han solicitado jubilación anticipada prevista en la referida legislación. La propia OIT denuncia el caso del Estado español donde las enfermedades profesionales vienen sufriendo una escandalosa falta de diagnóstico, registro y compensación, además de un fraude preventivo. Por otra parte, también serán determinantes en los coeficientes reductores la duración de las bajas, de manera que a menos duración menos coeficiente reductor. Y si contamos con que el propio acuerdo prevé una privatización de los servicios sanitarios de ciertas enfermedades profesionales, las rehabilitaciones y pruebas correspondientes, aquí tienen otra llave con la que restringir esas jubilaciones vía reducción de los coeficientes por aceleración de los procesos de tratamiento y curación con altas prematuras. En definitiva, vemos con cierta perspectiva cómo es en los hechos la actuación sistemática e histórica de la socialdemocracia y el reformismo. Como ya dijo Lenin, el reformismo hace falsas promesas democráticas de derechos al pueblo y la clase obrera que luego venden a la burguesía. Normalmente a cambio de poder, privilegios, prebendas, cargos para sus dirigentes y poder y recursos para sus organizaciones. Todas las propuestas “de mejora” van el mismo sentido.Otras veces el gobierno “progresista” aprueba medidas laborales sin ninguna apariencia de ser beneficiosas para los trabajadores, sino abiertamente medidas que aprobaría cualquier gobierno de derechas, con la ventaja para la oligarquía y el estado de que la respuesta obrera y la conflictividad social que provocarían esas medidas al ser adoptadas por “un gobierno de izquierdas”, “un gobierno de progresista”, etc. quedan amortiguadas o anuladas. De esta manera, este mes de agosto, para que así la respuesta obrera sea todavía más neutralizada (esto de aprobar medidas laborales en vacaciones de agosto también lo hacía el franquismo), pues como decimos, este mismo mes de agosto, entra en vigor una modificación sobre el Estatuto de los Trabajadores, realizada por el departamento de Yolanda Díaz, que afecta al despido. En concreto, facilita el despido cuando un trabajador solicita una adaptación de jornada por cuidado de hijos o familiares dependientes que hasta ahora conducía a una sentencia de despido nulo. A partir de finales de agosto de 2024 podrá ser considerado por los juzgados de lo social como despido procedente. Por tanto, más poder y facilidad empresarial para despedir, más debilidad para la clase obrera, más precariedad laboral e incertidumbre para los trabajadores, menos igualdad de oportunidades, mayor dificultad para la conciliación de la vida laboral y familiar, etc. Ahora dicen que ha sido un error, que lo rectificarán cuando vuelva a abrir el Congreso de los Diputados y Diputadas en septiembre. Veremos. Mientras, la ultraderecha hace cantos de sirena a la clase obrera con su propuesta de “impulsar la subida generalizada de salarios, especialmente los más bajos”, aunque acto seguido “nos descubren”, según ellos, la causa de los bajos salarios y la precariedad: los sueldos de los políticos. Así que tienen una contradicción que resolver entre su práctica y su programa electoral ya que ellos mismos son políticos y cobran un sueldo por ello y como tales, según su razonamiento, contribuyen a la causa de bajos salarios de los trabajadores. Además, puesto que se declaran constitucionalistas, deberían proponer un salario constitucional, es decir, un salario que sea suficiente y necesario para satisfacer las necesidades vitales del trabajador y su familia como indica la constitución. La cara B de su propuesta, la letra pequeña, es cómo dicen que quieren hacer posible la subida de salarios: con la desregulación de las relaciones laborales. Es decir, eliminar los restos de los pocos derechos que vayan quedando, la ley de la jungla para los trabajadores, eso sí, a los empresarios, por ley, bajarles las cotizaciones. Y de propina medidas limitantes del derecho de huelga así como medidas xenófobas e inhumanas, bonificando cotizaciones a empresas que contraten a “españoles” con la sangre limpia de impurezas raciales. Por otro lado, las propuestas electoraleras autodefinidas como andalucistas han dejado y dejan mucho que desear a la clase obrera andaluza. En primer lugar, ninguna pone en cuestión el régimen post franquista que mantiene, en lo esencial, el régimen de colonia de la economía andaluza. Este régimen colonial tienen muchas manifestaciones pero nos vamos a centrar ahora en una sola. El crecimiento económico de la Oligarquía española durante todo este tiempo de desregulación laboral, aunque exiguo ha sido el único posible por el papel que ocupa el Estado español en la economía mundial. Para evitar ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia no existe remedio más eficaz que aumentar la explotación de la clase obrera. Pues bien, mientras que el crecimiento económico de la Oligarquía significaba disminución del paro por regla general, en las colonias interiores del Estado español significaba lo contrario: aumento del paro. Las organizaciones autodefinidas como andalucistas, al aceptar el régimen post franquista se convierten al mismo tiempo en candidatas a poder ejecutar las leyes del Estado, que es el papel fundamental que la Constitución de la Oligarquía española del 78 tiene previsto para las comunidades autónomas. Ya sea de izquierda o de derecha, más españolistas o menos españolistas, desde la clase obrera andaluza no vemos ni un resquicio de ruptura con el régimen, con las Instituciones centrales del Estado o con las políticas anti obreras que emanan de las Cortes españolas. Las más de izquierda, como mucho, se plantean la defensa del Estado del Bienestar, pero sin luchar contra la principal fuente del desmontaje del mismo, la Unión Europea. Infante ya dejó dicho y escrito que los andaluces no somos ni queremos ser europeos, somos euro-mediterráneos, euroafricanos, y que España es el amo que nos impuso Europa. De manera que, las instituciones del estado español así como las de la UE no son más que herramientas de dominación de clase y de pueblos para los intereses de las burguesías monopolistas europeas al servicio de los grandes capitales euro –norteamericanos e internacionales. No son más que marcos y reglas para y al servicio de la acumulación de capital. Además, y para más inri, el gobierno autonómico andaluz no tiene competencias sobre las relaciones laborales. En definitiva, las herramientas del amo no pueden servir como herramientas de liberación ni nacional ni de clase. Esa liberación solo podrá venir de la lucha y auto-organización del pueblo y su clase obrera andaluces. Las actuales propuestas del andalucismo cuando concretan medidas para defender los derechos laborales de la clase obrera, como mucho se quedan en la derogación de las contra-reformas laborales de Rajoy y Zapatero y en la recuperación de las pérdidas de poder adquisitivo hasta 2008. Como si las contra-reformas, legislaciones laborales y acuerdos de recorte de derechos y salariales aprobadas por los gobiernos de Aznar, González y Suárez no hubiesen sido anti-obreras y no hubiesen manteniendo esa tendencia desde la transición de recortes sistemáticos en los derechos conquistados con lucha y sangre por los trabajadores a la dictadura franquista. Por tanto, proponen una enmienda parcial, no a la totalidad, proponen una mejora al régimen postfranquista surgido en la Transición respecto a cuestiones de derechos de la clase obrera pero no un cambio en la tendencia que hemos analizado. En definitiva, propuestas, programas políticos y sindicales que dicen pretender mejorar la situación de la clase obrera y sus condiciones de vida, falsas promesas democráticas y de derechos. Pero lo que necesitamos es una propuesta de lucha para revertir esta tendencia histórica hacia empeoramiento de nuestros derechos y condiciones de vida. El capitalismo es un sistema que se fundamenta en la acumulación de capital por la burguesía, constituida en clase dominante del mismo, una minoría enriquecida astronómicamente a costa del empobrecimiento de la mayoría a clase obrera. Esa es la esencia del sistema sin la cual no podría existir, de manera que si desde las instituciones del sistema capitalista hay un “regalo” o una entrega de derechos a los trabajadores sin que haya habido una previa lucha de éstos, eso es un “caramelo envenenado”. Si nos dicen que nos van a dar derechos, eso sí, siempre que “votamos bien”, si nos portamos bien, si no hacemos huelgas, ni sindicatos, ni reivindicaciones, en realidad lo que están diciendo que van a hacer son nuevos robos a la clase obrera, para compensar y evitar la caída de su tasa de ganancia, que pueden evitar así, aumentando la explotación de los trabajadores. La clase obrera solo conquistamos derechos y verdaderos avances cuando son fruto de un proceso de lucha como, por ejemplo, ocurrió en el Estado español durante el franquismo. Cuando conseguimos derechos los trabajadores/as ha sido y es cuando las direcciones sindicales nos convocan y han convocado a la lucha y movilización y no cuando convocan a votarles. Pero además de luchar contra todas las contra-reformas laborales y las consecuencias de las mismas, tenemos que luchar contra sus causas, que no son otras que el capitalismo y el marco de acumulación de capital que son, para la clase obrera andaluza, el Estado español y la Unión Europea. Pero no está todo perdido. Bajo las entrañas del sistema, en la clandestinidad en los países sin libertades democráticas y en la semiclandestinidad en el resto de países, democráticos en apariencia pero dictatoriales siempre para la clase obrera, los pobres, y los pueblos explotados y sometidos, quedan los rescoldos de los pueblos conscientes y organizados. Rescoldos que bajo las condiciones apropiadas se volverán a convertir en fuego devastador del sistema capitalista, porque... ¡Todo está por ganar!
Por Aontonio Olivares 1 de agosto de 2024
Como ocurre casi siempre en estos casos, se aprovecha las vísperas de un fin de semana, el inicio de un puente o el comienzo del periodo vacacional, para lanzar un mensaje vía propuesta no de ley, borrador de proposiciones o adelanto de futuras negociaciones, para apaciguar los ánimos en algunos casos y otras veces para colarnos noticias vacías o de recortes, pero que dado el ambiente festivo se vende como logro lo que realmente no lo es. El nuevo episodio, de tan triste desenlace para la clase obrera, se produjo el miércoles día 31 de Julio, cuando en la comparecencia de nuestro admirado presidente del gobierno más progresista de la historia anunció el acuerdo alcanzado con sindicatos y la patronal que regulará, entre otras materias, el retiro en profesiones peligrosas o cambiará la manera de cotizar de los fijos discontinuos. Aún faltan por concretar cada una de las cuestiones a las que, aunque se anuncien como medidas a poner en practica mañana mismo, les queda un largo recorrido todavía para ser efectivas. Antes deben pasar por la aprobación de las cámaras, tanto Congreso como Senado, y ya sabemos el interés que ponen sus señorías en legislar a favor de cuestiones que puedan beneficiar la vida de la clase obrera, pues eso, queda que suframos la vergüenza de tener que escuchar a nuestros representantes hacer defensa de sus intereses partidistas, con la vena de la yugular como un rotulador de los gordos, antes que pensando en el interés de los y las trabajadoras. También hacen falta estudios previos para determinar el momento de la jubilación anticipada sin que la prestación se vea mermada, en el caso de los trabajadores y trabajadoras que desempeñan sus funciones en profesiones consideradas peligrosas y penosas por la exigencia física, a los que se deberían aplicar coeficientes reductores a fin de anticipar la edad de jubilación en función de los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para el desempeño de la actividad profesional. La medida también incluiría a aquellos sectores y profesiones que presenten elevadas tasas de siniestralidad y morbilidad a partir de una determinada edad o que ocasionen secuelas que den lugar a elevados índices de morbilidad o mortalidad. Un gobierno progresista y unos sindicatos, dejando a un lado a la patronal por razones obvias, que no hayan sido capaces de ver esta cuestión hasta ahora, en profesiones cuya morbilidad y mortalidad y con los propios datos que aportan los organismos oficiales, de las 781 muertes en el tajo que se contabilizaron en 2023 en el Estado español. Algo más de la mitad se concentraron en el sector servicios (51%), seguido de la construcción (20%), la industria (16%) y el sector agrario (13%). Tomando como referencia actividades específicas , el transporte terrestre y por tubería fue la que más muertes acumuló en 2023 (104); le siguen la construcción especializada (80) y después la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas (63), sin dejar de resaltar que estas actividades están especialmente masculinizadas. Y sin tener en cuenta, al menos hasta ahora, otras profesiones donde la presencia de la mujer es mayoritaria, como camareras de piso, enfermería y auxiliares o limpiadoras, entre otras, donde la penosidad musculoesquelética diaria por trabajos forzados y repetitivos, a los que debemos añadir penosidad económica. Por que es muy triste, pero sobretodo indignante, que tengas que exponer tu vida y tu salud por unos salarios precarios. Por mucho que se vanaglorien de haber subido el SMI, la realidad es bien distinta: trabajadores y trabajadoras pobres que no llegan a fin de mes, por mucho que expongan su vida en el empeño. La realidad es tozuda y sólo hay que tirar de memoria para ver como trece años más tarde del R.D. 1698/2011 aún no se han hecho los estudios necesarios sobre sectores que han solicitado jubilación anticipada por el procedimiento referido. Este problema se reconoce hasta en informes de la OIT, en especial en el caso del Estado español, que las enfermedades profesionales vienen sufriendo una escandalosa falta de diagnóstico, registro y compensación, además de un fraude preventivo. Esperemos, sin mucha confianza, que esta vez sea la buena y de mientras a seguir enterrando obreros y recetando andadores, antiinflamatorios y antidepresivos, que la industria farmacéutica debe seguir aumentando beneficios junto a bancos y grandes empresas. También se ha aprovechado esta negociación para dar un pasito más hacia la privatización absoluta de la sanidad, al concretar en la ley un nuevo marco de colaboración entre los servicios públicos de salud y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, que ya pactaron los sindicatos y la patronal en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en 2023. Esta cooperación consistirá en que los médicos de atención primaria del sistema público podrán derivar a las mutuas, en los casos de pacientes de enfermedades musculoesqueléticas, las pruebas diagnósticas y de rehabilitación, siempre que existan listas de espera públicas y tanto el facultativo como el paciente den su consentimiento expreso. Osea, seguir poniendo al zorro al cuidado de las gallinas. Acelerar el (no) curado de los trabajadores, factor que va a ser determinante para poder acceder a los coeficientes reductores pues se tienen en cuenta las bajas y su duración. Eso si, aquellas profesiones, que son minoría, pero que por su actividad permitan que llegada la edad de jubilación puedan seguir ejerciendo, por concretar, todas las que no sean peligrosas, nocivas, ni atenten directamente contra la salud de quienes la desempeñan, recibirán un premio por alargar dicha edad de jubilación: el abuelo trabajando y el nieto, que estará en el paro, que vaya a recogerlo a la puerta del trabajo. Se viene a la cabeza que pueden ser, sin pensar mal, inspectores médicos, consejeros de administración o concejales de festejos que al final van a ser los que den el visto bueno a que el resto pueda jubilarse anticipadamente. Todo no va a ser negativo, la cotización de los fijos discontinuos para establecer el periodo de carencia para cobrar una pensión de jubilación recuperaran el coeficiente del 1,5 que hace, por ejemplo, que seis meses cotizados equivalgan a nueve meses; y que los fijos discontinuos con contrato a tiempo parcial se beneficiaran también de la regla general de parcialidad que hace que cada día de alta en la Seguridad Social suponga un día completo cotizado. Es que ya el tenerlos condenados y atados a una empresa donde trabajan seis meses en el año, sin poder pedir la cuenta para poder cobrar el paro, con sueldos de mierda, era casi terrorismo laboral. Y es que debería de darles un poco de vergüencilla después de haber prometido derogar la reforma laboral de Rajoy y haber terminado mejorándola para la patronal y empeorando nuestras condiciones de trabajo. Feliz verano, quedamos a la espera del próximo puente festivo. Antonio Olivares
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